DEMOCRATIZANDO Y CON EL MAZO DANDO

Finalmente el viernes pasado al dar inicio a las sesiones ordinarias del Congreso la señora Presidente delineo el contenido de la reforma judicial ante la Asamblea Legislativa. Han pasado varios días y el tema ha sido objeto de diversos análisis, artículos, opiniones y comentarios.

El proceso de democratización al que se pretende someter al Poder Judicial se funda en el siguiente temario:

1º) Reforma del Consejo de la Magistratura y elección popular de sus miembros;

2º) Creación de tres Cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo, y Seguridad Social y del Trabajo;

3º) Reglamentar las medidas cautelares contra el Estado Nacional;

4º) Redefinir los parámetros de la responsabilidad civil del Estado Nacional;

5º) Dar mayor publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces;

6º) Transparentar la situación procesal de las causas en tramite; y

7º) Modificar el régimen de ingreso al Poder Judicial.

Respecto del pago del impuesto a las ganancias, CFK señaló que no correspondía sancionar ley alguna, ya que en la última reforma a dicho régimen había derogado la exención reconocida a los magistrados y que por acordada de la Corte Suprema, ese tribunal había insistido en que no le correspondía abonar el tributo, por lo que la cuestión debía ser resuelta por la Corte ya que la ley estaba vigente.

Es cierto, se trata de la acordada 20/1996 del 11 de abril de ese año, por la que la Corte decidió la inaplicabilidad de la ley 24.631 a los magistrados y funcionarios del poder judicial.

Jueces de la Corte Suprema de Justicia

Una jugada inteligente de CFK, ya que dejo pagando a la Corte Suprema que ahora deberá decidir que hace con el impuesto a las ganancias frente a la sociedad que la observa con gesto adusto. Lo cierto es que, aun cuando compartamos que los magistrados y funcionarios deben tributar como cualquier ciudadano y que la garantía de intangibilidad de los sueldos no esta en juego cuando se trata de normas generales de aplicación a la totalidad de la sociedad, la oportunidad para sacar el tema a la palestra tiene un penetrante tufillo a apriete y no parece oportuno que en un periodo de alta inflación, con mínimos no imponibles absolutamente retrasados, se reduzcan los sueldos de los jueces y funcionarios del poder judicial sin ningún tipo de compensación. Creo que en una ecuación de alta inflación, mínimos no imponibles retrasados, falta de autarquía económica de la Corte Suprema y dependencia del jefe de gabinete para el aumento de sueldos, aplicar tributos que arrancan en el orden del 20% mensual, aparece, al menos, confiscatorio.

En futuros artículos iré desarrollando las críticas a los anuncios y proyectos de reforma que se presenten y en las próximas líneas esbozare un par de ideas que considero centrales para democratizar en serio al Poder Judicial. Ideas que están expresamente enunciadas en la Constitución Nacional y que, por razones obvias, el oficialismo no menciona y, llamativamente, la oposición no propone. La oposición debería recordar esa frase que dice que para que el mal triunfe sólo basta que la gente de bien no haga nada, porque creo que estamos en ese punto.

El artículo 24 de la Constitución Nacional establece el juicio por jurados, el artículo 118, en su primer párrafo, vuelve sobre esta institución al regular el Poder Judicial y el inciso 12, del artículo 75 establece como facultad del Congreso dictar la ley que establezca el juicio por jurados. ¿Existe mayor transparencia y participación popular que la creación de estos jurados? sin duda no lo hay,  en este sistema la participación ciudadana es directa e inmediata.

La mejor manera de terminar con la corrupción o, al menos, connivencia del fuero federal con los políticos corruptos, es devolver al pueblo la facultad de decidir quien es culpable de un delito y quien es inocente del mismo. Cuando el pueblo se reconozca como parte esencial del sistema judicial a través de estos jurados, se terminaran gran parte de los pesares de los argentinos, de sus causas de decadencia y veremos agonizar a la impunidad.

Sin embargo, nada se dice sobre esta cuestión, sobre esta deuda constitucional del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo para con el pueblo y el Poder Judicial, porque la justicia esta incompleta hasta que se cumpla la letra del artículo 24.

La segunda cuestión que estimó esencial para transparentar la justicia es su descentralización y el pase inmediato de la justicia ordinaria o nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también dispone la Constitución Nacional en su artículo 129, primer párrafo, cuando dispone que “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción…”.

En la actualidad, la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires –fueros civil, comercial, laboral y penal- constituyen una carga enorme para el consejo de la Magistratura y para el Estado Federal y, a su vez, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tiene un derecho constitucional que les ha sido retaceado indebidamente, un poder judicial propio, como cualquiera de las restantes provincias.

De tal manera, si se lograra traspasar la justicia ordinaria o nacional al ámbito de la ciudad y para la jurisdicción federal se instaurara el juicio por jurados, se lograría una verdadera reforma judicial que garantizaría transparencia y participación democrática.

Porque debe tenerse en cuanta que cuando hablamos de democratizar a la justicia, no necesariamente debemos pensar en la manera que se integra el Consejo de la Magistratura, órgano que mantiene la participación indirecta de la sociedad, dejemos que sea la sociedad misma que se constituya en juez y entonces hablaremos en serio de democratización del poder judicial. Pero claro, es más difícil convencer a 12 argentinos que deben sufrir los rigores de la realidad y del modelo que los abultados patrimonios de los funcionarios son legítimos, que convencer a un juez federal.

Ahora bien, ¿toda la culpa de esta inacción es atribuible al gobierno kirchnerista?, creo que no, creo que debería pedirse explicaciones a quienes gobiernan y han gobernado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de sus omisiones o connivencias en esta deuda constitucional y los habitantes de la ciudad de Buenos Aires deberían reclamar la normalización de sus instituciones judiciales. A su vez, todos los argentinos deberíamos mirar a la oposición y exigir que expliquen porque no han presentado los proyectos necesarios para la instauración del juicio por jurados.