Un futuro incierto se avecina
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en los próximos meses podría
verse disminuida a menos de cinco miembros como exige la ley 26.183 sancionada
durante el gobierno de Néstor Kirchner.
La muerte inesperada de la jueza
Argibay ha desequilibrado al tribunal constitucional argentino dejándolo con
seis jueces, a lo que deben sumarse la anunciada renuncia del juez Zaffaroni
que dejaría su cargo a fines de diciembre de este año –según se dice en los pasillos
de Comodoro Py-, la delicada salud del juez Petracchi que padece una penosa
enfermedad de difícil pronóstico y la avanzada edad del juez Fayt.
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| Carmen Argibay, una jueza que se mantuvo independiente y supo cosechar un merecido respeto en el foro federal |
Este cuadro de situación podría
desencadenar en cualquier momento de aquí a diciembre de 2015, fecha en que
debería asumir un nuevo gobierno en la República, la necesidad de nombrar a un
nuevo o nuevos jueces en la Corte.
Sin embargo esto no es lo que
preocupa en verdad a quienes transitan el cuarto piso del Palacio de Justicia,
ya que difícilmente el kirchnerismo logre reunir los dos tercios de los
miembros presentes del Senado para dar acuerdo a un candidato del ejecutivo a
meses de un cambio de administración. Esto es sabido en Olivos y en la Corte.
El peligro para el Tribunal
radica entonces no en la necesidad de que un nuevo juez sea nombrado para
integrar los cinco vocales que constituyen la Corte, sino en que se haga uso –y
abuso- de la nómina de conjueces esa vacante hasta que el gobierno que se haga
del poder en el 2015 imponga un candidato a ministro de la Corte Suprema.
Una lista de profesionales
fuertemente comprometidos con el gobierno representa para la casa Rosada algo
mucho más interesante que una estéril contienda por imponer a un juez de la
Corte en un año electoral, con los eventuales costos que implicaría una derrota
en ese campo.
Los integrantes de esa lista - León Arslanian, Tomás Hutchinson,
Ernesto Marcer, Héctor García Cuerva, Arístides Corti, Carlos Carcova, Walter
Huggias, Gustavo Ferreyra, Ricardo Nissen, José Chiricos, Gustavo Ferreyra y
Arístides Corti-, que dicho sea de paso es de dudosa constitucionalidad ya
que no fue acordada con los dos tercios de miembros del Senado que se requieren
para ser juez de la Corte, pueden ser mucho más lucrativos en términos
políticos para el oficialismo, al menos para cerrar rápidamente algunas fisuras
de cara a una derrota electoral.
Para la Corte, por el
contrario, una integración de este tipo por un período prolongado representaría
un problema institucional mayúsculo, ya que no sólo pondría en jaque a una muy
devaluada seguridad jurídica, sino que podría representar cambios en doctrinas
consolidadas por una mayoría transitoria o circunstancial.
Veremos que depara el destino,
mientras tanto oremos por la salud de los jueces actuales, quizás resulte.
