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| Ex ministro de Defensa y por ahora de Seguridad Nilda Garré |
Que novedad, los medios periodísticos esta
semana han descubierto que el Estado Nacional paga sueldos en negro, es decir
al margen de la ley y en franca violación al art.14 bis de la Constitución
Nacional.
Lamento notificar a esos medios que desde que
allá por la crisis del 2002 el presidente de emergencia Eduardo Duhalde sacó de
la galera las sumas “no remunerativas” con las que el sector público y privado debieron
intentar, por imperativo del gobierno, que los
haberes recuperaran parte de su poder adquisitivo, el Estado nacional
avaló el pago en negro, es decir, el pago de sumas que integran la retribución
mensual pero que no forman parte de la remuneración.
¿Cómo es esto?, ¿Son remuneración o no?, la
respuesta es que no son remuneración; si bien se perciben todos los meses en el
recibo de sueldo, esas sumas siempre identificadas como un código o un
adicional con un nombre determinado, no devengan aportes ni contribuciones
provisionales, no son tomados como base para el pago de impuestos, no son
tomados como base para el aporte a la obra social, ni se reflejan en el
aguinaldo, vacaciones ni engrosan la base de calculo de aquellos que se jubilen
o retiren durante la vigencia de esos pagos, ni las indemnizaciones, ni las
indemnizaciones por daños y perjuicios. Y si algún damnificado pretende que
esas sumas integren alguno de esos conceptos, primero debe deducir una demanda
contra el Estado nacional y lograr que un juez decida que dichos montos debe
ser integrados al concepto sueldo, es decir, es necesario que una sentencia
reconozca la naturaleza “salarial” de dichas sumas o códigos.
Para que sirve esto. Para el Estado es
fundamental, ya que siempre esta corto de caja, con problemas presupuestarios.
Imagine usted que si el Estado mañana otorgara un aumento salarial equivalente
a 1000 pesos, en las arcas estatales repercutiría por lo menos en un 25% más -$1250- cuando se comienza a calcular lo que debería pagar por contribuciones previsionales,
obras sociales y otras cargas.
En el caso de las FFAA y de las fuerzas de seguridad
el impacto económico es aun mayor, porque otorgar recomposiciones salariales en
el concepto “sueldo” de la liquidación de haberes, importa automáticamente su
traslado a los haberes de retiro, ya que estos son “móviles y proporcionales”,
esto quiere decir que se calculan sobre la suma de los rubros liquidados como
“sueldo” y “suplementos generales”, al tiempo que todos los suplementos
generales, particulares y compensaciones -que son los que cobra un agente en
actividad- se calculan como un porcentaje del sueldo.
Este mecanismo implica que un aumento de 100
pesos en un miembro de las fuerzas armadas o de seguridad, a nivel
presupuestario puede impactar trágicamente si se tiene en cuenta que la
cantidad de retirados y pensionistas de las fuerzas armadas y de seguridad
supera ampliamente en varios miles a los efectivos en actividad. A ello hay que agregar que los uniformados no son tontos y la ley que los rige prevé que cualquier aumento que se otorgue a la generalidad deberá ser en concepto de "sueldo", justamente para evitar que se burle a los retirados.
Por esta razón, el Estado nacional haciendo un
uso ilegitimo de las facultades que le otorgan las leyes de las fuerzas armadas
y de la policía federal argentina, desde hace años inventa suplementos
particulares para pagar aumentos salariales encubiertos al personal en
actividad y evitar su pago al personal retirado.
Sin embargo, los desaguisados producidos por
estas políticas salariales no se terminan en los problemas descriptos, tienen
la virtud de dañar a todo el sistema ya que conducen a la desfinanciación de
los sistemas de salud y al empobrecimiento de la clase pasiva, lo que
lógicamente genera un alto índice de litigiosidad y miles de juicios que luego
de peregrinar por juzgados y tribunales federales durante un promedio de 8 a 10 años, terminan en
condenas contra el Estado Nacional, que debe pagar liquidaciones millonarias de
capital e intereses por haber retribuido al margen de la ley a sus empleados.
Como se puede ver, en perspectiva, ponerse al
margen de la ley para salvar los números de un presupuesto, acarrea a la larga
el germen de mayores males que debemos afrontar todos, ya que cada condena al
Estado Nacional es un juicio que pierden los habitantes argentinos.
