CUANDO LA CORTE ES SUPREMA E INDEPENDIENTE

El histrionismo presidencial, una faceta que merece un estudio psiquiatrico.

Definitivamente se han despejado todas las dudas que pudieran haber existido sobre el peligro que enfrenta la República. El autoritarismo que hemos padecido hasta la fecha esta evolucionando hacía un régimen totalitario donde imperará el pensamiento único, el de quienes relatan el Modelo.

Juez Lorenzzetti, Presidente de la CSJN

La división de poderes y la independencia del Poder Judicial atraviesan su punto más trágico desde el año 1984, tengo dudas que durante el proceso militar, la dictadura, haya habido una intervención tan directa, indecorosa y mafiosa como la que atravesamos en este momento, al tiempo que comienzo a tener la certeza que estamos camino a nueva dictadura, con otro estilo, pero dictadura al fin.

Jueza Highton de Nolasco, Vicepresidenta de la CSJN

Sin embargo esto no es nuevo, lo que pasa es que nos falla la memoria. Recuerdo que al promediar la administración kirchnerista, siendo Ministro del Interior Aníbal “prófugo” Fernández había dado órdenes de que ninguna fuerza de seguridad realizará allanamiento alguno si antes no era autorizado por ese Ministerio, pasando por encima de la autoridad de los jueces que hubieran ordenado dichas diligencias. Ese fue el primer hito en una larga cadena de violaciones al “imperium” de los magistrados.

Juez Carlos Fayt, Ministro de la CSJN

Luego de esa decisión no podemos dejar de mencionar el caso de la restitución en su cargo del Procurador General de Santa Cruz Dr. Sosa, o la asistencia a los pueblos originarios del Chaco abandonados por el estado Provincial y Nacional, sometidos a la indigencia por los grandes defensores de los derechos humanos , el saneamiento del Riachuelo, la pauta oficial a los medios, y más recientemente los “caranchos”, esos vende patria septuagenarios que pretenden que la ANSeS reconozca sus derechos con el dinero que aportaron durante toda su vida y el Gobierno gasta en netbooks para adoctrinar estudiantes y financiar festivales como el de ayer que reemplazan al pan y circo de hace algunas décadas.

Juez Zaffaroni, Ministro de la CSJN

Esa es nuestra realidad, el Kristinismo ha decidido arrasar con los poderes. Dominado el Poder Legislativo, ahora es hora de domar a los jueces y destruir el cuarto poder, la prensa. El Modelo no soporta que los jueces sean independientes ni que los medios piensen y se expresen diferente, es peligroso, es subversivo. Nos estamos convirtiendo en subversivos.

Juez Petracchi, Ministro de la CSJN

El Senador Fuentes, un ilustre desconocido con algo de poder, nuevo Comisario Político del Gobierno, ha declarado que desde su cargo de Consejero Comisario en el Consejo de la Magistratura que promoverá el juicio político a los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Susana Najurieta, Francisco de las Carreras y Guillermo Antelo, sobre este último caben dudas. La razón de este juicio es haber dictado una sentencia en contra del Poder Ejecutivo. Fuentes, esa sola declaración justificaría que a usted lo echen a patadas de la Cámara de Senadores por bruto.

Jueza Argibay, Ministro de la CSJN

¿Una vez más será necesario que los ciudadanos salgamos a la calle? Pues es hora que lo sepan, si debemos salir a defender a nuestros jueces, a los jueces de la Constitución Nacional, saldremos.

Hay una sola forma de convivir y es bajo el imperio de la Constitución Nacional. Ejercitando la tolerancia frente a quien piensa diferente, respetando al disenso y la libertad de expresión del que piensa diferente a uno. Por eso, si no adecuamos nuestras conductas a lo que deciden nuestros jueces, estemos o no de acuerdo, en poco tiempo el caos se hará cargo de nuestra sociedad.

Juez Maqueda, Ministro de la CSJN

Esta administración subvierte los términos constitucionales cuando declara que una ley de la democracia no puede ser objetada, la democracia no brinda ningún tipo de legitimidad a una ley, la legitimidad esta dada por el Congreso, por el respeto al sistema diseñado para su sanción y promulgación y por su adecuación a la Constitución Nacional en los términos de los artículos 28 y 31 de dicha norma superior.

Titular de la AFSCA Sabbatella ¿lo echaràn?

Cualquier ley puede ser declarada inconstitucional por cualquier juez, guste o no a Cristina Fernández, a su Ministro de Justicia Alak, a su comisario político Fuentes o a su rollizo rozagante Sabbatella y sería bueno que los funcionarios de la actual administración recuerden que muchas leyes que ellos han derogado o que han sido declaradas inconstitucionales por los tribunales, como la de punto final, el régimen de las AFJP, la ley de convertibilidad, etc, también era leyes sancionadas por el Congreso, o leyes de la Democracia como ahora les gusta llamarlas para exacerbar su validez y legitimidad.

Senador Marcelo Fuentes, Consejero del FPV en el Consejo de la Magistratura, Comisario Político del Kristinismo

El gobierno lenta pero inexorablemente se va acomodando en el artículo 29 de la Constitución Nacional, en su lógica el 54% que obtuvo representa la suma del poder público, eso es lo que reclama de manera histérica y por eso será rigurosamente juzgado si continúa por esta senda.

Ministro de Justicia Alak, ¿renunciara?

Hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha puesto un nuevo freno a la omnipotencia prepotente del Poder Ejecutivo, sin embargo debemos ser conscientes que el Poder Judicial es el más débil de los Poderes del Estado, no posee la bolsa de dinero, ni la fuerza necesarias para hacer cumplir sus decisiones, su fuerza radica en su prestigio y la obligatoriedad moral que emana de dicha virtud, por eso es necesario que el Poder Judicial tenga en claro, este seguro, sin dudas, que cuenta con el apoyo del pueblo, un pueblo que lo sostendrá, pero que a la vez escruta cada decisión para que siga reinando la Constitución Nacional.

Presidente Mursi, hijo de la primavera egipcia pretende la suma del poder público, su situación política es precaria.

Sería sano, para todos, que el gobierno también tuviera en cuenta que ya somos grandes, que hace 29 años que vivimos en democracia y no estamos dispuestos a perderla, ni a que nos lleven puestos improvisados aprendices de brujos. Sería bueno que el Poder Ejecutivo no dude que para muchos argentinos la libertad es más que una declaración vacía y oportunista desde un escenario circense, que hay toda una generación que esta dispuesta a luchar por esa libertad y por el respeto a la Constitución Nacional. Porque esa lucha es nuestro derecho, nuestro deber y, sin duda, nuestro legado, la herencia más preciada que dejaremos a nuestros hijos. No vaya a ser que la gran arquitecta egipcia siga los pasos del presidente Mursi.

Artículo 29, de la Constitución Nacional.   “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

SENTENCIA YA!!!!!!!!!!!!!!

Como anticipamos en la nota anterior la Corte Suprema no se pronunció sobre el fondo del juicio y pateó la pelota fuera del área con un Falló que para algunos beneficia claramente al gobierno y para otros a Clarín, sin embargo parecería que lo único que logro es dar aire a la Corte misma para reagruparse y ver que pasa.

Lo cierto es que el Tribunal se deshizo de la queja por denegación de justicia presentada por el Grupo Clarín intimando al juez de primera instancia del fuero Civil y Comercial Federal que dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión en debate.

El magistrado que deberá resolver la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios audiovisuales es el juez subrogante Horacio Alfonso, que fue designado después de que el poder ejecutivo literalmente se cargó a los jueces Torti y Tettamantti. A su vez, le dio un espaldarazo a Alfonso para que resuelva restrictivamente cualquier incidencia que generen las partes, vale decir, que desestime cualquier petición que tienda a prolongar indebidamente el proceso.

Alfonso ha denunciado que ha sido objeto de presiones, bueno sería saber de quien ya que si durante una semana tuvo un auto frente a su casa suena, al menos raro, que no haya hecho una denuncia policial o tomado los números de patente, también me pregunto como es que sabe que le tomaron fotos a sus hijos ¿se las mostraron?, ¿cómo, de qué manera?, todo muy raro y justo después de que la Corte le dijo que se deje de perder tiempo y resuelva la causa.

Mientras Alfonso deberá cumplir con su destino, le guste o no, la Cámara Civil y Comercial Federal que fue diezmada, directa o indirectamente por el ministro Alak, deberá integrarse con camaristas subrogantes del fuero Contencioso Administrativo Federal, para decidir si es viable la recusación del juez Francisco De Las Carreras. Esta última cámara de apelaciones donde es juez el hermano del principal operador político del kirchnerismo en la justicia, Javier Fernández, las suspicacias corren por cuenta de los lectores. Lo interesante de esta decisión es que la CS prescindió del listado de empleados del poder ejecutivo que había sido aprobado por el decreto 2039/2012 como conjueces de la Cámara Civil y Comercial Federal, parece que decidió lavar los trapos sucios en casa, para que traer gente de afuera.

Por último, para que no quepan dudas, la Corte dispuso la “habilitación de días y horas” hasta llegar al dictado de la sentencia definitiva, es decir, ordenó que se trabajen las 24 horas del día y de la noche, al decir del extinto Herminio Iglesias.

Pese a que la decisión beneficio claramente la posición del gobierno, permite ensayar otras conclusiones.

Primero: la Corte firmó por unanimidad esta decisión, lo que implica una señal muy fuerte respecto de que decisiones extremas la Corte esta dispuesta a preservar su poder y salir al cruce como un bloque sin fisuras, una decisión dividida, con disidencias o abstenciones hubieran sido un signo de debilidad.

Segundo: si para la fecha indicada 7D no se definió el fondo de la cuestión en primera instancia, se estaría frente a un caso de denegación de justicia, lo que permitiría deducir una nueva queja por denegación de justicia si nos atenemos a lo expresado en el primer párrafo de la decisión o mejor aun prolongar la cautelar hasta tanto se decida el fondo. En este último caso el Juez Alfonso tendrá varios motivos para preocuparse. 

Sabatella por THEMES

Este aspecto creo beneficia al Grupo Clarín ya que si el rozagante Sabatella decidiera recurrir a las vías de hecho la Corte podría considerar que se esta obstaculizando la decisión de fondo y aplicarle… un gancho.

Tercero: la Corte se cargo al Consejo de la Magistratura que pretendía retrasar el sorteo de los jueces subrogantes a la Cámara Civil y anoche se resolvió la cuestión. A última hora de ayer fueron sorteados los jueces Marcelo Duffy y Jorge Morán que integraran la sala donde había quedado sola la juez Najurieta, los destinos de la justicia ha reunido a tres ex secretarios de la Corte Suprema en la misma sala.

Fuera de los aspectos jurídicos reseñados, resulta increíble la conducta asumida por el Grupo Clarín en estos últimos días.

La denuncia de los periodistas oficialistas resulta objetable en todo sentido, más allá de la sarta de inexactitudes y arbitrariedades a que nos tiene acostumbrados el programa 678 y sus integrantes, lo cierto es que tienen todo el derecho de decir lo que les plazca, y nosotros a cambiar de canal, justamente el mismo derecho que Clarín dice que se vulneraría de aplicarsele la ley de medios. La libertad de prensa y de expresión es una sola y no repara en ideas ni personas. La actitud de Clarín en ese aspecto es tan detestable como las denuncias que se han efectuado sobre periodistas de La Nación y otros medios por parte del Gobierno.

El segundo error del Grupo Clarín ha sido enviar más de un centenar de vehículos de la empresa Cable Visión a las inmediaciones del Palacio de Justicia y cortar el transito de la calle Talcahuano. En primer lugar, con esa actitud utilizó indebida e ilegítimamente el esfuerzo de varios ciudadanos independientes que se habían trasladado hasta Plaza Lavalle en respuesta a una convocatoria organizada desde las redes sociales durante el fin de semana. Por otro lado, descubre un pobre entendimiento del sistema judicial, ya que la presión ejercida de esa manera debe haber tenido por único resultado el desagrado de los Ministros de la Corte y por último desnuda una errónea concepción del alcance de las obligaciones de los trabajadores, ya que resulta denigrante que se los haya utilizado para una protesta vinculada a intereses empresarios ajenos a las obligaciones de los trabajadores.

Clarín debe entender que los grupos de las redes sociales que convocaron a Plaza Lavalle para este martes no lo hicieron para defender los intereses de ese grupo, de cuya pureza y virtudes existen tantas dudas como de la existencia de Batman y Robin. La convocatoria fue en defensa de la libertad de expresión y en contra del control estatal sobre la principal red de internet del país, Fibertel, poder que le otorgara a un gobierno decididamente autoritario la facultad de controlar el tráfico de las redes sociales y la privacidad de los usuarios de Internet en el país.

En esta batalla Clarín ha tenido la suerte de representar, con dudosos meritos, valores constitucionales básicos y su peor error táctico sería creerse que realmente representa esos valores.

LA HORA DE LA CORTE SUPREMA

La Justicia una dama sin poder en la Argentina

Se recalienta al máximo la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Las presiones del kirchnerismo alcanzan niveles vergonzosos, que rayan en un neo golpismo al pretender anular la independencia de los jueces federales.

Si la realidad fuera una novela se podría titular “La semana que el kirchnerismo rifó un juicio político y busco una Corte Suprema que lo comprara”.

Entre esas presiones se sancionó el Per Saltum, pero aún no se promulga. El Gobierno espera, amenaza y acecha.

Se comenta que si no se rechaza el recurso de queja por denegación de justicia deducido por el Grupo Clarín o si se resuelve positivamente, dando mayor tiempo a la protección cautelar, la ley de Per Saltum sería promulgada y el Poder Ejecutivo presionaría para que se resuelva el fondo de la cuestión de manera inmediata en la Corte Suprema.

Sin embargo la Corte no puede resolver el fondo del debate, no puede pronunciarse ni a favor o ni contra de la constitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios y si lo hiciera su decisión sería nula, abriendo el camino a tres consecuencias, una cuantiosa indemnización al Grupo Clarín, la posibilidad concreta de acudir a las instancias internacionales y el inmediato pedido de juicio político de los jueces que firmaran ese Fallo.

Porqué? Pues es muy fácil. La ley de Per Saltum debe utilizarse conjugada con los limites de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia que esta enunciada en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Esa competencia originaria, por ser de origen constitucional, no puede ser ampliada ni restringida por leyes del Congreso, ni por decretos de necesidad y urgencia ni por decisiones que oblicuamente conduzcan a que la sentencia de la Corte sea la primera que se dicte sobre esa cuestión que no pertenece al limitado grupo de temas previstos en los artículos 116 y 117. Para lo temas que no pertenecen a la competencia originaria y exclusiva de la Corte, su intervención siempre requiere la existencia de una sentencia previa, siempre es una competencia apelada, no hay manera constitucional de eludir este limite.

La República, fuera del "Relato"

En el caso del Grupo Clarín lo único que se ha dictado, apelado y resuelto por la Corte Suprema ha sido una medida cautelar. Hasta la fecha no ha habido decisión de primera instancia sobre el fondo de la cuestión, es decir, la validez de los artículos 45 y 161. Si la Corte declarará la inconstitucionalidad de uno de esos artículos al resolver la apelación de la medida cautelar o si se pretendiera que resuelva el fondo de la cuestión mediante la deducción de un Per Saltum, la Corte Suprema estaría avanzando sobre una cuestión para la que no tiene competencia.

Por esta razón, esta semana, el camino del caso en los senderos de la Corte Suprema es muy estrecho, esta limitado por las cuestiones que resolvió en la Cámara. La Corte sólo puede ampliar el plazo de la cautelar o dejarla morir al cumplirse la fecha que le fijo, no existen más posibilidades, aunque al poder ejecutivo y su vocación autoritaria esta realidad le cause otro trauma de ansiedad.

Lo que claramente no es sano para la democracia es que el poder ejecutivo se ensañe con el poder judicial hasta destruir uno de sus fueros federales para imponer su voluntad. Esas deformaciones mentales quizás sean las que llevan a que el gobierno no logre desarrollar una política exterior coherente y sea constantemente humillado por países como Ghana o jueces como Griesa, para quienes el concepto República y división e independencia de los poderes no son frases vacías, como lo es el “relato”, sino principios rectores de una forma de gobierno y filosofía de vida.

Mientras tanto, para mañana martes 27, entre las 9 y 11hs, se ha convocado a una marcha frente al Palacio de Justicia en apoyo a la independencia del Poder Judicial, horas en que la Corte Suprema celebra su tradicional acuerdo de ministros. 

Libertad y Justicia, no existe una sin la otra

HOY SE DISCUTE EL PER SALTUM EN DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados.

Hoy la Cámara de diputados tratará el proyecto conocido como Ley de Per Saltum o, técnicamente denominado, Recurso Extraordinario por Salto de Instancia, que ya cuenta con media sanción de Senadores.

La ley permitirá que el Estado Nacional o un particular pueda deducir un recurso extraordinario contra una sentencia definitiva de primera instancia o contra una decisión interlocutoria, es decir, aquéllas que decretan medidas cautelares innovativas, que son las que desvelan al gobierno.

El proyecto es malo, tiene graves errores procesales que ponen en juego el derecho constitucional de defensa en juicio y el equilibrio procesal que debe primar entre las partes de un pleito judicial. Sólo mencionaremos como ejemplo que el plazo para la defensa es la mitad que el plazo para deducir el recurso y que se deja fuera a las causa penales.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Su motivación política es clara, se trata de preparar el desembarco en la Corte Suprema para la batalla final contra el Grupo Clarín.

Lo grave es que la cabecera de playa al Tribunal Constitucional de la Nación no se agotará con este juicio, quedará tendida para que el kirchnerismo someta a la Corte Suprema cualquier tema que considere de “notoria gravedad institucional”, es decir, todo lo que este relacionado con sus intereses políticos y de supervivencia. Porque para el kirchnerismo Gobierno y Estado son lo mismo, ellos son el Estado.

Parte de la oposición, hay que ver que hacen.

Será una excelente oportunidad para ver que diputado es consecuente con su discurso público, ese con que nos quieren enredar a los electores, ya que hay muchos legisladores como los del FAP que son cultores del doble discurso, ante los micrófonos aparecen como opositores y en la Cámara votan los proyectos del oficialismo, y otros, como últimamente ha hecho el PRO que si bien no votan los proyectos, colaboran con el quórum necesario para que se conviertan en ley.

Creado en la reforma constitucional del '94

La presión sobre la justicia una vez más será terrible. Al kirchnerismo no le ha bastado con destruir toda credibilidad sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo que aparece ante la sociedad devaluado e infectado de parcialidad kristinista, pese a la valiente y estoica resistencia de un grupo de magistrados. No alcanzó con rifar los fundamentos de la independencia judicial presionando a jueces, denunciando a camaristas y, en definitiva, poniendo en crisis las bases filosóficas del sistema republicano, la independencia de los poderes.

Ahora se cargará contra la Corte Suprema. Sin embargo, en esta necesidad táctica de evitar el paso por la Cámara Civil y Comercial Federal y minimizar los tiempos del proceso, surge una duda terrible, ¿Qué hace pensar al oficialismo que le ira mejor en la Corte que en segunda instancia?, ¿hay algo que no sabemos?, ¿existe un proceso de adicción judicial que desconocemos?.

Una vez más la República esta en crisis. Sin embargo, su sistema inmunológico es fuerte, eso quedo claro el #8N. Por eso, cuidado con lo que hacen, la sociedad, el pueblo esta mirando y su juicio es inapelable, para el no existe Per Saltum que valga.

PREPARANDO LAS BANDERAS, REDOBLANTES Y CACEROLAS

FALTAN 24 HORAS PARA QUE SE PRODUZCA LA PRIMER PROTESTA MUNDIAL CONTRA EL GOBIERNO AUTORITARIO DE CRISTINA KIRCHNER. ESPERO QUE EL TESTIMONIO DEL DR. PABLO LANUSSE RESULTE SUFICIENTE PARA EVACUAR CUALQUIER DUDA Y MOTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIVICA Y DEMOCRATICA QUE LA PATRIA NOS PIDE MAÑANA.

DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DEL 7D

Propaganda kirchnerista pagada con los impuestos de todos y todas.

Pocas personas saben de que se habla cuando hablamos del 7D y del Grupo Clarín.

Tanta ha sido la propaganda política del Kirchnerismo que ha logrado desinformar a la sociedad e instaurar su relato sobre lo que se discute.

En el derrotero de ese relato el régimen se llevo puesta definitivamente la división de poderes, la independencia de los jueces, el Consejo de la Magistratura y el poco respeto que le quedaba por la Constitución Nacional, sin embargo la sociedad sigue inerte frente al avance del autoritarismo kirchnerista que comienza a tomar tintes de totalitarismo colectivista.

Sería útil que toda la sociedad sepa que la ley de medios audiovisuales esta plenamente vigente como cualquier otra ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo y que aún cuando se declarase su inconstitucionalidad para el caso “Grupo Clarín”, la Ley de Medios Audiovisuales no correría ningún peligro, porque en nuestro sistema jurídico las declaraciones de inconstitucionalidad sólo tienen efecto entre las partes, es decir, que sólo aprovecharía al grupo Clarín. Una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley en la Argentina jamás tiene efectos derogatorios de dicha norma jurídica.

La libertad de prensa corre peligro desde hace tiempo y constantemente se ha tratado de manejarla desde la pauta de la publicidad oficial beneficiando a los propios y desfinanciando a los que piensan diferente. La Ley de Medios acentúa ese ataque. Su aplicación en el caso concreto no produciría el efecto de terminar con la libertad de prensa, pero sería un grave menoscabo a la opinión crítica, ya que, más allá de sus virtudes o miserias, el grupo Clarín se erige como uno de los pocos multimedios opositores al gobierno y su debilitamiento sólo aprovechara al régimen kirchnerista.

El verdadero peligro que encierra lo que se decida en este pleito es la vigencia del derecho de propiedad en la República Argentina. Lo que decida la justicia en este juicio será el Fallo más trascendente para la propiedad privada desde la sentencia del celebre caso “Ercolano c/ Lanteri, viuda Renshaw” en la que la Corte Suprema avaló la primer ley de congelamiento de alquileres dictada por el gobierno radical de Hipólito Irigoyen*.

Esto es así porque lo que plantea Clarín es que ese grupo empresario adquirió sus empresas en un tiempo en que no existía la actual Ley de Medios Audiovisuales y ni los límites que se han legislado en ella, de manera tal que sus derechos de propiedad son anteriores al esquema de limitaciones actual y por esa razón no pueden ser afectados.

A dicho argumento, que desde el punto de vista legal es absolutamente valido y jurídicamente se conoce como doctrina de los “derechos adquiridos”, cabe agregar que la última adquisición del grupo Clarín, la fusión entre Multicanal y Cable Visión, fue una operación aprobada por el gobierno y que contó con el aval político de Néstor Kirchner, ya que en esa época eran aliados políticos.

Si el grupo Clarín perdiera su demanda y una decisión judicial ordenara que se aplique la desinversión que dispone la ley de Medios, y se debiera proceder a la venta de gran parte de las señales que posee Clarín, lo que en realidad se pondría en peligro son todos los derechos de propiedad de los argentinos, porque se habría aplicado retroactivamente una ley a una situación jurídica consolidada al amparo de un régimen jurídico determinado y luego se habría desbaratado tal situación.
Ninguna propiedad de ningún habitante de la Argentina, se trate de una casa, terreno, departamento, o lo que sea, tendría verdadera estabilidad, ya que una ley del Congreso podría ordenar que el propietario de esa casa, terreno o departamento deba venderlo y lo que es peor le podría imponer un plazo para esa venta, lo que es igual a depreciarlo vilmente en el mercado. Si usted tiene dudas sobre esto infórmese acerca del proyecto de ley de tierras que se encuentra en debate en la provincia de Buenos Aires y como afectará el mercado inmobiliario y los desarrollos urbanísticos privados.

Entonces, cuando leemos, escuchamos y hablamos del caso Grupo Clarín tengamos presente que lo que se discute es la estabilidad de la propiedad privada, y no otra cosa.

* De Fallo en la causa “Lanteri” debe destacarse la disidencia del Juez Antonio Bermejo que es la defensa más importante que se ha fundado en la doctrina de la CSJN sobre el derecho de propiedad y su respeto irrestricto.