martes, 26 de marzo de 2013

NI OLVIDO, NI PERDON



La señora Estela de Carlotto ha declarado que los actos terroristas cometidos por las diferentes organizaciones subversivas que asolaron nuestro país desde los ’60 hasta los ’80, fueron actos de violencia. Debemos agradecer a esta señora que nos revelara un dato de la realidad histórica que desconocíamos.
También nos ha revelado que las “abuelas” "…reivindicamos el valor de una lucha, que sí la hubo armada . Aunque no estamos con la violencia, esa violencia es la que tuvo San Martín y los héroes cuando tuvieron que defender la patria. (Ellos, por los desaparecidos) defendieron a su manera, con errores, virtudes y defectos. Nosotros no idealizamos, ponemos la conducta fiel y total de cada uno, en el caso particular".
Una vez más debemos agradecer a esta señora que por sus propias palabras haya demostrado que es un ser tan abominable como la Sra. Hebe de Bonafini, de quién siempre fue distinguida, no sin esfuerzo, pero con éxito.
Carlotto fue, de alguna manera, la cara presentable y moderada de un reclamo legítimo pero parcial, de un medio reclamo que, amparado en los derechos humanos calló por conveniencia las atrocidades cometidas por la subversión terrorista a la que pertenecieron gran parte de los desaparecidos por los gobiernos peronista del 73/76 y del proceso militar de los años 76/83.
De la misma manera que Hebe de Bonafini se quejaba de que se le había negado el derecho de colgar en el Museo de la Memoria el fusil FAL con el que había peleado su hijo guerrillero, a Carlotto la traicionaron las palabras al comparar la violencia ejercida por los grupos subversivos, y por su hija desaparecida –en quien represento a ese universo-, con la violencia ejercida por el Gral. San Martín y nuestros granaderos durante la guerra de la independencia.
La desaparición de una persona por atroz que haya sido su delito o conducta es aberrante y cuando esa desaparición es masiva y se constituye en una práctica organizada desde el Estado como política represiva, además de violar los derechos humanos más básicos, es un crimen de lesa humanidad cuya racionalidad escapa a cualquier tipo de análisis. La naturaleza de esos crímenes no puede quedar impune porque lo que peligra con su impunidad no es un valor jurídico determinado, sino la existencia misma de concepto humanidad, la impunidad de estas conductas nos reduce a la condición de animales.
Sin embargo, yo le contesto a la Sra. Carlotto que está equivocada, su hija murió como vivió, violentamente. Su hija no fue una adolescente idealista que quería cambiar el mundo, su hija fue una persona que quiso cambiar el mundo mediante la violencia y el terror. Sus asesinos no deben quedar impunes porque teniendo todas las herramientas para juzgar al terrorismo y condenarlo conforme a derecho, fueron devorados por el monstruo contra el que peleaban y optaron por el terror de Estado; sin embargo, esa circunstancia no redime a su hija, ni a sus compañeros de ruta y combate desaparecidos de la responsabilidad de sus actos terroristas.
Ellos también deben ser juzgados, tarde o temprano, ahora o después y le puedo asegurar que serán juzgados, lo sabemos porque hasta que ello no suceda no habrá justicia verdadera. El NI OLVIDO NI PERDON, JUICIO Y CASTIGO es una ruta de ida y vuelta que ambas partes deben transitar para que el país definitivamente pueda superar sus fantasmas y seguir su camino.
Por eso Sra. De Carlotto, la violencia ejercida por su hija mediante bombas, atentados y secuestros extorsivos no tiene nada que ver con la ejercida por el Gral. San Martín en la guerra de la independencia.
San Martín nunca asesino niños, ni puso bombas, ni engaño  para asesinar traicioneramente, siempre se presento de frente al enemigo, por las reglas del arte de la guerra, con honor; su hija y sus compañeros de ruta y combate, por el contrario, ejercieron su violencia mediante el engaño, agazapados, traicioneramente, asesinaron niños, secuestraron y torturaron, y desataron, le guste o no, la peor de la guerras argentinas del siglo XX.

jueves, 7 de marzo de 2013

DEMOCRATIZANDO Y CON EL MAZO DANDO



Finalmente el viernes pasado al dar inicio a las sesiones ordinarias del Congreso la señora Presidente delineo el contenido de la reforma judicial ante la Asamblea Legislativa. Han pasado varios días y el tema ha sido objeto de diversos análisis, artículos, opiniones y comentarios.
El proceso de democratización al que se pretende someter al Poder Judicial se funda en el siguiente temario:
1º) Reforma del Consejo de la Magistratura y elección popular de sus miembros;
2º) Creación de tres Cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo, y Seguridad Social y del Trabajo;
3º) Reglamentar las medidas cautelares contra el Estado Nacional;
4º) Redefinir los parámetros de la responsabilidad civil del Estado Nacional;
5º) Dar mayor publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces;
6º) Transparentar la situación procesal de las causas en tramite; y
7º) Modificar el régimen de ingreso al Poder Judicial.
Respecto del pago del impuesto a las ganancias, CFK señaló que no correspondía sancionar ley alguna, ya que en la última reforma a dicho régimen había derogado la exención reconocida a los magistrados y que por acordada de la Corte Suprema, ese tribunal había insistido en que no le correspondía abonar el tributo, por lo que la cuestión debía ser resuelta por la Corte ya que la ley estaba vigente.
Es cierto, se trata de la acordada 20/1996 del 11 de abril de ese año, por la que la Corte decidió la inaplicabilidad de la ley 24.631 a los magistrados y funcionarios del poder judicial.
Jueces de la Corte Suprema de Justicia
Una jugada inteligente de CFK, ya que dejo pagando a la Corte Suprema que ahora deberá decidir que hace con el impuesto a las ganancias frente a la sociedad que la observa con gesto adusto. Lo cierto es que, aun cuando compartamos que los magistrados y funcionarios deben tributar como cualquier ciudadano y que la garantía de intangibilidad de los sueldos no esta en juego cuando se trata de normas generales de aplicación a la totalidad de la sociedad, la oportunidad para sacar el tema a la palestra tiene un penetrante tufillo a apriete y no parece oportuno que en un periodo de alta inflación, con mínimos no imponibles absolutamente retrasados, se reduzcan los sueldos de los jueces y funcionarios del poder judicial sin ningún tipo de compensación. Creo que en una ecuación de alta inflación, mínimos no imponibles retrasados, falta de autarquía económica de la Corte Suprema y dependencia del jefe de gabinete para el aumento de sueldos, aplicar tributos que arrancan en el orden del 20% mensual, aparece, al menos, confiscatorio.
En futuros artículos iré desarrollando las críticas a los anuncios y proyectos de reforma que se presenten y en las próximas líneas esbozare un par de ideas que considero centrales para democratizar en serio al Poder Judicial. Ideas que están expresamente enunciadas en la Constitución Nacional y que, por razones obvias, el oficialismo no menciona y, llamativamente, la oposición no propone. La oposición debería recordar esa frase que dice que para que el mal triunfe sólo basta que la gente de bien no haga nada, porque creo que estamos en ese punto.
El artículo 24 de la Constitución Nacional establece el juicio por jurados, el artículo 118, en su primer párrafo, vuelve sobre esta institución al regular el Poder Judicial y el inciso 12, del artículo 75 establece como facultad del Congreso dictar la ley que establezca el juicio por jurados. ¿Existe mayor transparencia y participación popular que la creación de estos jurados? sin duda no lo hay,  en este sistema la participación ciudadana es directa e inmediata.
La mejor manera de terminar con la corrupción o, al menos, connivencia del fuero federal con los políticos corruptos, es devolver al pueblo la facultad de decidir quien es culpable de un delito y quien es inocente del mismo. Cuando el pueblo se reconozca como parte esencial del sistema judicial a través de estos jurados, se terminaran gran parte de los pesares de los argentinos, de sus causas de decadencia y veremos agonizar a la impunidad.
Sin embargo, nada se dice sobre esta cuestión, sobre esta deuda constitucional del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo para con el pueblo y el Poder Judicial, porque la justicia esta incompleta hasta que se cumpla la letra del artículo 24.
La segunda cuestión que estimó esencial para transparentar la justicia es su descentralización y el pase inmediato de la justicia ordinaria o nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también dispone la Constitución Nacional en su artículo 129, primer párrafo, cuando dispone que “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción…”.
En la actualidad, la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires –fueros civil, comercial, laboral y penal- constituyen una carga enorme para el consejo de la Magistratura y para el Estado Federal y, a su vez, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tiene un derecho constitucional que les ha sido retaceado indebidamente, un poder judicial propio, como cualquiera de las restantes provincias.
De tal manera, si se lograra traspasar la justicia ordinaria o nacional al ámbito de la ciudad y para la jurisdicción federal se instaurara el juicio por jurados, se lograría una verdadera reforma judicial que garantizaría transparencia y participación democrática.
Porque debe tenerse en cuanta que cuando hablamos de democratizar a la justicia, no necesariamente debemos pensar en la manera que se integra el Consejo de la Magistratura, órgano que mantiene la participación indirecta de la sociedad, dejemos que sea la sociedad misma que se constituya en juez y entonces hablaremos en serio de democratización del poder judicial. Pero claro, es más difícil convencer a 12 argentinos que deben sufrir los rigores de la realidad y del modelo que los abultados patrimonios de los funcionarios son legítimos, que convencer a un juez federal.
Ahora bien, ¿toda la culpa de esta inacción es atribuible al gobierno kirchnerista?, creo que no, creo que debería pedirse explicaciones a quienes gobiernan y han gobernado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de sus omisiones o connivencias en esta deuda constitucional y los habitantes de la ciudad de Buenos Aires deberían reclamar la normalización de sus instituciones judiciales. A su vez, todos los argentinos deberíamos mirar a la oposición y exigir que expliquen porque no han presentado los proyectos necesarios para la instauración del juicio por jurados.

jueves, 28 de febrero de 2013

CAMINO A LA DEPENDENCIA JUDICIAL


La Nación da cuenta que en la reunión organizada por la agrupación “Justicia Legítima” fue la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó,  quién tuvo a su cargo las palabras de apertura y que habría afirmado, contestando el discurso dado por el presidente de la Corte Suprema en el acto de inicio del año judicial 2013, que  "La discusión de hoy no pasa por hacer un análisis de la jurisprudencia, que sin dudas ha significado una evolución. Lo que de aquí se trata es identificar esa matriz del Poder Judicial burocrática y autoritaria que subsiste".
Gils Carbó
Estas palabras sólo pueden ser interpretadas como la identificación de todos aquellos jueces, fiscales, defensores y funcionarios que piensen de manera diferente a dicha agrupación, que se ha arrogado la calificación de “legítima” volviendo, necesariamente, ilegítimos a todos aquellos que no se aliñen con ellos. Como anticipamos en la última nota, el Poder Ejecutivo a través de su brazo judicial, Gils Carbó, se ha puesto como objetivo iniciar una limpieza en la justicia y pronto veremos caer las primera victimas.
Si tenemos en cuenta que Estela Carlotto, Horacio González, Eduardo Barcesat y Beinusz Szmukler entre otros muchos jueces y fiscales, cerca de 500, participaron de la reunión del miércoles 27, no es difícil deducir la tendencia de esta nueva estructura político judicial.
Como ha caracterizado al kirchnerismo en los últimos años, esta organización se ha formado sobre la base de la lista interna que perdió las elecciones en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación y una de sus primeras declaraciones ha sido, justamente, restar representación y legitimidad moral a la Asociación de Magistrados, con el claro objeto de licuar la incidencia que pueda tener dentro de las discusiones judiciales.
Juez Gallardo, construyo su imagen obstaculizando las obras públicas de la administración de Mauricio Macri
Quizás sea el futuro juez Roberto Gallardo quién mejor haya definido el perfil de juez que “Justicia Legítima”, en donde milita, pretende para el Poder Judicial cuando en la renuncia al cargo de Defensor le señaló al Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Marío Kestelboim, que "sé que tanto usted como yo creemos en una Justicia dependiente. No creemos en la independencia como un fin en sí mismo ni en la neutralidad como una virtud. Aquellos que dicen ser apolíticos y neutrales, mienten. Esconden, bajo el velo de la «independencia» y la «objetividad» sus verdaderas posturas frente a los casos".
No sé donde habrán estudiado estas personas, pero hasta donde recuerdo la independencia de los jueces de todo poder, sea económico, empresario o político, siempre ha sido ponderado como una de las principales virtudes de un magistrado. Lo que queda claro de las expresiones de Gils Carbó y de Gallardo, es que “Justicia Legítima” pretende identificar a los magistrados y funcionarios independientes para lograr una justicia legítimamente dependiente del Poder Ejecutivo.

martes, 26 de febrero de 2013

HACIA EL QUIEBRE DEL PODER JUDICIAL

Procuradora General de la Nación Gils Carbo

El Poder Ejecutivo ha quebrado al Poder Judicial y dado lugar a dos justicias, la legítima y la ilegítima. La Procuradora General de la Nación Gils Carbo no escatimo explicaciones para fundar esta dicotomía que nada podrá traer de bueno a la República.
Para ella coexiste un poder judicial legítimo y, por contrapartida, un poder judicial ilegítimo, lógicamente ella se identifica con el primero, y la línea divisoria de estas dos caras de la moneda es la permeabilidad a las presiones de los grupos económicos. En sus respuestas al reportaje de La Nación no existen presiones políticas del Poder Ejecutivo que esta fuera de esta ecuación.
Sobre la base de este nuevo relato judicial el Poder Ejecutivo viene reclamando, desde que se inicio la causa Clarín, que la Justicia se democratice, lo que en castellano antiguo significa que se cierren filas con el gobierno y se adecuen las decisiones a las necesidades políticas de Cristina Fernández.
Esta semana será podrá vislumbrar parte del futuro del Poder Judicial. Por un lado hoy se cumplen 150 años de la primera conformación de la Corte Suprema, aquella que designó el Presidente Mitre integrada totalmente por jueces de signo político contrario al de su gobierno, y el Dr. Lorenzetti, Presidente del Tribunal dará el discurso de inicio del año judicial donde fijará los objetivos para el 2013 y seguramente hará un balance de lo actuado a la fecha.
Mañana, miércoles, se reunirá en la Biblioteca Nacional la organización autodenominada Justicia Legítima, cerca de 680 personas entre funcionarios, jueces y fiscales para debatir sobre la independencia del Poder Judicial.
El viernes 1º de marzo Cristina Fernández dará inicio a las sesiones ordinarias del Congreso y la Asamblea Legislativa oira atentamente sus palabras de las que se espera más de un reclamo al Poder Judicial.
Filosofo Carl Schmitt
Se repite la lógica Schmitiana en que el gobierno funda su estilo y acción, esa dicotomía amigo enemigo, ahora se traduce al idioma judicial como justicia legítima o justicia ilegítima. En el camino de esta contienda veremos caer en desgracia a más de un magistrado y funcionario probo y de carrera intachable por no pertenecer a los autodenominados “legítimos”. Cualquiera que no sea de ese grupo estará expuesto a las críticas más crueles y a que sus miserias humanas sean ventiladas.
Sin embargo, la verdad debe ser dicha, el Poder Ejecutivo no busca la independencia ni la democratización del poder judicial, lo que busca es su alineación y obediencia al Poder Ejecutivo, exige la dependencia política a los intereses del partido gobernante.
No es nuevo. Si a Menem le bastó con una Corte que no obstaculizara sus planes de gobierno, el kirchnerismo reclama disciplina en todas las instancias y en todos los fueros, y quién ose traicionar este mandato imperial deberá ser castigado de manera ejemplar y reformarse.
Si usted quería saber el verdadero significado de la expresión “vamos por todo” en estos días lo encontrará.
Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de justicia de la Nación

ALGUNAS FRASES DEL DISCURSO DEL JUEZ RICARDO LORENZETTI EN EL INICIO DEL AÑO JUDICIAL 2013 Y 150º ANIVERSARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.
* La Corte Suprema es una institución muy importante porque es la que debe interpretar la Constitución, la que debe defender el Estado de Derecho, la que debe garantizar los derechos y la libertad de los argentinos, con independencia de todo otro poder jurídico o fáctico. Pero las instituciones no son ajenas a la historia, a la situación del país, a las demandas del pueblo y a la influencia que cada generación ejerce sobre ellas.
 * Desde su fundación, el Tribunal defendió el derecho a la libertad de expresión, que nosotros hemos desarrollado con los perfiles actuales. Buenos ejemplos de ello son la afirmación de la posibilidad de ejercer la crítica en una sociedad democrática y el control de la publicidad oficial en tanto sea un mecanismo de censura indirecta.
*Los argentinos tenemos un enorme aprecio por esa libertad, especialmente por el derecho a vivir conforme a nuestras decisiones personales, sin que exista alguien con el poder de dirigirnos.
* No hay que tener miedo a la libertad, ni miedo a quienes quieren restringirla. 
*La postergación de los derechos de los jubilados nos conmueve, porque no es justo que quienes han aportado lo suyo tengan que hacer juicios interminables para reclamar lo que legítimamente les corresponde.
*…es esencial que seamos transparentes en nuestra conducta.
* Debemos mostrar una clara independencia de los intereses económicos; por eso es que la Corte dictó una acordada diciendo que cuando recibimos a una parte, también debe estar la otra. Asimismo las empresas deben ser transparentes y no abusar del derecho, como lo afirmó la Corte en importantes casos en materia comercial. 
* Cada uno de los argentinos tiene en su memoria y en su corazón, el nombre de una tragedia: “República Cromañón”, “Lapa”, “Río Tercero”, “Once”, “Amia”, “Embajada de Israel”, “Juicios de lesa humanidad”. … es imprescindible convocar a los demás poderes del Estado, tanto nacional como provincial, para discutir un régimen procesal especial para estas tragedias, para que no veamos grupos de personas reclamando justicia año a año. Ese régimen también debe incluir a las acciones preventivas. 
* No sólo debemos cuidar la memoria, sino también sentar las bases para que nuestros hijos y nietos puedan decir lo que piensan, discutir libremente, soñar con cambiar el mundo, sin que nadie los persiga.
* Ya no hay pensamiento único, hay conflictos y consensos básicos o mínimos.
* Hay argentinos del norte y del sur, pueblos originarios e inmigrantes, de religión católica o judía, liberales o progresistas, pero todos tienen el rasgo común de ser seres humanos, de albergar iguales temores frente a la adversidad, de sufrir las mismas necesidades y de compartir el deseo de un futuro mejor para sus hijos. 
* La gran tarea es consolidar esos principios en el pueblo y no en un grupo reducido. 
* Hay suficiente experiencia en el mundo que muestra que las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales, como por ejemplo apoyar el Holocausto, el terrorismo de Estado, o la pena de muerte. Por eso es que existen los derechos humanos que son inderogables, por eso se habla de democracia constitucional por eso es que las decisiones de las mayorías pueden ser declaradas inválidas por los jueces cuando son contrarias a la Constitución.
* Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino que hemos dicho lo que es contrario a la Constitución, o hemos afirmado lo que la Constitución quiere que se haga.

lunes, 25 de febrero de 2013

CONTROL DE PRECIOS & CENSURA INDIRECTA




Una imagen que no veremos por mucho tiempo de aprobarse el Tratado con el Estado Terrorista de Irán
Mientras en la Cámara de Diputados se juega el destino argentino de las próximas décadas, y porque no decirlo la paz y tranquilidad del país, con la discusión de un Acuerdo de Entendimiento con Irán que ya se ha develado como una alianza estratégica con un estado terrorista, otro sector del gobierno continúa con sus ataques a la prensa libre.
La prohibición a los supermercados de publicitar sus ofertas en los diarios afecta de lleno a Clarín y La Nación, fundamentalmente porque a esos medios también se les ha retaceado indignamente la pauta oficial que ha sido distribuida generosamente entre los medios adictos.
Esta claro que el periodismo militante se ha convertido en un excelente negocio, máxime en estos tiempos que vemos viene acompañado de alguna cuota de impunidad para los siniestros automovilísticos.
En términos más técnicos el Poder Ejecutivo esta violando una vez más la Constitución Nacional, en este caso el artículo 14 cuando garantiza el derecho de los habitantes a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Quitar fuentes de financiación a los medios que no son adictos al régimen imperante se denomina “censura indirecta”.
La Corte Suprema ha decidido hace años que el amparo constitucional a la libertad de prensa sin censura previa se extiende al derecho de empresa de los medios de comunicación, de donde un ataque a ese derecho, como las medidas que venimos comentando, representan un claro ataque a la libertad de pensamiento.
Ministro de la CSJN Fayt
El juez Fayt señaló en el caso “La Prensa” que correspondía “garantizar que la empresa periodística esté en condiciones de cumplir su misión de informar a los ciudadanos y al propio Estado, fiscalizar el ejercicio del poder estatal, y educar y formar mediante la crítica social y educacional”,  esto es lo que la Corte Suprema de los EEUU ha denominado dimensión estratégica de la libertad de prensa, no sólo la libertad de expresarse y publicar ideas, sino el derecho de la sociedad de enterarse a través de esas publicaciones de los que esta sucediendo,  de lo que hace el gobierno.
En la actualidad, por una vía oblicua, el Poder Ejecutivo se asegura restar ingresos y poner en aprietos a dos diarios que han mantenido un posición de independencia frente al gobierno kirchnerista. No existe resolución administrativa ni decreto que se motive en dichas razones, sin embargo el uso arbitrario que Moreno viene haciendo de sus facultades, a instancias del Poder Ejecutivo, constituye una clara desviación de poder que resta toda legitimidad jurídica a la medida y que sólo encuentra eficacia en el miedo a las consecuencias que encierra desobedecer las decisiones de ese funcionario.
Tal es así, que se esta estudiando dar ciertas ventajas a los supermercados que hayan obedecido la ordenes verbales de este personaje, fundamentalmente mantener congelados los precios y no hacer publicidad en los medios de las ofertas, premios que no gozarán aquellos que no se hayan alineado decididamente a las disposiciones morenistas.
Ciertamente resulta inconcebible como es posible que existan personas con ideas tan retrogradas y ridículas, probadamente inútiles y base de costosos fracasos, como pensar que el “mercado” puede manejarse desde un escritorio y disponer el valor de las cosas divorciado de los costos de producción y de la oferta y demanda de esos productos.
Si de buenas intenciones esta empedrado el camino al infierno, de idiotas debe estar plagado dicho sendero, no hay duda.
Como vemos la batalla por los medios no ha terminado y promete traer nuevas escaramuzas, por lo pronto veremos que hace Marcelo Tinelli, que tan suculento será el plato de lentejas que le ofrezcan por pasarse a Telefe y cual su templanza para evitar convertirse en un colaboracionista más.