EN EL UMBRAL DE LA DICTADURA

Tras una caótica sesión a primera hora de esta mañana la Cámara de Diputados aprobó los tres proyectos presentados por el PEN bajo la denominación “Democratización del Poder Judicial”.

De los tres proyectos dos ya se han convertido en ley y seguramente esta semana sean promulgados por el PEN, se trata de la creación de tres Cámaras de Casación Federal y Nacional que significa el nombramiento de 21 magistrados federales y varios funcionarios y la regulación restrictiva del Régimen de Medidas Cautelares contra el Estado Nacional.

* Consejo de la Magistratura.

En el caso del Consejo de la Magistratura la Cámara de Diputados introdujo modificaciones en el texto originariamente aprobado por la Cámara de Senadores por lo que el proyecto deberá volver a la Cámara Alta para que ratifique el proyecto original o, en todo caso, acepte las modificaciones. Debe descontarse que el proyecto será aprobado con las modificaciones dispuestas por el PEN e introducidas por los Diputados, ya que los Senadores del FPV no son libres pensadores, como bien afirmó el cadete Picheto.

La sesión no fue pacífica, tras una sucesión de discursos sin debate alguno, ya que los proyectos se cocinan en las Comisiones por un reducido número de Diputados, cuando se procedía a la votación en particular de texto de reforma del Consejo de la Magistratura fue rechazado el artículo 2°, lo que ocasiono una catarata de insultos entre oficialismo y oposición y que el diputado Rossi, con ese estilo que lo caracteriza, quisiera pasar rápidamente a las manos munido de un poderoso vaso de vidrio en su mano. Tras estas escenas vergonzosas la oposición se retiro del recinto y no volvió a excepción unos pocos diputados como Jorge Yoma, Elisa Carrio y Patricia Bullrich.

Lo cierto es que una diputada del Partido popular Neuquino, Alicia Comelli, se arrepintió de haber votado en contra del art. 2° y alegó que el sistema electrónico de votación no la había registrado, excusa absolutamente irrazonable ya que por televisión se veía el panel electrónico donde se leía que todos los diputados habían sido registrados. Ahora un manto de sospecha sobre la validez del proceso de sanción cuyo contenido es de dudosa constitucionalidad también se encuentra sospechado.

Este artículo 2° es el que prevé la ampliación de 13 a 20 consejeros, otorgando presumiblemente amplia mayoría al kirchnerismo en dicho órgano, la que sumada a la reducción de los 2/3 de votos que se requerían para sancionar y elegir magistrados, a simple mayoría, ha puesto literalmente en manos de los caprichos de Cristina Fernández la estabilidad de los jueces federales y nacionales. Hoy los argentinos somos menos libres que ayer, hoy el patrimonio de los argentinos peligra más que ayer.

En este escenario corresponde reconocer la importancia de la opinión de Jorge Yoma cuando señala que la oposición, fundamentalmente UCR, FAP y PRO cometen un error garrafal al irse de las sesiones, ya que sus opiniones son fundamentales cuando se sancionan leyes de este tipo, aun cuando pierdan en la votación, ya que esas opiniones son las que buscaran los jueces que tengan el valor de declarar inconstitucional estas leyes. Es cierto, cuando los abogados quieren fundar correctamente sus posiciones recurren a las discusiones parlamentarias, porque allí reside lo que denominan “interpretación autentica de la ley” que es la voluntad de los legisladores a la hora de sancionar la ley. Ahora salvo Carrio, Yoma y Bullrich, no habrá argumentos de la oposición para citar en la impugnación de las medidas cautelares y las cámaras de casación.

* Cámaras de Casación.

El artículo 7° de la ley sancionada por el Congreso esta mañana es inconstitucional. En efecto, detrae del Consejo de la Magistratura el nombramiento de los jueces de casación cuando dicha función ha sido expresamente asignada por la Constitución Nacional a dicho Consejo. Ese vicio resulta suficiente para su impugnación ante la justicia mediante una acción de certeza con planteo de inconstitucionalidad.

Por lo demás, se trata de tribunales tapón cuyo único interés es retrasar los procesos contra el estado Nacional agregando una tercera instancia ordinaria obligatoria y unificar con obligatoriedad la interpretación de las leyes federales que resultan más problemáticas para el Estado, la Ley de Medios por un lado y las cuestiones provisionales por otro.

Fuera de estos fines, no brindaran ninguna ventaja a la sociedad ni a los litigantes, son tres Cámaras creadas al sólo efecto de dar cobertura política a ciertas necesidades del kirchnerismo y que serán integradas con jueces afines al régimen, ya que la Presidente carece de los principios republicanos que inspiraron al presidente Mitre cuando nombró a la primera Corte Suprema de la Nación totalmente integrada por juristas que el eran opositores políticamente.

* Régimen de medidas cautelares contra el Estado Nacional.

Esta ley representa un notable retroceso en el reconocimiento efectivo de los derechos humanos en la Argentina, ya que pone en absoluta desigualdad a los individuos y organizaciones no gubernamentales respecto del Estado Nacional, a quien reconoce una serie de privilegios que violan las garantías básicas del derecho de defensa en los procedimientos judiciales.

La Argentina es un país donde el Poder Ejecutivo Nacional amparado en el principio de ejecutoriedad de sus actos administrativos sobre la base de una presunción de validez de los mismos, comete las más terribles iniquidades.

Esta conducta lo ha llevado a ser el mayor empleador en negro del país (reclamos salariales de las FFAA y de seguridad), requisar ahorros privados y de carácter especial como las cuentas de capitalización individual de las AFJP (corralito, fondos de las AFJP), confiscar salteando todos los procesos reglados de expropiación empresas y propiedades diversas (YPF, Ciccone, predio de la Sociedad Rural) o ser cómplice en el lavado de dinero mal habido por la familia gobernante y sus socios (La Rosadita y caso Baez), por sólo citar los casos más renombrados de arbitrariedad y corrupción. Sin olvidar la violación de los derechos humanos de los indios Qom, Wichis y otros pueblos originarios, el desprecio absoluto por el medio ambiente cuando media un negocio –caso Barrick Gold y otras tantas mineras a cielo abierto, la responsabilidad política y civil patrimonial por los homicidios de la tragedia de once, los ahogados en la inundación de La Plata hace apenas 15 días atrás o el manejo discrecional de los órganos de control constitucionales y de la Procuración General de la Nación.

Todos estos temas son los que hacen a la seguridad jurídica y al estado de derecho de un país y que al joven e inexperto Axel Kiciloff le parecen conceptos horribles.

Es lógico, ya que por naturaleza tales conceptos ponen freno a un poder ejecutivo cuya dinámica lo lleva, tarde o temprano, a violar los derechos individuales y colectivos.

Lo cierto es que este régimen de medidas cautelares que se caracteriza por ser absolutamente restrictivo sólo beneficia al Poder Ejecutivo y perjudica notablemente a los más pobres, que son quienes menos acceso tienen a la justicia, ya a la sociedad en general. Básicamente es un retroceso en las garantías constitucionales que impacta de lleno en el concepto jurídico de las progresividad de los derechos humanos.

En síntesis, hoy los argentinos tenemos menos derechos y menos libertad que ayer. Si en el 2001 vimos por televisión como se le hacía un golpe de Estado a Fernando de la Rúa esta madrugada observamos como entramos en una dictadura populista cuando el Congreso Nacional le entregó al Poder Ejecutivo la suma del Poder Público, cuando el Congreso Nacional privilegio los caprichos de cristina Fernández de Kirchner por sobre los derechos individuales de los argentinos.

EL ASALTO A LA JUSTICIA

La guerra de los Roses

Cristina Fernández de Kirchner tiene decidido designar a dedo y puenteando al Consejo de la Magistratura a los integrantes de las Cámaras Federales de Casación con que pretende democratizar a la justicia federal y nacional.

En el mundo judicial “casar” sentencias significa que un tribunal especial –Cámara de Casación- dicte una sentencia interpretando una ley o cualquier otra norma jurídica en un sentido determinado y que esa interpretación se vuelva obligatoria para todos los tribunales que deben decidir de acuerdo a ese precedente.

Consejo de la Magistratura convidado de piedra para la casación

Ese es el objeto del kirchnerismo con el proyecto democratizador de la justicia, entre otras reformas, crear tres Cámaras de Casación Federal, unificar la interpretación judicial de las leyes como a ellos les conviene, que no es siempre como la Constitución Nacional manda, y acabar con la independencia de criterio de los jueces.

El mandato del proyecto político, la necesidad de mantener la mística del relato contra un enemigo institucional, las voracidad autoritaria de la señora y la conveniencia de los rentistas de este régimen es que todos deben alinearse, por las buenas o por las malas, no es posible soportar, ni tolerar discrepancias, eso no es independencia, es traición y la traición se paga.

Sin embargo el problema de la creación de estas Cámaras de casación es que el procedimiento constitucional para designar a los jueces es largo, algo tedioso, y a veces impredecible, y se desarrolla ante un Consejo de la Magistratura que no responde íntegramente al mandato del régimen, porque parece que hay consejeros que prefieren ser decentes en lugar de legítimos.

De cara a este problema los redactores del proyecto de creación de los tribunales de casación encontraron la forma de puentear a la Constitución y al Consejo de la Magistratura, decidieron exigir que los jueces que integren esas cámaras deberán reunir los mismos requisitos que la Constitución Nacional exige para ser Ministro de la Corte Suprema y, obviamente, estarán sujetos a idéntico proceso de designación. Esto es, los elige Cristina Fernández y remite el pliego al Senado –antes honorable- para que les de acuerdo. Me animo a arriesgar que los 21 jueces que designarán para integrar las casaciones ya están en una lista, son obviamente kirchneristas y cuando la ley se sancione, si sobrevive esta cláusula en menos de 15 días estarán designados.

La Justicia bien vale una inundación

Pero esto no es todo, porque el tiempo es tirano tanto en la televisión como en la política y Cristina Fernández no esta dispuesta perderlo ni con inundaciones ni con impugnaciones como las que se efectuaron en su momento contra el juez Zaffaroni, por eso el segundo párrafo del artículo 7° del proyecto de creación de las Cámaras de Casación establece que si las circunstancias lo aconsejaran se establecerá un procedimiento abreviado. Qué es esto? Muy fácil, Cristina piensa puentear también al decreto 222/2003 con el que Néstor Kirchner se autolimitó, por lo menos ante la sociedad, para la designación de jueces de la Corte Suprema.

En síntesis, la señora Presidente en un acto de arrojo institucional ha decidido proceder a democratizar la justicia argentina inaugurando un mecanismo de dedocracia jurídica, su dedo designará.

Piumato sabe que también vienen por la caja sindical

Contra estos proyectos revolucionarios se alza esta semana el gremio de los empleados judiciales comandados por Jorge Piumato, léase bien, los empleados, los ordenanzas, las bases, quienes mejor conocen lo que vendrá y, lógicamente, entre los magistrados y funcionarios que eligieron el honor en lugar de la legitimidad, existe el mismo malhumor.

Mientras tanto la Corte Suprema espera, guarda silencio para poder expresarse, ya que de lo contrario serían recusados por prejuzgamiento, pero ojo, la Corte tiene suficiente legitimidad constitucional para oponerse a estos cambios si de ellos se deriva la afectación de independencia o se busca vaciarla de poder, ya lo ha hecho con anterioridad y no es dudoso que lo vuelva hacer.

MENSAJE DE MARIA CORINA MACHADO SOBRE EL #18A

Marìa Corina Machado lider de la oposición al regimen chavista en la Legislatura de Venezuela, su oposición le ha valido diversas penurias, persecusiones, procesos por traición y detenciones, sin embargo la libertad es más fuerte, siempre es más fuerte y termina triunfando.

El año pasado tuve la oportunidad de conocer y escuchar a María Corina Machado en un viaje que hizo a Buenos Aires, estabamos en las visperas del #8N, en aquella oportunidad nos dejo un mensaje que publicamos en este blog y en infinidad de paginas de facebook o mails.

Ahora, nuevamente, cuando ella esta en visperas de dar su batalla por la libertad de Venezuela, nos envia este mensaje para darnos fuerza en el #18A. 

Porqué? porque la lucha es la misma, porque una vez más se enfrenta la libertad contra la opresión, el individuo contra el colectivismo, las instituciones contra la corrupción organizada.

ARGENTINOS

no falten el 18 de abril, porque quizas el 19 sea tarde, quizas el 20 te detengan o el 21 te echen de tu trabajo por pensar diferente,o el 22 te obliguen a afiliarte, o el 23 revisen tus mails, o el 24 te interroguen sobre tus amigos opositores, nunca se sabe...

Para ver el video cliquea abajo.
 

Mensaje de María Corina Machado al pueblo Argentino

LA ULTIMA BATALLA ANTES DE LA SUMA DEL PODER PUBLICO

La batería de proyectos destinados a reformar el Poder Judicial y virtualmente someter al único poder independiente que queda en el país a los designios de un gobierno autoritario que cada día se parece más a una dictadura militar, promete ser una batalla encarnizada.

No hay conductas ingenuas en esta confrontación, por eso la carta enviada ayer por el Papa Francisco al Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, es una pieza fundamental de este escenario. El otrora Cardenal Bergoglio conoce perfectamente los peligros institucionales que asolan a la Argentina y esas líneas son una advertencia al Poder Ejecutivo, un tiro por elevación, sutil pero explosivo, imagino como debe haber caído en la Casa Rosada la novedad de la correspondencia papal y sólo siento regocijo cristiano por ello.

Por su lado, Lorenzetti y el resto de los magistrados y funcionarios que han hecho declaraciones han sido cuidadosos en no adelantar cual será la reacción, el presidente de la Corte, ahora bendito, ha señalado con sabiduría y mesura que cuando el tema llegue al Tribunal será el momento de expresarse. Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también ha señalado que no puede opinar hasta no haber evaluado concretamente los proyectos de ley que no conoce, sin embargo el apuro presidencial en lograr alguna victoria política y poder doblegar al Poder encargado de custodiar a eso tan molesto que es la Constitución Nacional ha determinado que hoy se trate en el Senado el paquete de reformas a libro cerrado.

El único sector que parece haber festejado lo que considera un éxito, aun cuando todavía no ha sido sancionado, es la kirchnerista organización política Justicia Legitima, que ya no tiene pudor en demostrar su directa subordinación a los designios de, al decir del Presidente Mujica, “la vieja testadura”.

Senador Jorge Yoma

El Senador Jorge Yoma, al que le sobra espalda, cintura y experiencia política ha sido terminante, ni los procesos militares se han atrevido a tanto, afirmó, y su opinión no es menor si se tiene en cuenta que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que será la primera en tratar esta batería bizarra de reformas colonialistas. Yoma afirmó que piensa convocar a constitucionalistas y especialistas en la materia para evaluar estas reformas, proceso que retrasaría considerablemente la aprobación sumarísima en la Cámara Alta.

Lo cierto es que los proyectos aun siguen siendo un misterio, la pagina oficial del Senado ha colgado un link que no conduce a ningún lado; lo único claro es que la reforma del Consejo de la Magistratura es una modificación dirigida a lograr una mayoría aplastante del kirchnerismo ya que ha aumentado el número de consejeros de 13 a 20, pero se ha cuidado de que no aumente el sector representativo de los jueces y ha modificado las mayorías necesarias para las tomas de decisión de 2/3 a la mitad más uno y como afrenta particular, ha decidido quitar todo valor en los concursos a los antecedentes de las carreras judiciales, esto quiere decir que ya no importa que un funcionario de 20 años de trayectoria, iniciado en los cargos más bajos del escalafón –mesa de entradas- haya ascendido aprendiendo el oficio judicial y llegado a Secretario de Cámara, al momento de concursar ese background no incidirá y se encontrara en igualdad de condiciones que un militante de la Kampora presto a ocupar una magistratura sin experiencia alguna, salvo los trabajos prácticos de la facultad.

Peor aun es la limitación temporal de las medidas cautelares, decisiones provisionales que han venido en los últimos años a subsanar los abusos y arbitrariedades del Poder Ejecutivo que entre los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados, los superpoderes, las leyes de emergencia y las disposiciones de las leyes de presupuesto que solapadamente se incluyen en sus textos, no han hecho más que avanzar sobre los derechos individuales de los argentinos que garantiza la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales.

Una relación anterior al papado

Respecto de la Cámara de Casación su única misión es retrasar el acceso de las causas a la Corte Suprema, estos mecanismo de ingeniería judicial son útiles solo por dos o tres años, hasta que las causas llegan a la Corte donde indefectiblemente prima el sentido común y la magna misión de hacer respetar la supremacía constitucional.

Cristina Kirchner debería leer historia judicial y recordar que fue una Corte Suprema de facto la que dicto el precedente “Siri” que parió el amparo contra las arbitrariedades de la Revolución Libertadora con la prensa de la ciudad de Mercedes, y que fue ese el Tribunal que diseño la doctrina de la arbitrariedad, que utilizó el Per Saltum, que estableció la operatividad del “habeas data” aunque no existiera ley que lo regulará y que declaró la inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación obligatorio contra las sentencias previsionales en la causa “Itzcovich”.

La Corte mucha veces puede haber acompañado las decisiones institucionales del gobierno de turno para no entorpecer los programas de gobierno, pero cuando la Constitución esta en peligro y las libertades individuales oprimidas los Ministros del Tribunal Constitucional tienen muy en claro su misión institucional y no les tiembla la mano para decidir lo corresponde.

En este escenario estamos a una semana de la convocatoria para la movilización del 18 de abril, donde la frustración y bronca de los argentinos seguramente será combustible suficiente para causar un nuevo hecho político histórico. Las convocatorias por las redes sociales ya han identificado claramente la movilización con la defensa de la justicia y la necesidad de desterrar la impunidad kirchnerista y todo el arco opositor, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por los radicales y los liberales, han comprometido su presencia.

Venezolano que votará a Capriles

Mientras tanto otra batalla por la libertad tendrá lugar este fin de semana ya que habrá elecciones en Venezuela, esperamos que Maduro sea derrotado por Capriles que parece ser la única esperanza para nuestra hermana, ese será un hecho importante para el #18ª y creo, que si los pajaritos no han sido incluido en los padrones, Capriles tiene varias chances de éxito.

NI OLVIDO, NI PERDON

La señora Estela de Carlotto ha declarado que los actos terroristas cometidos por las diferentes organizaciones subversivas que asolaron nuestro país desde los ’60 hasta los ’80, fueron actos de violencia. Debemos agradecer a esta señora que nos revelara un dato de la realidad histórica que desconocíamos.

También nos ha revelado que las “abuelas” "…reivindicamos el valor de una lucha, que sí la hubo armada . Aunque no estamos con la violencia, esa violencia es la que tuvo San Martín y los héroes cuando tuvieron que defender la patria. (Ellos, por los desaparecidos) defendieron a su manera, con errores, virtudes y defectos. Nosotros no idealizamos, ponemos la conducta fiel y total de cada uno, en el caso particular".

Una vez más debemos agradecer a esta señora que por sus propias palabras haya demostrado que es un ser tan abominable como la Sra. Hebe de Bonafini, de quién siempre fue distinguida, no sin esfuerzo, pero con éxito.

Carlotto fue, de alguna manera, la cara presentable y moderada de un reclamo legítimo pero parcial, de un medio reclamo que, amparado en los derechos humanos calló por conveniencia las atrocidades cometidas por la subversión terrorista a la que pertenecieron gran parte de los desaparecidos por los gobiernos peronista del 73/76 y del proceso militar de los años 76/83.

De la misma manera que Hebe de Bonafini se quejaba de que se le había negado el derecho de colgar en el Museo de la Memoria el fusil FAL con el que había peleado su hijo guerrillero, a Carlotto la traicionaron las palabras al comparar la violencia ejercida por los grupos subversivos, y por su hija desaparecida –en quien represento a ese universo-, con la violencia ejercida por el Gral. San Martín y nuestros granaderos durante la guerra de la independencia.

La desaparición de una persona por atroz que haya sido su delito o conducta es aberrante y cuando esa desaparición es masiva y se constituye en una práctica organizada desde el Estado como política represiva, además de violar los derechos humanos más básicos, es un crimen de lesa humanidad cuya racionalidad escapa a cualquier tipo de análisis. La naturaleza de esos crímenes no puede quedar impune porque lo que peligra con su impunidad no es un valor jurídico determinado, sino la existencia misma de concepto humanidad, la impunidad de estas conductas nos reduce a la condición de animales.

Sin embargo, yo le contesto a la Sra. Carlotto que está equivocada, su hija murió como vivió, violentamente. Su hija no fue una adolescente idealista que quería cambiar el mundo, su hija fue una persona que quiso cambiar el mundo mediante la violencia y el terror. Sus asesinos no deben quedar impunes porque teniendo todas las herramientas para juzgar al terrorismo y condenarlo conforme a derecho, fueron devorados por el monstruo contra el que peleaban y optaron por el terror de Estado; sin embargo, esa circunstancia no redime a su hija, ni a sus compañeros de ruta y combate desaparecidos de la responsabilidad de sus actos terroristas.

Ellos también deben ser juzgados, tarde o temprano, ahora o después y le puedo asegurar que serán juzgados, lo sabemos porque hasta que ello no suceda no habrá justicia verdadera. El NI OLVIDO NI PERDON, JUICIO Y CASTIGO es una ruta de ida y vuelta que ambas partes deben transitar para que el país definitivamente pueda superar sus fantasmas y seguir su camino.

Por eso Sra. De Carlotto, la violencia ejercida por su hija mediante bombas, atentados y secuestros extorsivos no tiene nada que ver con la ejercida por el Gral. San Martín en la guerra de la independencia.

San Martín nunca asesino niños, ni puso bombas, ni engaño  para asesinar traicioneramente, siempre se presento de frente al enemigo, por las reglas del arte de la guerra, con honor; su hija y sus compañeros de ruta y combate, por el contrario, ejercieron su violencia mediante el engaño, agazapados, traicioneramente, asesinaron niños, secuestraron y torturaron, y desataron, le guste o no, la peor de la guerras argentinas del siglo XX.

DEMOCRATIZANDO Y CON EL MAZO DANDO

Finalmente el viernes pasado al dar inicio a las sesiones ordinarias del Congreso la señora Presidente delineo el contenido de la reforma judicial ante la Asamblea Legislativa. Han pasado varios días y el tema ha sido objeto de diversos análisis, artículos, opiniones y comentarios.

El proceso de democratización al que se pretende someter al Poder Judicial se funda en el siguiente temario:

1º) Reforma del Consejo de la Magistratura y elección popular de sus miembros;

2º) Creación de tres Cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo, y Seguridad Social y del Trabajo;

3º) Reglamentar las medidas cautelares contra el Estado Nacional;

4º) Redefinir los parámetros de la responsabilidad civil del Estado Nacional;

5º) Dar mayor publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces;

6º) Transparentar la situación procesal de las causas en tramite; y

7º) Modificar el régimen de ingreso al Poder Judicial.

Respecto del pago del impuesto a las ganancias, CFK señaló que no correspondía sancionar ley alguna, ya que en la última reforma a dicho régimen había derogado la exención reconocida a los magistrados y que por acordada de la Corte Suprema, ese tribunal había insistido en que no le correspondía abonar el tributo, por lo que la cuestión debía ser resuelta por la Corte ya que la ley estaba vigente.

Es cierto, se trata de la acordada 20/1996 del 11 de abril de ese año, por la que la Corte decidió la inaplicabilidad de la ley 24.631 a los magistrados y funcionarios del poder judicial.

Jueces de la Corte Suprema de Justicia

Una jugada inteligente de CFK, ya que dejo pagando a la Corte Suprema que ahora deberá decidir que hace con el impuesto a las ganancias frente a la sociedad que la observa con gesto adusto. Lo cierto es que, aun cuando compartamos que los magistrados y funcionarios deben tributar como cualquier ciudadano y que la garantía de intangibilidad de los sueldos no esta en juego cuando se trata de normas generales de aplicación a la totalidad de la sociedad, la oportunidad para sacar el tema a la palestra tiene un penetrante tufillo a apriete y no parece oportuno que en un periodo de alta inflación, con mínimos no imponibles absolutamente retrasados, se reduzcan los sueldos de los jueces y funcionarios del poder judicial sin ningún tipo de compensación. Creo que en una ecuación de alta inflación, mínimos no imponibles retrasados, falta de autarquía económica de la Corte Suprema y dependencia del jefe de gabinete para el aumento de sueldos, aplicar tributos que arrancan en el orden del 20% mensual, aparece, al menos, confiscatorio.

En futuros artículos iré desarrollando las críticas a los anuncios y proyectos de reforma que se presenten y en las próximas líneas esbozare un par de ideas que considero centrales para democratizar en serio al Poder Judicial. Ideas que están expresamente enunciadas en la Constitución Nacional y que, por razones obvias, el oficialismo no menciona y, llamativamente, la oposición no propone. La oposición debería recordar esa frase que dice que para que el mal triunfe sólo basta que la gente de bien no haga nada, porque creo que estamos en ese punto.

El artículo 24 de la Constitución Nacional establece el juicio por jurados, el artículo 118, en su primer párrafo, vuelve sobre esta institución al regular el Poder Judicial y el inciso 12, del artículo 75 establece como facultad del Congreso dictar la ley que establezca el juicio por jurados. ¿Existe mayor transparencia y participación popular que la creación de estos jurados? sin duda no lo hay,  en este sistema la participación ciudadana es directa e inmediata.

La mejor manera de terminar con la corrupción o, al menos, connivencia del fuero federal con los políticos corruptos, es devolver al pueblo la facultad de decidir quien es culpable de un delito y quien es inocente del mismo. Cuando el pueblo se reconozca como parte esencial del sistema judicial a través de estos jurados, se terminaran gran parte de los pesares de los argentinos, de sus causas de decadencia y veremos agonizar a la impunidad.

Sin embargo, nada se dice sobre esta cuestión, sobre esta deuda constitucional del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo para con el pueblo y el Poder Judicial, porque la justicia esta incompleta hasta que se cumpla la letra del artículo 24.

La segunda cuestión que estimó esencial para transparentar la justicia es su descentralización y el pase inmediato de la justicia ordinaria o nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también dispone la Constitución Nacional en su artículo 129, primer párrafo, cuando dispone que “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción…”.

En la actualidad, la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires –fueros civil, comercial, laboral y penal- constituyen una carga enorme para el consejo de la Magistratura y para el Estado Federal y, a su vez, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tiene un derecho constitucional que les ha sido retaceado indebidamente, un poder judicial propio, como cualquiera de las restantes provincias.

De tal manera, si se lograra traspasar la justicia ordinaria o nacional al ámbito de la ciudad y para la jurisdicción federal se instaurara el juicio por jurados, se lograría una verdadera reforma judicial que garantizaría transparencia y participación democrática.

Porque debe tenerse en cuanta que cuando hablamos de democratizar a la justicia, no necesariamente debemos pensar en la manera que se integra el Consejo de la Magistratura, órgano que mantiene la participación indirecta de la sociedad, dejemos que sea la sociedad misma que se constituya en juez y entonces hablaremos en serio de democratización del poder judicial. Pero claro, es más difícil convencer a 12 argentinos que deben sufrir los rigores de la realidad y del modelo que los abultados patrimonios de los funcionarios son legítimos, que convencer a un juez federal.

Ahora bien, ¿toda la culpa de esta inacción es atribuible al gobierno kirchnerista?, creo que no, creo que debería pedirse explicaciones a quienes gobiernan y han gobernado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de sus omisiones o connivencias en esta deuda constitucional y los habitantes de la ciudad de Buenos Aires deberían reclamar la normalización de sus instituciones judiciales. A su vez, todos los argentinos deberíamos mirar a la oposición y exigir que expliquen porque no han presentado los proyectos necesarios para la instauración del juicio por jurados.