La falta de cultura federal de la sociedad Argentina
impide que los ciudadanos legos en derecho distingan claramente el alcance de muchos
de los derechos enunciados en la Constitución Nacional relacionados con el
gobierno federal.
Sin embargo, desde la reforma constitucional del año 1994,
que reconoció autonomía a la ciudad de Buenos Aires, una visión federal de la
justicia argentina nos permite rever el alcance de los artículos 24, 75 inciso
20 y 129 de la Constitución Nacional (juicio por jurados, facultades del
Congreso para crear tribunales inferiores y reconocimiento de jurisdicción a la
Ciudad Autónoma).
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| Norberto Oyharbide, Juez Federal |
En los últimos días se ha producido un pico en las
críticas que frecuentemente se realizan al juez federal Norberto
Oyharbide. Las impugnaciones a que es
sometido están por demás fundadas ya que resulta obscena la impunidad con que
expone su alineación con el oficialismo y la dudosa fortuna que tiene al
momento de sortearse las causas más sensibles a la casa Rosada.
Parecería no haber un camino razonable para volver de la
relación enfermiza que une al fuero federal con el oficialismo. Tampoco existe
un organismo que permita confiar en el funcionamiento de los mecanismos
constitucionales. El Consejo de la Magistratura, para el oficialismo, es un
órgano esencial en su proyecto hegemónico y lo maneja eficientemente, desde
allí da cobertura a los propios, persigue a los independientes, intenta manejar
la designación de magistrados o en el peor de los casos las traba para especular
con el régimen de subrogancias (sistema en que un juez debe hacerse cargo de
otro juzgado vacante).
En una reforma constitucional esta institución debería ser
derogada y volverse al régimen de la constitución histórica o al menos debería
eliminarse la representación del poder ejecutivo y del poder legislativo en el
Consejo de la Magistratura, en definitiva esos poderes tiene su participación específica
en el proceso constitucional de designación de jueces, el ejecutivo al poder
elegir al candidato de la terna propuesta y el legislativo mediante el acuerdo que
otorga el senado.
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| La instauración del juicio por jurados es una deuda del Congreso |
El
verdadero control republicano sobre la actuación de los jueces federales no
provendrá del Consejo de la Magistratura. La imparcialidad en los procesos judiciales
e independencia del poder ejecutivo al momento de establecer la culpabilidad o
inocencia de los funcionarios para la Constitución histórica proviene
directamente del pueblo.
El artículo 24 de la Constitución Nacional señala que el
Congreso promoverá el establecimiento del juicio por jurados, sin embargo esta
es una deuda del Poder Legislativo con los argentinos que tiene casi 160 años.
Estoy convencido que los ciudadanos argentinos están
perfectamente capacitados para integrar un jurado y determinar si existe
culpabilidad o no en los delitos que se imputan a los funcionarios con la
imparcialidad y celeridad del caso. Una justicia que tarda entre 10 y 15 años
en finalizar un proceso a un funcionario desde el presunto momento en que cometió
el delito, no es justicia.
Para un juez experimentado es muy fácil establecer,
interpretar y fundar decisiones aparentemente lógicas, pero que se riñen con la
realidad y, muchas veces, con el sentido común; sin embargo, si fuera el pueblo
quien decidiera, por ejemplo, si constituyen delito las amenazas que Guillermo
Moreno propicio telefónica y personalmente a Paula de Conto, la historia de la
justicia argentina sería muy otra.
Imaginen si fueramos nosotros, los que pagamos los impuestos
y mantenemos con nuestro dinero el sistema, quienes tuviéramos la
responsabilidad de establecer el veredicto en los casos de las valijas de
Antonini Wilson, las fortunas personales adquiridas por los funcionarios del
kirchnerismo durante la función pública, Ciccone y tantas otras cuestiones, que
diferentes serían las cosas.
Como argentino emplazo a los legisladores para que
cumplan con el mandato del artículo 24 de la Constitución
Nacional y les ruego que dejen de subestimar al pueblo, ya
hemos demostrado con creces que somos maduros para asumir nuestro destino
constitucional.
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