CONVOCATORIA A LA RESISTENCIA

Creo que existen dos tiempos en la legitimidad de los gobernantes y los gobiernos. El primero está dado por la manera en que llegan al poder, en nuestro sistema Constitucional esa legitimación es el mandato que da el electorado mediante sus votos, aquél que gane las elecciones en los términos establecidos en el artículos 94 a 98 de la Constitución nacional, se convierte en el gobernante legítimo al que hemos designado con el nombre de Presidente. El segundo tiempo en la legitimidad, es el surge del ejercicio de ese poder y cuando ese poder es ejercido abusivamente, de una manera desviada, en contra del pueblo o su constitución, la legitimidad se pierde, por eso la Constitución nacional ha previsto la posibilidad de que se pueda remover al Presidente mediante el juicio político del artículo 53, que debe ser llevado adelante por el Congreso.

En la vieja estructura de la Constitución nacional, en la redacción del año 1853/60 no se permitía la reelección, quizás entre otras razones por la eventualidad de que no pudiera llevarse adelante el juicio político para destituir al Presidente. La reforma del año 1994 habilitó la reelección por un periodo, pero no debe haber previsto el que un matrimonio secuestrara el sistema. La oportuna muerte de Néstor Kirchner nos liberó del peligro de la alternancia matrimonial, sin embargo nos legó a la viuda, que en un acto de sincericidio Mujica definió impecablemente como una vieja más terca que el tuerto.

Lo cierto es que los argentinos asistimos impávidos a una revolución institucional por la que se está reformando la Constitución de hecho, sin necesidad del engorroso y posiblemente resistido proceso rígido previsto para dichos cambios.

Así se han anulado los mecanismos de control previsto por la Constitución nacional, para que derogarlos si se los puede vaciar de poder y eficacia, basta leer los informes de AGN sobre la situación de corrupción y falta de mantenimiento de los ferrocarriles elaborados dos años antes del asesinato de 52 ciudadanos argentinos por parte del Estado nacional en la tragedia de Once, o el número desconocido de víctimas de las inundaciones en La Plata, también asesinatos cometidos por el Estado nacional, provincial y municipal, ya que dicha situación había sido anticipada por informes hidráulicos de la Universidad de la Plata.

El Congreso ha sido colonizado por el kirchnerismo y el senador Pichetto tiene el descaro de afirmar que los legisladores no son libres pensadores sino simples ejecutores de las órdenes presidenciales. Una declaración de este tipo en un país verdaderamente democrático y republicano hubiera merecido al menos que los propios senadores y diputados kirchneristas desmintieran semejante declaración, sin embargo paso impunemente una de las afirmaciones más trágicas y despreciables de la historia del Congreso argentino.

Pero como dos poderes no bastan, la Presidente Cristina Kirchner decidió domar al Poder Judicial, privarlo de su independencia y convertirlo en una extensión de su poder con el claro objetivo de hacerse de la suma del poder público. Así, decidió eliminar la posibilidad de que los jueces detengan los avances abusivos y arbitrarios del poder ejecutivo y virtualmente derogo las medidas cautelares contra Estado nacional, por si acaso existían díscolos decidió crear tres cámaras de casación con el único objeto de unificar las interpretaciones jurídicas que garanticen la impunidad del gobierno que ya toma fisonomía de régimen dictatorial y por último quiso asegurarse de que las riendas estuvieran bien ceñidas y decidió anexar al Consejo de la Magistratura, aumento la cantidad de Consejeros, redujo las mayorías para la designación de magistrados e inicio de procesos sancionatorios. De cualquier manera el Modelo ha copiado el sistema judicial venezolano y desde hace tiempo ha optado por la política de las subrogancias, es más sencillo y eficaz.

Fue en la construcción de este esquema, donde Cristina Kirchner ha perdido la legitimidad en el ejercicio del poder de su gobierno, legitimo de origen, pero ilegitimo en su ejercicio. Por ello considero que están dadas las condiciones para el juicio político, claro hay que considerar que si ella se va queda el inimputable de Amado Boudou y si él se fuera nos quedaría la diputada Rojkes de Alperovich.  Ciertamente el país parece perdido y su futuro trágico.

Es en este esquema donde surge la pregunta de cómo se instrumenta la otra posibilidad prevista por la Constitución nacional para su preservación como sistema políticos republicano, que no es ni más ni menos que la posibilidad de que sea la población quienes se avoquen a su defensa cuando las instituciones han sido neutralizadas.

Los Constituyentes de 1853/60 venían de padecer la suma del poder público en la persona de Juan Manuel Rosas que durante 24 años había tiranizado el país. Con esa experiencia los constituyentes y fundamentalmente Alberdi y Gorostiaga, proyectaron y redactaron tres artículos fundamentales para la defensa de la Constitución nacional el 21, el 29 y el citado 53, estos son la obligación de armarse en defensa de la Constitución nacional, la prohibición al Congreso de otorgar al Poder Ejecutivo la suma del poder público bajo sanción de considerarlos infames traidores a la Patria y el ya reseñado juicio político.

El artículo 21 establece la obligación de armarse en defensa de la patria y de la Constitución, de acuerdo a las leyes que dicte el Congreso o a los decretos que dicte el Poder Ejecutivo, sin embargo que pasa cuando ese Congreso y ese Poder ejecutivo son quienes atentan contra la Constitución nacional. Es obvio que las normas jurídicas –leyes y decretos- que dicten no establecerán ni regularán dicha obligación constitucional. Frente a tal situación que debe hacer el ciudadano, quedarse sumisamente en su casa viendo como una revolución institucional arrasa con sus derechos, con la libertad de prensa, con la independencia de la justicia y convierte a nuestro país en un paraíso fiscal para terroristas, mafiosos y comerciantes de armas y drogas. ¿Debemos quedarnos y esperar hasta que nos vengan a buscar?.

No se equivoquen, esto no es una apología a la violencia ni un llamado a las armas, es sólo una convocatoria a la RESISTENCIA CIVIL, por cualquier medio, por el que sea, siempre pacífico, pero efectivo. Cada conducta debe llevar un mensaje de RESISTENCIA. Cada funcionario corrupto debe ser escrachado donde se encuentre, no importa la situación ni la compañía, o a este gobierno le importan los niños que mueren de hambre, los enfermos de los hospitales, los jubilados, los pueblos originarios. El relato constantemente afirma y hace gala de los que adolece la dictadura.

La subverción del mensaje oficial es absoluta, van a expropiar papel prensa para garantizar la libertad de prensa, pero se ordena que la pauta oficial no se distribuya con La Nación, Clarín ni Perfil. Van a democratizar la justicia para dar protección y cobertura a Lázaro Baez y Cristóbal López. Dictan una ley de blanqueo de divisas para ingresar los dólares que no necesitamos ni podremos comprar.

Es obvio que en este esquema el Congreso jamás realizará un juicio político al Poder Ejecutivo, la justicia atacada por todos los frentes tampoco iniciara causa por traición a la patria a los diputados y senadores que han entregado la suma del poder público al Poder Ejecutivo. Los jueces independientes cada vez serán menos, por temor, cobardía o porque serán destituidos, el Poder Judicial parece condenado a su colonización definitiva. Asistimos a sus últimas manifestaciones de dignidad, la Cámara Civil, la del Trabajo, la patriada de Marijuan.

No me llamaría la atención que poco tiempo veamos civiles detenidos o que comience a aplicarse la ley antiterrorismo a quienes piensen diferente y a quienes todavía por algún medio nos expresamos en disidencia de esta dictadura disfrazada de democracia socialista latinoamericana, eufemismo de los verdaderos populismos facistas del siglo XXI.

Todavía, pese a este escenario terrible que nos toca vivir tenemos una última oportunidad en octubre, votar en contra, no la desaprovechemos.