LA MENEMIZACIÓN DEL CRISTINISMO

Jueces de la CSJN Zaffaroni, Petracchi, Highton de Nolasco, Lorenzzetti, Fayt, Maqueda y Argibay.

Cansado de estar cansado ya me cansé, dice la canción de Serrat. Parece ser que lo mismo sucede en el gobierno. No conformes con las presiones ejercidas sobre los jueces federales en la causa del Grupo Clarín, el intento de involucrar a la Corte Suprema, los desmanes en el Consejo de la Magistratura, la campaña sucia contra los camaristas federales Racondo y Farrell y las aberraciones jurídicas expresadas por el ministro Alak, ahora haciendo honor al grito de guerra “vamos por todo”, el oficialismo a decidido echar mano de un recurso extremo y optó por menemizar la discusión tribunalicia presentando un proyecto de Per Saltum en el Congreso con el objeto de que la Corte Suprema sea el tribunal que deba resolver la validez constitucional de los artículos 41 y 161 de la ley de Medios Audiovisuales.

Juez Recondo, victima de la ira Kirchnerista

Los jueces poseen “jurisdicción”, que es la facultad que les reconoce la ley para interpretar, aplicar, decir el derecho. Sin embargo, para evitar superposiciones  entre las decisiones de esos jueces la jurisdicción se encuentra limitada por la “competencia”, que puede estar dada en razón de la materia –federal, civil, penal, etc.-, del territorio –federal o provincial-, del grado o de las personas, según se trate de primera instancia, cámara o Corte.

En el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Constitución Nacional en sus artículos 116 y 117 le reconoce dos tipos de competencia, una originaria en la que la Corte funciona como un juzgado de primera instancia cuando el pleito esta vinculado con diplomáticos u otros casos expresamente enunciados  en esos artículos. Esta competencia es exclusiva y no puede ser ampliada ni restringida por el Congreso, porque su origen esta dado por la Constitución Nacional.

Sin embargo también tiene otra competencia que se denomina “derivada” –en contraposición con la originaria- y es aquella en que la Corte entiende en grado de apelación, es decir, como un tribunal superior que revisa la sentencia dictada por un tribunal inferior en grado. Esta competencia derivada puede  a su vez ser “ordinaria” o “extraordinaria”.

La competencia derivada en grado de apelación ordinaria se pone en marcha mediante un “recurso ordinario de apelación” que sólo puede ser tratado si reúne diversos requisitos enunciados por la ley procesal que lo legisla y la particularidad es que la Corte en este recurso esta habilitada para revisar las cuestiones de hecho, prueba y de derecho ordinario o federal en tanto la Nación sea parte directa o indirectamente, es una tercera instancia amplia, en al que el Tribunal debe decidir la cuestión en su sentencia.

La competencia derivada en grado de apelación extraordinaria, sea quizás la más importante de las funciones de la Corte Suprema, ya que mediante dicha facultad tiene la función de preservar la “supremacía constitucional” enunciada en el artículo 31 de la Constitución Nacional. Mediante de esta competencia que pone en marcha con el denominado “recurso extraordinario” y que es, al igual que la competencia ordinaria, infra constitucional porque esta regulada por una ley del Congreso que puede ser modificada, la Corte Suprema resulte la mayoría de los casos que solemos leer como noticias.

La particularidad de esta competencia extraordinaria es que la Corte sólo funciona como un tribunal de derecho, ya que por la ley 48 que es la que establece los supuesto de admisibilidad del recurso extraordinario, sólo se prevé la posibilidad de resolver conflictos normativos de naturaleza federal ya sea mediante la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica o su interpretación respecto de cómo debe ser aplicada.

Dromi, ex Ministro Menemista ahora asesor del Ministro De Vido

Hasta acá usted se preguntará que tiene que ver esto con la menemización del kirchnerismo, pues bien, en el esquema actual de la legislación procesal constitucional –es decir las normas procesales que son de aplicación ante la Corte Suprema- no figura regulado el denominado “Per Saltum”, que aparece como un figura procesal destinada a sortear los requisitos que se exigen a todos los argentinos para llegar hasta la Corte Suprema por la vía extraordinaria, cuando en el caso exista una situación de “gravedad institucional”.

Gravedad institucional es un concepto jurídico que remite a una situación que sometida a examen de un tribunal excede el interés particular de la parte que lo llevó a juicio porque su importancia se relaciona con el normal desarrollo de las instituciones de la Nación, de ahí la gravedad que se califica como institucional.

En rigor lo que busca este Per Saltum, también llamado By Pass, es sortear las instancias regulares del proceso para que sea la Corte Suprema la que debe resolver la cuestión. Normalmente este recurso de Per Saltum se ha intentado mediante un recurso extraordinario contra una sentencia dictada por un juez de primera instancia para sortear la intervención de una Cámara de Apelaciones o segunda instancia.

La Corte Suprema ha tenido desde la década de los ochenta y noventa diversos planteos de Per Saltum, entre los casos más renombrados se registran las causas:

Presidente Raúl Alfonsin

* Gobierno de Ricardo Alfonsín. Caso: “Margarita Belén” en la que la Corte rechazó el recurso sobre la base de que no se encontraba previsto en ninguno de los supuestos de su competencia originaria y exclusiva –arts. 116 y 177 CN- ni en los de su competencia derivada ordinaria o extraordinaria;

Presidente Carlos S. Menem

** Gobierno de Carlos S. Menea.  A) Caso: “Dromi” vulgarmente conocido como “Aerolíneas Argentinas”, en el que se aceptó la vía del Per Saltum, se dejo sin efecto la sentencia de primera instancia y se fijaron determinados requisitos que debían reunirse para su admisión: existencia de cuestión federal, gravedad institucional, admisibilidad excepcional y restrictiva, utilización del recurso extraordinario como vehiculo procesal sin la necesidad de reunir los requisitos de admisibilidad de ese recurso federal y posibilidad de deducirlo directamente ante la Corte Suprema. B) Caso: “González, Antonio Erman”, se ratificaron los requisitos fijados por la Corte para la admisibilidad del Per Saltum, pero se desestimo la presentación. C) Caso: “Operación Langostino”, se trataba de un caso de contrabando de estupefacientes, el Tribunal ratifico los aspectos formales delineados en el caso “Dromi” y alegó la existencia de “poderes implícitos” para resguardar las competencias jurisdiccionales.

Cabe señalar que a la par de estos casos se han intentado decenas de recursos de Per Saltum que la Corte Suprema ha rechazado por diferentes razones.

Cristina y Magnetto ex socios políticos, ahora reina el despecho

Volviendo a la actualidad política, el envió de un proyecto de ley al Congreso, como en la década de los noventa hizo el presidente Menem, para legislar el Per Saltum y obligar a que la Corte Suprema, sorteando la intervención de tribunales regulares, se haga cargo de la causa, sólo pone de manifiesto la desesperación que en estos día atraviesa la columna vertebral del gobierno Cristinista. Sin duda para ellos, el éxito de lo que plantean como la “Madre de tosas la Batallas” se perfila poco nítido, ya que han abierto diversos frentes contra el Poder Judicial para amedrentar a los jueces, quebrar su independencia y de ser necesario pasarlos como mojón de ruta para que la Corte sea la ponga las cosas en su quicio, o no.

Lo cierto es que Per Saltum o no, la sentencia de fondo de primera instancia es necesaria, ya que la Corte Suprema no podría resolver la causa sustituyendo al juez natural de esa instancia, ya que su competencia exclusiva no puede ser ampliada por ley. Sería interesante que el kirchnerismo que tiene gente muy capaz en sus filas relea los conceptos del Fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos “Marbury v. Madison”, donde justamente se trato este tema en un caso con aristas similares, designación de magistrados, fundamentalmente cuando el control de constitucionalidad de nuestro país se ha estructurado sobre esa doctrina.

LA REPÚBLICA SE ASOMA AL ABISMO

Fragata Libertad, buque escuela de la Armada Nacional, su futuro peligra en un puerto africano.

Sin miedo de ser incluido entre los eslabones de la cadena del desanimo y con el orgullo y la imprudencia de los que tienen una causa justa, “el respeto y la defensa de la Constitución Nacional”, debo gritar que la República esta en peligro y parafrasear a Elisa Carrio cuando afirmó que democracia sin República es fascismo, porque es la imposición de la voluntad de la mayoría por sobre los derechos de las minorías.

Muchos creen que dictadura necesariamente debe ser sinónimo de desapariciones, torturas y muerte, pero tal afirmación es una falsedad, una torpeza política o una viveza criolla para descalificar al oponente que la advierte.

Una dictadura se perfecciona cuando quién gobierna lo hace sin escuchar, sin respetar límites, sin ajustarse a las normas que el estado de derecho le impone al gobierno, sin respetar la Constitución Nacional, básicamente, cuando el gobernante se pone al margen de la ley.

Lamentablemente nuestra sociedad debió sufrir durante la década de los ’70 y ’80 una guerra que derivo en una dictadura, una guerra donde jóvenes idealistas asesinaron, secuestraron y pusieron bombas por doquier pensando que así lograrían cambiar un mundo de iniquidades. Lógicamente hubo reacción, siempre hay reacción, de uno u otro lado. La reacción fue un gobierno cívico militar que también se extralimitó, secuestró, torturó y mató. Nada nuevo bajo el sol, lo que pasa en todas las guerras, lo que nunca debería suceder.

Quizás las atrocidades vividas en aquellos años no nos permiten leer en su real magnitud las violaciones constitucionales que constantemente lleva adelante este gobierno. Quizás nuestro umbral cívico constitucional como sociedad esta desfasado por nuestro pasado reciente. Es la única interpretación razonable que encuentro para que soportemos mansamente que día a día el kirchnerismo viole las garantías que la constitución nos reconoce a los individuos frente al gobierno de turno.

Si no fuera por ese umbral elevado, como soportar los latrocinios de los funcionarios, las restricciones a la libertad, al ahorro particular, a la libertad de pensamiento, a la propiedad sin reacción alguna.

Que es lo que esta esperando el gobierno para tomar consciencia que la legitimidad del 54% se esta diluyendo como helado al sol. La multitudinaria marcha del 13 de septiembre, los reclamos de la Gendarmería y la Prefectura, la marcha de la CTA y de diferentes sectores representativos de la clase trabajadora urbana y rural, la promesa de un paro nacional antes de fin de año y lo que promete ser la mayor marcha opositora de todos los tiempos el 8 de noviembre próximo, no alcanza para que una nota de cordura se derrame del gobierno a la ciudadanía.

La persecución constante al Grupo Clarín, por ser el origen de todos los males del país, de todas las catástrofes climáticas de la Argentina, nunca fue creíble pero ahora es ridícula.

La patética imagen que da Cristina Kirchner haciendo chistes sobre quien le llena el pomo a quién, donde se inventó el alfajor o menospreciando a los alumnos de la Universidad de la Matanza, que deberían ser orgullo de esta sociedad por encarnar los valores de superación personal que deberíamos forjar en todos nuestros jóvenes.

Alak, Ministro de Justicia. Debe leer la Constitución.

La desubicación institucional del Ministro Alak recusando de manera serial a los jueces federales después de fracasar en el manejo arbitrario del Consejo de la Magistratura para designar una jueza adicta al régimen. A lo que debe sumarse los ridículos argumentos jurídicos con que se pretende amedrentar a jueces y representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura.

Escrache a jueces federales y representantes ante el Consejo de la Magistratura

Las irregularidades en los sorteos de las causas, los constantes sobreseimientos de funcionarios sobre los que la sociedad tiene la certeza de que son corruptos y se han enriquecido en la función pública.

La ineptitud del Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa para preparar el itinerario de la Fragata Libertad y el peligro de que perdamos la nave escuela de nuestra marina de guerra.

El vergonzoso flirteo de nuestro gobierno con el Estado Terrorista Islámico de Irán, autor o participe necesario del asesinato de varias decenas de argentinos.

El abandono de ciudadanos argentinos que son detenidos por servicios de inteligencia extranjeros y el muy probable conocimiento previo de dichas violaciones a los derechos humanos de esos ciudadanos, estas son algunas de las calamidades que las últimas semanas hemos tenido que soportar.

SI USTED CREE QUE ESTAS RAZONES NO SON SUFICIENTES CONCURRIR AL OBELISCO EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, DESPUÉS... DESPUÉS NO SE QUEJE.

Los argentinos te esperamos de vuelta en nuestros mares como emblema de la libertad. (Cabo de Hornos).

POR LA LIBERTAD

Amigos de la libertad, he agregado al listado de blogs amigos al site DESDE CUBA que reune a un grupo enorme de periodistas ciudadanos, como ustedes, como yo, que recogen la realidad de Cuba minuto a minuto y dan testimonio de la dictadura Castrista. Entre sus integrantes figura la conocida twitera Yoani Sánchez que acaba de recuperar la libertad.

Cliquee aquí para acceder a: Desde Cuba

Yoani Sanchez, twitera por la libertad de Cuba, una inspiración de libertad para toda América

VIVIR EN NEGRO

Ex ministro de Defensa y por ahora de Seguridad Nilda Garré

Que novedad, los medios periodísticos esta semana han descubierto que el Estado Nacional paga sueldos en negro, es decir al margen de la ley y en franca violación al art.14 bis de la Constitución Nacional.

Lamento notificar a esos medios que desde que allá por la crisis del 2002 el presidente de emergencia Eduardo Duhalde sacó de la galera las sumas “no remunerativas” con las que el sector público y privado debieron intentar, por imperativo del gobierno, que los  haberes recuperaran parte de su poder adquisitivo, el Estado nacional avaló el pago en negro, es decir, el pago de sumas que integran la retribución mensual pero que no forman parte de la remuneración.

¿Cómo es esto?, ¿Son remuneración o no?, la respuesta es que no son remuneración; si bien se perciben todos los meses en el recibo de sueldo, esas sumas siempre identificadas como un código o un adicional con un nombre determinado, no devengan aportes ni contribuciones provisionales, no son tomados como base para el pago de impuestos, no son tomados como base para el aporte a la obra social, ni se reflejan en el aguinaldo, vacaciones ni engrosan la base de calculo de aquellos que se jubilen o retiren durante la vigencia de esos pagos, ni las indemnizaciones, ni las indemnizaciones por daños y perjuicios. Y si algún damnificado pretende que esas sumas integren alguno de esos conceptos, primero debe deducir una demanda contra el Estado nacional y lograr que un juez decida que dichos montos debe ser integrados al concepto sueldo, es decir, es necesario que una sentencia reconozca la naturaleza “salarial” de dichas sumas o códigos.

Para que sirve esto. Para el Estado es fundamental, ya que siempre esta corto de caja, con problemas presupuestarios. Imagine usted que si el Estado mañana otorgara un aumento salarial equivalente a 1000 pesos, en las arcas estatales repercutiría por lo menos en un 25% más -$1250- cuando se comienza a calcular lo que debería pagar por contribuciones previsionales, obras sociales y otras cargas.

En el caso de las FFAA y de las fuerzas de seguridad el impacto económico es aun mayor, porque otorgar recomposiciones salariales en el concepto “sueldo” de la liquidación de haberes, importa automáticamente su traslado a los haberes de retiro, ya que estos son “móviles y proporcionales”, esto quiere decir que se calculan sobre la suma de los rubros liquidados como “sueldo” y “suplementos generales”, al tiempo que todos los suplementos generales, particulares y compensaciones -que son los que cobra un agente en actividad- se calculan como un porcentaje del sueldo.

Este mecanismo implica que un aumento de 100 pesos en un miembro de las fuerzas armadas o de seguridad, a nivel presupuestario puede impactar trágicamente si se tiene en cuenta que la cantidad de retirados y pensionistas de las fuerzas armadas y de seguridad supera ampliamente en varios miles a los efectivos en actividad. A ello hay que agregar que los uniformados no son tontos y la ley que los rige prevé que cualquier aumento que se otorgue a la generalidad deberá ser en concepto de "sueldo", justamente para evitar que se burle a los retirados.

Por esta razón, el Estado nacional haciendo un uso ilegitimo de las facultades que le otorgan las leyes de las fuerzas armadas y de la policía federal argentina, desde hace años inventa suplementos particulares para pagar aumentos salariales encubiertos al personal en actividad y evitar su pago al personal retirado.

Sin embargo, los desaguisados producidos por estas políticas salariales no se terminan en los problemas descriptos, tienen la virtud de dañar a todo el sistema ya que conducen a la desfinanciación de los sistemas de salud y al empobrecimiento de la clase pasiva, lo que lógicamente genera un alto índice de litigiosidad y miles de juicios que luego de peregrinar por juzgados y tribunales federales durante un promedio de 8 a 10 años, terminan en condenas contra el Estado Nacional, que debe pagar liquidaciones millonarias de capital e intereses por haber retribuido al margen de la ley a sus empleados.

Como se puede ver, en perspectiva, ponerse al margen de la ley para salvar los números de un presupuesto, acarrea a la larga el germen de mayores males que debemos afrontar todos, ya que cada condena al Estado Nacional es un juicio que pierden los habitantes argentinos.

RECLAMO SALARIAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Los reclamos de la Prefectura Naval Argentina a los que se han unido la Gendarmería Nacional han llamado la atención del público y hecho sonar todas las alarmas del gobierno, sin embargo lejos de ser un intento destitúyete como seguramente se intentara vender al electorado, se trata de una auténtica demanda salarial.

Para entender la cuestión debe tenerse en cuenta que ni las fuerzas armadas ni las fuerzas de seguridad tienen representación gremial, por lo que si sus integrantes no tienen una justa representación de sus respectivos comandantes, su suerte laboral es incierta, máxime frente a un gobierno como el kirchnerista que no siente demasiada inclinación hacía el color verde.

Sin embargo, nobleza obliga, el problema salarial de las fuerzas armadas y de seguridad no es autoría de este gobierno, aunque si es responsable de su agravamiento al usar indiscriminada y arbitrariamente la ley orgánica de las FFAA, que en materia salarial es aplicable a la PNA y a la GNA, para manejar a su antojo la política salarial de dichos sectores por razones de presupuesto.

Si miramos en el tiempo el problema salarial por manipulación de la ley 14.777 o 19.101 se retrotrae a la década del ’50, donde se inicio esta política de aumentar en negro al personal en actividad para evitar trasladar ese aumento al personal retirado. En síntesis el problema del Estado es un problema de caja, no político, que por su desmanejo termina convirtiéndose en un problema político con todo lo que implica para la sociedad argentina un problema de ese cariz con las FFAA y de seguridad.

Cual es la raíz del problema?. Su origen hay que buscarlo en el sistema previsional de las fuerzas armadas y de seguridad. Los miembros de dichas fuerzas cuando pasan a retiro gozan de un haber que es proporcional a dos ítems del salario de actividad, "sueldo" y "suplementos generales", haber de retiro que se moviliza automáticamente cada vez que aumentan esos rubros.

De esta manera el gobierno cuando debe aumentar los salarios del personal en actividad, para evitar los mayores gastos que presupone su aumento al personal retirado, lo hace sobre los dos rubros que no integran el haber de retiro y que se pagan en negro al personal en actividad, ellos son los suplementos particulares y las compensaciones. Son rubros en negro porque no devengan aportes ni contribuciones ni son base de tributos, pero al blanquearse adquieren esos caracteres, por lo que necesariamente se ven disminuidos en su pago mensual.

Nilda Garre, ex Ministra de Defensa

Desde el año 2005 a 2010 el gobierno fue aumentando sucesivamente cuatro suplementos particulares que habían sido creados en el año 93 hasta llevarlos a valores que representaban entre el 40 y el 60% del monto total que percibe mensualmente el agente activo.Estos montos, no se pagaban a los retirados, lo que consujo a una brecha enorme que resulta violatoria de los artículos 16, 17 y 14bis de la Constitución Nacional.

Lógicamente, esta política es como escupir para arriba, ya que generó decenas de miles de juicios por parte de los retirados y de los activos, a los que la Corte Suprema el año pasado terminó dándoles la razón en el caso Salas, empero la magnitud económica del blanqueo de dichas sumas de acuerdo a lo que establece la ley 19.101, cuyo sistema ya hemos dicho se aplica a esas cinco fuerzas, fue de tal importancia que la Corte dictó una nueva sentencia en el juicio  Zanotti, deprimiendo ese reconocimiento.

Secretario de Seguridad Berni

De cualquier manera, el descalabro salarial de las fuerzas armadas y de seguridad subsiste por única responsabilidad del poder ejecutivo que ha tratado en todos estos años manipular la ley 19.101. A veces me pregunto si no hubiera sido más fácil porponer una reforma legislativa concensuada, pero claro el oficialismo no concensua, impone.

Frente a estos hechos hasta ahora la única que ha reaccionado es la diputada Patricia Bullrich que viene siguiendo este tema desde hace al menos dos años, y ayer presento un proyecto en la Cámara de Diputados citando al Ministro de Defensa, para que de explicaciones de la política salarial que se esta siguiendo con las FFAA.

Mientras tanto, hoy se han sumado a los reclamos la Gendarmería y personal de la Armada y la  fragata Libertad ha sido demorada en Ghana por reclamos de bonistas acredores.

Lo único que debe quedar claro, es que estos hechos sólo tienen origen en un reclamo salarial, no importa como lo venda el relato oficial, acá no hay asonada militar de ninguna especie, espero que la tentación de restringir derechos civiles siga de largo y que el gobierno consiga a algún funcionario que sepa como funciona el sistema salarial y previsional de las FFAA y de seguridad.

Personal de la Prefectura Naval Argentina junto a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, en primeras horas de la mañana se habrían habido contactos con personal de la Armada, el reclamo salarial derá de díficil solución, salvo que el poder ejecutivo dicte una norma superadora que vuelva a su quisio la escala salarial de las FFAA y de seguridad. Sin perjuicio de ello, se impone un revisión de la ley 19.101 y su eventual reforma en materia previsional.

Que hacer con la justicia federal

La falta de cultura federal de la sociedad Argentina impide que los ciudadanos legos en derecho distingan claramente el alcance de muchos de los derechos enunciados en la Constitución Nacional relacionados con el gobierno federal.

Sin embargo, desde la reforma constitucional del año 1994, que reconoció autonomía a la ciudad de Buenos Aires, una visión federal de la justicia argentina nos permite rever el alcance de los artículos 24, 75 inciso 20 y 129 de la Constitución Nacional (juicio por jurados, facultades del Congreso para crear tribunales inferiores y reconocimiento de jurisdicción a la Ciudad Autónoma).

Norberto Oyharbide, Juez Federal

En los últimos días se ha producido un pico en las críticas que frecuentemente se realizan al juez federal Norberto Oyharbide.  Las impugnaciones a que es sometido están por demás fundadas ya que resulta obscena la impunidad con que expone su alineación con el oficialismo y la dudosa fortuna que tiene al momento de sortearse las causas más sensibles a la casa Rosada.

Parecería no haber un camino razonable para volver de la relación enfermiza que une al fuero federal con el oficialismo. Tampoco existe un organismo que permita confiar en el funcionamiento de los mecanismos constitucionales. El Consejo de la Magistratura, para el oficialismo, es un órgano esencial en su proyecto hegemónico y lo maneja eficientemente, desde allí da cobertura a los propios, persigue a los independientes, intenta manejar la designación de magistrados o en el peor de los casos las traba para especular con el régimen de subrogancias (sistema en que un juez debe hacerse cargo de otro juzgado vacante).

En una reforma constitucional esta institución debería ser derogada y volverse al régimen de la constitución histórica o al menos debería eliminarse la representación del poder ejecutivo y del poder legislativo en el Consejo de la Magistratura, en definitiva esos poderes tiene su participación específica en el proceso constitucional de designación de jueces, el ejecutivo al poder elegir al candidato de la terna propuesta y el legislativo mediante el acuerdo que otorga el senado.

La instauración del juicio por jurados es una deuda del Congreso

El verdadero control republicano sobre la actuación de los jueces federales no provendrá del Consejo de la Magistratura. La imparcialidad en los procesos judiciales e independencia del poder ejecutivo al momento de establecer la culpabilidad o inocencia de los funcionarios para la Constitución histórica proviene directamente del pueblo.

El artículo 24 de la Constitución Nacional señala que el Congreso promoverá el establecimiento del juicio por jurados, sin embargo esta es una deuda del Poder Legislativo con los argentinos que tiene casi 160 años.

Estoy convencido que los ciudadanos argentinos están perfectamente capacitados para integrar un jurado y determinar si existe culpabilidad o no en los delitos que se imputan a los funcionarios con la imparcialidad y celeridad del caso. Una justicia que tarda entre 10 y 15 años en finalizar un proceso a un funcionario desde el presunto momento en que cometió el delito, no es justicia.

Para un juez experimentado es muy fácil establecer, interpretar y fundar decisiones aparentemente lógicas, pero que se riñen con la realidad y, muchas veces, con el sentido común; sin embargo, si fuera el pueblo quien decidiera, por ejemplo, si constituyen delito las amenazas que Guillermo Moreno propicio telefónica y personalmente a Paula de Conto, la historia de la justicia argentina sería muy otra.

Imaginen si fueramos nosotros, los que pagamos los impuestos y mantenemos con nuestro dinero el sistema, quienes tuviéramos la responsabilidad de establecer el veredicto en los casos de las valijas de Antonini Wilson, las fortunas personales adquiridas por los funcionarios del kirchnerismo durante la función pública, Ciccone y tantas otras cuestiones, que diferentes serían las cosas.

Como argentino emplazo a los legisladores para que cumplan con el mandato del artículo 24 de la Constitución Nacional y les ruego que dejen de subestimar al pueblo, ya hemos demostrado con creces que somos maduros para asumir nuestro destino constitucional.

NY 25/9

Esta claro. Se ha perdido el miedo, hemos vencido al miedo. Las redes sociales se han convertido en el vehículo que garantiza la comunicación necesaria para la protesta.

Diferentes faceboqueros, twiteros y blogeros hemos encontrado la manera de canalizar la expresión de miles de argentinos sin costo de estructura política y sin necesidad de punteros o  partidos políticos. Desde nuestras casas, trabajos o estaciones de servicio como estoy haciendo en este momento, la sociedad civil, estudiantes, profesionales, trabajadores se movilizan, opinan, convocan, se expresan por la libertad. Somos editores de nuestros propios medios de comunicación y opinión.

La maravilla de la comunicación por Internet ha permitido que la misma protesta del 13/9 se haya convertido en un NY 25/9 y se proyecte el 8/11. Si, porque el 8 de noviembre el obelisco de la ciudad de Buenos Aires se vestirá de cacerola, como lo hizo ayer la estatua de la Libertad.

La primavera argentina que coincide con la primavera del 2012, anuncia un futuro de libertad como contraste a la intolerancia que nos impone el gobierno de turno. Ya llevan en el gobierno más tiempo que el que estuvieron los militares entre 1976 y 1984, y quieren más... increible.

Sin embargo, para que esta alegría que llega de la mano de la libertad de expresión sea efectiva y de frutos concretos es necesario que subamos a otro nivel del juego, que elevemos nuestra apuesta. Ahora se acerca el momento de comprometernos políticamente en alguno de los partidos de la oposición.

Si de mi dependiera, quisiera que los cientos de miles de argentinos que participaron del 13/9, en las plazas del país o desde su casa acompañando en espíritu esa manifestación, se volcaran al liberalismo; sin embargo no me importa si no lo hacen, mientras que hagan su aporte cívico en alguna de las opciones opositoras, hay muchas, hay para elegir.

¿Por qué no me importa? porque en este momento histórico es más importante que el triunfo de una idea, la preservación de la República; porque es más importante que el éxito personal de un compañero, correligionario, camarada o amigo, el éxito de la libertad y el fortalecimiento de las instituciones dirigidas a garantizar el gobierno limitado.

Entonces, esto no es una convocatoria, esto es un ruego. Imploro a todos los jóvenes y viejos; a todos aquellos que han militado políticamente y a los que nunca lo han hecho; a los que les interesa la política y a los que les resulta intrascendente, que hagan su aporte, que se comprometan, que colaboren por salvar a nuestro país de la intolerancia, del autoritarismo, de la corrupción, del populismo totalitario que azota a latino America.

Este esfuerzo en este momento será la única oportunidad que tendremos para poder asegurarnos que en algún momento volveremos a nuestra vida normal, seguros de que nadie nos molestará por lo que pensemos, leamos, miremos, expresemos o decidamos.

Argentinos, cada generación tiene una batalla que pelear, marchemos a nuestra lucha por la libertad con orgullo y alegria.