CAMINO A LA DEPENDENCIA JUDICIAL

La Nación da cuenta que en la reunión organizada por la agrupación “Justicia Legítima” fue la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó,  quién tuvo a su cargo las palabras de apertura y que habría afirmado, contestando el discurso dado por el presidente de la Corte Suprema en el acto de inicio del año judicial 2013, que  "La discusión de hoy no pasa por hacer un análisis de la jurisprudencia, que sin dudas ha significado una evolución. Lo que de aquí se trata es identificar esa matriz del Poder Judicial burocrática y autoritaria que subsiste".

Gils Carbó

Estas palabras sólo pueden ser interpretadas como la identificación de todos aquellos jueces, fiscales, defensores y funcionarios que piensen de manera diferente a dicha agrupación, que se ha arrogado la calificación de “legítima” volviendo, necesariamente, ilegítimos a todos aquellos que no se aliñen con ellos. Como anticipamos en la última nota, el Poder Ejecutivo a través de su brazo judicial, Gils Carbó, se ha puesto como objetivo iniciar una limpieza en la justicia y pronto veremos caer las primera victimas.

Si tenemos en cuenta que Estela Carlotto, Horacio González, Eduardo Barcesat y Beinusz Szmukler entre otros muchos jueces y fiscales, cerca de 500, participaron de la reunión del miércoles 27, no es difícil deducir la tendencia de esta nueva estructura político judicial.

Como ha caracterizado al kirchnerismo en los últimos años, esta organización se ha formado sobre la base de la lista interna que perdió las elecciones en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación y una de sus primeras declaraciones ha sido, justamente, restar representación y legitimidad moral a la Asociación de Magistrados, con el claro objeto de licuar la incidencia que pueda tener dentro de las discusiones judiciales.

Juez Gallardo, construyo su imagen obstaculizando las obras públicas de la administración de Mauricio Macri

Quizás sea el futuro juez Roberto Gallardo quién mejor haya definido el perfil de juez que “Justicia Legítima”, en donde milita, pretende para el Poder Judicial cuando en la renuncia al cargo de Defensor le señaló al Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Marío Kestelboim, que "sé que tanto usted como yo creemos en una Justicia dependiente. No creemos en la independencia como un fin en sí mismo ni en la neutralidad como una virtud. Aquellos que dicen ser apolíticos y neutrales, mienten. Esconden, bajo el velo de la «independencia» y la «objetividad» sus verdaderas posturas frente a los casos".

No sé donde habrán estudiado estas personas, pero hasta donde recuerdo la independencia de los jueces de todo poder, sea económico, empresario o político, siempre ha sido ponderado como una de las principales virtudes de un magistrado. Lo que queda claro de las expresiones de Gils Carbó y de Gallardo, es que “Justicia Legítima” pretende identificar a los magistrados y funcionarios independientes para lograr una justicia legítimamente dependiente del Poder Ejecutivo.

HACIA EL QUIEBRE DEL PODER JUDICIAL

Procuradora General de la Nación Gils Carbo

El Poder Ejecutivo ha quebrado al Poder Judicial y dado lugar a dos justicias, la legítima y la ilegítima. La Procuradora General de la Nación Gils Carbo no escatimo explicaciones para fundar esta dicotomía que nada podrá traer de bueno a la República.

Para ella coexiste un poder judicial legítimo y, por contrapartida, un poder judicial ilegítimo, lógicamente ella se identifica con el primero, y la línea divisoria de estas dos caras de la moneda es la permeabilidad a las presiones de los grupos económicos. En sus respuestas al reportaje de La Nación no existen presiones políticas del Poder Ejecutivo que esta fuera de esta ecuación.

Sobre la base de este nuevo relato judicial el Poder Ejecutivo viene reclamando, desde que se inicio la causa Clarín, que la Justicia se democratice, lo que en castellano antiguo significa que se cierren filas con el gobierno y se adecuen las decisiones a las necesidades políticas de Cristina Fernández.

Esta semana será podrá vislumbrar parte del futuro del Poder Judicial. Por un lado hoy se cumplen 150 años de la primera conformación de la Corte Suprema, aquella que designó el Presidente Mitre integrada totalmente por jueces de signo político contrario al de su gobierno, y el Dr. Lorenzetti, Presidente del Tribunal dará el discurso de inicio del año judicial donde fijará los objetivos para el 2013 y seguramente hará un balance de lo actuado a la fecha.

Mañana, miércoles, se reunirá en la Biblioteca Nacional la organización autodenominada Justicia Legítima, cerca de 680 personas entre funcionarios, jueces y fiscales para debatir sobre la independencia del Poder Judicial.

El viernes 1º de marzo Cristina Fernández dará inicio a las sesiones ordinarias del Congreso y la Asamblea Legislativa oira atentamente sus palabras de las que se espera más de un reclamo al Poder Judicial.

Filosofo Carl Schmitt

Se repite la lógica Schmitiana en que el gobierno funda su estilo y acción, esa dicotomía amigo enemigo, ahora se traduce al idioma judicial como justicia legítima o justicia ilegítima. En el camino de esta contienda veremos caer en desgracia a más de un magistrado y funcionario probo y de carrera intachable por no pertenecer a los autodenominados “legítimos”. Cualquiera que no sea de ese grupo estará expuesto a las críticas más crueles y a que sus miserias humanas sean ventiladas.

Sin embargo, la verdad debe ser dicha, el Poder Ejecutivo no busca la independencia ni la democratización del poder judicial, lo que busca es su alineación y obediencia al Poder Ejecutivo, exige la dependencia política a los intereses del partido gobernante.

No es nuevo. Si a Menem le bastó con una Corte que no obstaculizara sus planes de gobierno, el kirchnerismo reclama disciplina en todas las instancias y en todos los fueros, y quién ose traicionar este mandato imperial deberá ser castigado de manera ejemplar y reformarse.

Si usted quería saber el verdadero significado de la expresión “vamos por todo” en estos días lo encontrará.

Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de justicia de la Nación

ALGUNAS FRASES DEL DISCURSO DEL JUEZ RICARDO LORENZETTI EN EL INICIO DEL AÑO JUDICIAL 2013 Y 150º ANIVERSARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.

* La Corte Suprema es una institución muy importante porque es la que debe interpretar la Constitución, la que debe defender el Estado de Derecho, la que debe garantizar los derechos y la libertad de los argentinos, con independencia de todo otro poder jurídico o fáctico. Pero las instituciones no son ajenas a la historia, a la situación del país, a las demandas del pueblo y a la influencia que cada generación ejerce sobre ellas.

 * Desde su fundación, el Tribunal defendió el derecho a la libertad de expresión, que nosotros hemos desarrollado con los perfiles actuales. Buenos ejemplos de ello son la afirmación de la posibilidad de ejercer la crítica en una sociedad democrática y el control de la publicidad oficial en tanto sea un mecanismo de censura indirecta.

*Los argentinos tenemos un enorme aprecio por esa libertad, especialmente por el derecho a vivir conforme a nuestras decisiones personales, sin que exista alguien con el poder de dirigirnos.

* No hay que tener miedo a la libertad, ni miedo a quienes quieren restringirla. 

*La postergación de los derechos de los jubilados nos conmueve, porque no es justo que quienes han aportado lo suyo tengan que hacer juicios interminables para reclamar lo que legítimamente les corresponde.

*…es esencial que seamos transparentes en nuestra conducta.

* Debemos mostrar una clara independencia de los intereses económicos; por eso es que la Corte dictó una acordada diciendo que cuando recibimos a una parte, también debe estar la otra. Asimismo las empresas deben ser transparentes y no abusar del derecho, como lo afirmó la Corte en importantes casos en materia comercial. 

* Cada uno de los argentinos tiene en su memoria y en su corazón, el nombre de una tragedia: “República Cromañón”, “Lapa”, “Río Tercero”, “Once”, “Amia”, “Embajada de Israel”, “Juicios de lesa humanidad”. … es imprescindible convocar a los demás poderes del Estado, tanto nacional como provincial, para discutir un régimen procesal especial para estas tragedias, para que no veamos grupos de personas reclamando justicia año a año. Ese régimen también debe incluir a las acciones preventivas. 

* No sólo debemos cuidar la memoria, sino también sentar las bases para que nuestros hijos y nietos puedan decir lo que piensan, discutir libremente, soñar con cambiar el mundo, sin que nadie los persiga.

* Ya no hay pensamiento único, hay conflictos y consensos básicos o mínimos.

* Hay argentinos del norte y del sur, pueblos originarios e inmigrantes, de religión católica o judía, liberales o progresistas, pero todos tienen el rasgo común de ser seres humanos, de albergar iguales temores frente a la adversidad, de sufrir las mismas necesidades y de compartir el deseo de un futuro mejor para sus hijos. 

* La gran tarea es consolidar esos principios en el pueblo y no en un grupo reducido. 

* Hay suficiente experiencia en el mundo que muestra que las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales, como por ejemplo apoyar el Holocausto, el terrorismo de Estado, o la pena de muerte. Por eso es que existen los derechos humanos que son inderogables, por eso se habla de democracia constitucional por eso es que las decisiones de las mayorías pueden ser declaradas inválidas por los jueces cuando son contrarias a la Constitución.

* Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino que hemos dicho lo que es contrario a la Constitución, o hemos afirmado lo que la Constitución quiere que se haga.

CONTROL DE PRECIOS & CENSURA INDIRECTA

Una imagen que no veremos por mucho tiempo de aprobarse el Tratado con el Estado Terrorista de Irán

Mientras en la Cámara de Diputados se juega el destino argentino de las próximas décadas, y porque no decirlo la paz y tranquilidad del país, con la discusión de un Acuerdo de Entendimiento con Irán que ya se ha develado como una alianza estratégica con un estado terrorista, otro sector del gobierno continúa con sus ataques a la prensa libre.

La prohibición a los supermercados de publicitar sus ofertas en los diarios afecta de lleno a Clarín y La Nación, fundamentalmente porque a esos medios también se les ha retaceado indignamente la pauta oficial que ha sido distribuida generosamente entre los medios adictos.

Esta claro que el periodismo militante se ha convertido en un excelente negocio, máxime en estos tiempos que vemos viene acompañado de alguna cuota de impunidad para los siniestros automovilísticos.

En términos más técnicos el Poder Ejecutivo esta violando una vez más la Constitución Nacional, en este caso el artículo 14 cuando garantiza el derecho de los habitantes a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Quitar fuentes de financiación a los medios que no son adictos al régimen imperante se denomina “censura indirecta”.

La Corte Suprema ha decidido hace años que el amparo constitucional a la libertad de prensa sin censura previa se extiende al derecho de empresa de los medios de comunicación, de donde un ataque a ese derecho, como las medidas que venimos comentando, representan un claro ataque a la libertad de pensamiento.

Ministro de la CSJN Fayt

El juez Fayt señaló en el caso “La Prensa” que correspondía “garantizar que la empresa periodística esté en condiciones de cumplir su misión de informar a los ciudadanos y al propio Estado, fiscalizar el ejercicio del poder estatal, y educar y formar mediante la crítica social y educacional”,  esto es lo que la Corte Suprema de los EEUU ha denominado dimensión estratégica de la libertad de prensa, no sólo la libertad de expresarse y publicar ideas, sino el derecho de la sociedad de enterarse a través de esas publicaciones de los que esta sucediendo,  de lo que hace el gobierno.

En la actualidad, por una vía oblicua, el Poder Ejecutivo se asegura restar ingresos y poner en aprietos a dos diarios que han mantenido un posición de independencia frente al gobierno kirchnerista. No existe resolución administrativa ni decreto que se motive en dichas razones, sin embargo el uso arbitrario que Moreno viene haciendo de sus facultades, a instancias del Poder Ejecutivo, constituye una clara desviación de poder que resta toda legitimidad jurídica a la medida y que sólo encuentra eficacia en el miedo a las consecuencias que encierra desobedecer las decisiones de ese funcionario.

Tal es así, que se esta estudiando dar ciertas ventajas a los supermercados que hayan obedecido la ordenes verbales de este personaje, fundamentalmente mantener congelados los precios y no hacer publicidad en los medios de las ofertas, premios que no gozarán aquellos que no se hayan alineado decididamente a las disposiciones morenistas.

Ciertamente resulta inconcebible como es posible que existan personas con ideas tan retrogradas y ridículas, probadamente inútiles y base de costosos fracasos, como pensar que el “mercado” puede manejarse desde un escritorio y disponer el valor de las cosas divorciado de los costos de producción y de la oferta y demanda de esos productos.

Si de buenas intenciones esta empedrado el camino al infierno, de idiotas debe estar plagado dicho sendero, no hay duda.

Como vemos la batalla por los medios no ha terminado y promete traer nuevas escaramuzas, por lo pronto veremos que hace Marcelo Tinelli, que tan suculento será el plato de lentejas que le ofrezcan por pasarse a Telefe y cual su templanza para evitar convertirse en un colaboracionista más.

CAMINO A LA IMPUNIDAD TERRORISTA

Este miércoles 27 de febrero la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina discutirá la sanción del Memorando de Entendimiento entre la República Terrorista Islámica de Irán y nuestro país.

El Tratado encierra diversas inconstitucionalidades, viola los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y como se trata de una norma abierta que habilita a posteriores regulaciones por la Comisión de la Verdad que crea en su texto, seguramente habrá otras inconstitucionalidades más por venir. Sin embargo, hasta estas agresiones a nuestro sistema jurídico a nuestro edificio institucional pierde importancia frente a lo que hay detrás de ese Tratado internacional.

Si se llegara a sancionar el acuerdo con Irán no sólo se desplazaría nuestro derecho interno –ley de procedimientos penales y eventualmente ley penal de fondo- sino que se develaría una nueva realidad política del país frente al mundo, convirtiéndonos, de alguna manera, en un país funcional al sector más retrogrado del mundo fundamentalista musulmán, si es que los fundamentalismos permiten ser medidos en grados evolutivos.

Sin duda el gobierno esta convencido de lo que ha negociado en estos dos años y su voluntad de pertenencia a ese sector del mundo aparece manifiesta y por eso soporta las enfurecidas críticas de todos los sectores de nuestra sociedad de vocación democrática y cosmopolita. Me pregunto sin embargo, si el Gobierno es consciente de todo lo que abandona al arrodillarse ante el terrorismo islámico.

Cristina Kirchner ha decidido llevar a la República Argentina a una de sus noches más oscuras, sólo comparable con los momentos más dramáticos del proceso militar 1976/1984 y con su decisión convierte a nuestras instituciones en participes necesarios de la impunidad que cubrirá a la voladura de la AMIA.

En una de las tantas manifestaciones de su trastorno obsesivo compulsivo por descollar en ese grupúsculo de patéticos dictadores latinoamericanos entre los que se cuentan el moribundo Chávez, Correa, los hermanos Castro y Morales, todos más cercanos al personaje de Woody Allen en Bananas que a estadistas de la talla de Churchill o De Gaulle; Cristina Kirchner, aunque lo niegue, ha decidido convertir a nuestra nación en una republica antisemita, Picheto inconscientemente lo ha dejado expuesto.

Yo le ruego a todos los diputados nacionales, de todos los partidos políticos, de la izquierda a la derecha, sean partidos nacionales o expresiones provinciales, que voten en contra de este Memorando con Irán, no acompañen ni colaboren a que se escriba la página más obscura de la historia argentina de este siglo XXI.

El 27 de febrero se vota mucho más que un acuerdo con una potencia extranjera, se vota si decidimos ser una sociedad moral y civilizada o si elegimos el camino del terror y la impunidad; se vota el respeto a nuestros muertos, sin importar sus creencias, o si transamos con su sangre por quien sabe que negocio o ego en juego.

Señores Diputados, ayuden a su pueblo a que se sienta orgulloso de ustedes.

Victimas de la AMIA, su memoria reclama votar en contra de un Tratado que deja impune sus asesinatos.

LA SESIÓN MÁS VERGONZOSA DEL SENADO ARGENTINO

Ayer por la tarde, jueves 21 de febrero de 2013, la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina escribió una de las páginas más obscuras de la historia legislativa argentina. Por 39 votos a favor, 31 votos en contra, y la abstención de los senadores Menem y Meabe (esta última liberal de Corrientes), se dio media sanción al Memorándum de Acuerdo con la República Islámica de Irán.

Canciller Argentino Timerman

Dicho Estado esta imputado de haber sido el financista e instigador del atentado terrorista contra la AMIA –Asociación Mutual Israelita Argentina-, conducta que puede ser entendida como un acto de guerra de una nación contra otra. Sin embargo el casi centenar de asesinatos perpetrados por Irán contra ciudadanos y habitantes argentinos, gracias al Senado y a una errática y oportunista concepción de la política exterior argentina, ahora podría quedar impune.

Mahmud Ahmadinejad, presidente de Irán 

Más allá de las varias violaciones constitucionales que encierra este acuerdo, redactado a la medida de las necesidades políticas del presidente Mahmud Ahmadinejad, el mismo que niega la existencia del holocausto provocado por los nazis y despierta la admiración del dirigente social Delia, el poder ejecutivo ha tenido la virtud de destruir su política de derechos humanos o, en todo caso, se ha quitado la careta acerca de la orientación de su verdadera concepción sobre los derechos humanos. Materia necesaria e indispensable del relato oficial.

Senadores Fernández y Picheto operadores oficialistas

El poco prestigio que le quedaba al gobierno de Cristina Kirchner, después e haber asfaltado su administración con fracasos económicos ya inocultables, estaba fundado en los juicios llevados a cabo contra las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares que participaron en la lucha contra la subversión terrorista que azotó al país desde mediados de los ‘60 y hasta principios de los ’80. Aún cuando nunca se contempló brindar verdad y reparación en justicia a los deudos de las victimas de aquella subversión terrorista, era innegable la legitimidad de esos juicios, aun cuando se tratara de una legitimidad a medias.

Ahora, este acuerdo, que sólo conduce a liberar de la persecución internacional a cinco funcionarios iraníes, también corre el velo de la verdadera concepción que tiene el gobierno sobre los derechos humanos. Una concepción parcial, sesgada, fundada en la venganza institucional y que ahora se viste de oportunista y nos hunde en la más profunda vergüenza como nación.

Los 39 senadores que ayer dieron su voto afirmativo al Memorándum de Entendimiento con Irán, no sólo dejaron expuesta su obediencia debida a un poder ejecutivo que ya ha traspasado los umbrales del bipolarísmo para transitar otros obscuros e intrincados caminos psiquiátricos, sino que deberán cargar por el resto de sus vidas con el peso de haber violado, por primera vez algunos y nuevamente otros, los derechos humanos de los habitantes de esta Nación.

Sinceramente espero que Dios se apiade de ellos, al tiempo que hago votos para que la sociedad argentina no olvide y que algún día sean enjuiciados y condenados por transar con quienes asesinaron a 85 argentinos e hirieren a más de 300.

Quizás todos deberíamos ponernos de pie y gritar:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AMIA NUNCA MAS, NI OLVIDO NI PERDÓN, JUICIO Y CASTIGO.

DEMOKRATIZAR MIENTRAS LLEGA EL 27D

DEMOKRATIZAR AL PODER JUDICIAL

La causa del Grupo Clarín esta destinada a convertirse en un caso de manual jurídico. Somos testigos del pleito más importante de las últimas décadas, no sólo por los valores económicos que se encuentran en discusión, sino por la calidad de los derechos que están en juego. Todas las partes involucradas están convencidas de la trascendencia absoluta de los derechos que defienden y ciertamente, en ese proceso se esta definiendo una nueva interpretación de la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y, fundamentalmente, de la manera de interpretar a la Constitución Nacional.

En las notas anteriores hemos relatado los diferentes avatares por los que ha transitado el caso en primera instancia, cámara y Corte Suprema. Las decisiones del Poder Judicial han pegado tan fuerte en el Poder Ejecutivo que los ataques a la justicia han tomado un cariz inusitado en cualquier país que se denomine República. La división de poderes y el respeto reciproco que se deben los departamentos del Estado, han sido pulverizados por el Poder Ejecutivo que después de colonizar al Legislativo pretende cooptar el Judicial.

Se ha integrado al “relato” la idea de que no es posible que los jueces declaren la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso, la mayoría electoral ha reemplazado a los mecanismos constitucionales y se intenta por este medio vaciar de sus funciones al Poder Judicial. Se podría afirmar que el discurso oficial peca de golpista al intentar anular a uno de los tres poderes previstos por la Constitución Nacional.

Entre los desmanes del Ministro de Justicia Alak y los improperios del jefe de Gabinete de Ministros  Abal Medina, que ha tratado de jueces de mierda a los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal, vemos desfilar a dirigentes kirchneristas como Fuentes, Conti, Sabbatella, los conductores de 678 y muchos otros que se han dedicado a insultar, denostar y ningunear a los jueces de la Nación.

Se olvidan estos dirigentes, incluída la señora presidenta, que hace 10 años que el kirchnerismo está en el gobierno, no recuerda que antes de ser la primera magistrada durante muchos años fue legisladora, diputada y senadora. ¿Cuantos de los jueces que integran hoy el Poder Judicial han sido nombrados por el kirchnerismo o contado con su acuerdo en administraciones anteriores? De los siete miembros de la Corte Suprema, cuatro llegaron de la mano de Néstor Kirchner, este origen no los afecta, ni desmerece sus capacidades profesionales y académicas que las tienen y muchas, pero pone de manifiesto que son los magistrados que este mismo gobierno ha elegido. Lo mismo califica para la integración del Ministerio Público, o acaso el Dr. Righi era de origen radical o la Dra. Gils Carbó es liberal.

La Argentina, junto a los Estados Unidos de Norteamérica, son de los pocos países en el mundo que cuentan con un sistema de control de constitucionalidad difuso, esto es que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley del Congreso o de un decreto del Poder Ejecutivo o de cualquier otro tipo de acto gubernamental, sea federal o local, cuando resulta contrario a la Constitución Nacional. Este modelo de control de constitucionalidad quizás sea la mayor garantía de independencia de criterio que se reconoce al poder judicial, ya que resulta imposible pretender controlar a centenares de jueces para que piensen igual o decidan en un mismo sentido. Por eso es aquí donde surge la necesidad de intervenir, bajo la excusa vil de la democratización, lo que se busca es anular a un poder que es el que esta llamado a poner un freno a los avances constantes del Poder Ejecutivo sobre las libertades individuales.

Pero no importa, quiere democratizar al Poder Judicial, hágalo, sancione inmediatamente una ley que ponga en funcionamiento el juicio por jurados, formato que la Constitución Nacional exige desde 1853 y ningún gobierno ha implementado. Quiere democratizar el Poder Judicial cree con fuerza de ley la designaciones de fiscales especiales para el fuero criminal federal, como hizo los Estados Unidos cuando debió enfrentar Watergate y Nixon presiono al Procurador General, sino al menos deje trabajar a los fiscales actuales, en lugar de crearle estructuras paralelas para vaciarlos de poder como se esta por hacer con el Fiscal Pleé en la causa Ciccone.

Señora presidenta, parecemos, pero no somos, entendemos lo que esta pasando.

SITUACIÓN PROCESAL DEL CASO CLARÍN EN LAS VISPERAS NAVIDEÑAS Y DEL 27D

El día lunes por la mañana los abogados del Grupo Clarín contestaron el recurso extraordinario deducido por el Estado Nacional contra la sentencia de la Sala I de la CNACyCF. El expediente ya ha sido elevado a la CSJN y está a estudio.

A su vez, el Estado Nacional apeló por Per Saltum la sentencia de primera instancia del juez Alfonso, aparentemente el rechazo de la defensa de falta de legitimación y las costas parciales por ese vencimiento serían los agravios, no llego comprender cual sería la gravedad institucional del caso, pero eso es lo que circula por los bares tribunalicios.

Para finalizar el cuadro procesal, esta pendiente de tratamiento por la CNACyCF la apelación ordinaria deducida por el Grupo Clarín respecto de la sentencia del juez Alfonso que fue concedida con efectos suspensivos, es decir, que otorgarse la apelación surte un efecto similar al de la cautelar, aunque no hay que confundir esta consecuencia con la cautelar misma, ya que esa medida ha perdido vigencia como tal según la propia sentencia.

Por lo tanto la CSJN llega a la noche buena con dos recursos federales –extraordinario y per saltum- deducidos en la misma causa, pero sobre cuestiones de dudoso tratamiento y éxito en la CSJN. Seguramente no habrá respuestas del Tribunal hasta la semana próxima, ya que último acuerdo del año será el jueves 27, fecha en la que el Poder Ejecutivo pretende que se ponga punto final a esta historia.

La pregunta del millón es cuantas posibilidades de prosperar tienen estas apelaciones.

Según se comentaba el día de hoy, la CSJN podría deshacerse del recurso extraordinario por haberse vuelto abstracto el objeto del recurso, ya que al dictarse la sentencia de primera instancia se cumplió con lo ordenado por la CSJN en la sentencia del 27/11/2012 y el juez dejo sin efecto la medida cautelar, por lo que no existiría nada que resolver.

En cuanto al Per Saltum, parecería no existir agravio concreto que pueda invocar el Estado Nacional. La sentencia de Alfonso, si bien rechazó la defensa de falta de legitimación que había opuesto el Estado Nacional fue beneficiosa para este, ya que ese rechazó fue el que habilitó al juez a declarar la validez constitucional de la Ley de Medios para el caso. Tal circunstancia determinaría la falta de gravamen que habilite la instancia de revisión de la Corte Suprema y sellaría la suerte adversa del Per Saltum.

Un argumento adicional para el fracaso del Per Saltum es que el Grupo Clarín ha habilitado la instancia de revisión ordinaria con el recurso de apelación que deberá resolver la CNACyCF, lo que significa que si la CSJN se avocara al tratamiento del Per Saltum sobre el fondo de la cuestión, estaría desplazando a los jueces naturales de la causa, y dando lugar una violación a las garantías procesales de la Constitución Nacional, algo que los jueces de la CSJN.

Al Poder Ejecutivo sólo le resta esperar a que la CNACyCF se pronuncie y recién ahí ver que hace, ya que si la Cámara confirma la sentencia de Alfonso, será el Grupo Clarín quién llevara la cuestión hasta la CSJN por vía extraordinaria y si, por el contrario la sentencia fuera revocada, será el PEN quién deberá deducir el recurso extraordinario.  En ese exacto momento procesal, parecería que la CSJN ya no tendría argumentos formales para retrasar su pronunciamiento.

Agotadas todas estas instancias y recursos se abrirá la instancia internacional y la batalla por la Ley de Medios seguramente se trasladará a la Corte Internacional de Derechos Humanos en Washington, ya que existen múltiples normas de derecho internacional que se pondrán en juego.

Dr. Damian Cassino, abogado del Grupo Clarín

Por último, queda el pleito adicional de FIBERTEL, al que los medios no le prestan demasiada atención pero que viene a complicar el cuadro, ya que en esa causa el juez federal Torti ha dictado una medida cautelar de no innovar que obliga al PEN a abstenerse de tomar decisiones que pongan en peligro el normal servicio de Internet, por eso el abogado Damián Cadsino de Clarín la primera declaración que hizo a la prensa cuando irrumpió Sabbatella en Clarín el lunes pasado fue que peligraba el servicio de Internet.