El martes pasado por la tarde la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Argentina le dio un mensaje a los argentinos y
fundamentalmente a Cristina Fernández de Kirchner.
Ese mensaje dice que el Poder Judicial de la República
Argentina no está dispuesto a soportar que las ambiciones de los políticos de
turno se lleven puesta la Constitución nacional. Porque la República Argentina
es, en síntesis, su Constitución nacional.
La Constitución representa los valores en los que nos
fundamos como nación, en ella descansan y viven los ideales de gobierno
limitado y división de poderes en que se basa nuestro sistema republicano. Valores
cuya actualidad permanece inalterable desde 1853, o acaso no son los valores
que recuperamos en 1983 y que en estos 30 años hemos tratado, como pudimos, a
los tropiezos, mantener y defender.
El papel que en esa arquitectura se le ha asignado al
Poder Judicial, a través de su Corte Suprema, es quizás el más difícil de los
que repartió el constituyente, ya que los jueces forman parte del poder más
débil y deben frenar a los poderes más fuertes. Ese freno es el que
valientemente asumió la Corte Suprema esta semana al declarar la
inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura.
En los últimos meses el gobierno nacional a través de
sus voceros ocasionales, diputados, senadores o ministros, todos genuflexos
oportunistas ha llevado adelante una campaña subversiva para confundir
maliciosamente a la sociedad.
Deliberadamente llamo subversiva a la conducta del
Poder Ejecutivo, porque se ha dedicado a subvertir el verdadero sentido y
significado de las instituciones, con el objeto único de adecuar a sus
necesidades y ambiciones Constitución y leyes fundamentales de nuestra organización
política.
La primera de las afirmaciones de esa campaña dirigida
a desconstitucionalizar a nuestra sociedad, se fundó en que los tribunales no
pueden declarar la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas por el
Congreso. Gran mentira, la esencia del Poder Judicial radica en la facultad de
declarar inconstitucional cualquier norma jurídica –ley, decreto o resolución-
que se oponga o contradiga a la Constitución nacional, sin importar que Poder
del Estado haya sido el autor de dicha norma. Si no fuera legitima esa facultad
como se entiende la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que
establecieron el punto final a los juicios de lesa humanidad.
Espejito espejito, ¿quién será la futura Presidente de la Argentina?, ¿Qué deberé destruir para ser YO? |
Cualquier ley, decreto o resolución puede y debe ser
declarada inconstitucional si se opone a la Constitución nacional, esto es lo
que se llama “control de constitucionalidad” y así funciona en el mundo entero,
salvo claro está en los países a los que es tan afín nuestro gobierno como
Venezuela o Cuba, donde es una mera ficción y los jueces están llamados a dar
barniz de legalidad al atropello de los derechos humanos por parte del Estado.
Otra mentira que ha sido profusamente vociferada para
confundir a la sociedad es la crítica al Poder Judicial como poder “contra
mayoritario”, en el sentido de que sus sentencias deben acompañar al gobierno
en sus caprichos y qué de no hacerlo así atentan contra la voluntad popular.
Esta es una afirmación que roza la criminalidad, la
naturaleza del Poder Judicial no es contra mayoritaria ni mayoritaria, la
naturaleza del Poder Judicial en el edificio republicano de nuestra
Constitución nacional radica en la doble función de administrar justicia y ser
custodio de la supremacía de la Constitución nacional. Dicha supremacía
constitucional, cuyo último guarda es la Corte Suprema, es el reaseguro
previsto por el constituyente frente a eventuales desvíos de los otros poderes
que atenten contra los derechos e instituciones por ella reconocidos.
En estos momentos aciagos de las instituciones
democráticas en el que un gobierno autoritario, cerrado, agresivo y proclive a
los vicios de los sistemas autocráticos y facistas pretende avanzar sobre las
libertades individuales y las instituciones republicanas, es cuando debemos
valorar la valentía de seis jueces que han puesto un límite a los desmanes del
Poder Ejecutivo.
Frente al “vamos por todo” se ha levantado una
sentencia que se sintetiza como “hasta acá llegaron”.
Sin embargo, esto ha sido sólo una de las muchas batallas
que deberemos dar para defender a la Constitución nacional, y es a ella a quien
ahora atacarán de lleno. Ya lo han anunciado, ya han comenzado a decirlo en los
medios que dominan mayoritariamente y aunque lo niegue, es lo que Cristina
Fernández de Kirchner alimenta y acaricia todas las noches, su proyecto de
perpetuarse en el poder a cualquier costo. Ya está claro que la única manera de
lograrlo será modificando o prescindiendo de la Constitución nacional, porque
ella se cree una mujer sin límites y rodeada de enemigos.
Festejemos este Fallo de la Corte Suprema, pero seamos
conscientes de que se avecina una reacción mayor que demandará un esfuerzo superior
de todos los que creemos en que la libertad del individuo es más importante que
la voluntad de la colectividad, que el gobierno sin límites es una tiranía y
que la democracia sin república es una dictadura de las mayorías. Salvando las distancias, podemos afirmar de este Fallo,
como alguna vez lo hizo Winston Churchill que “…nunca tantos le debieron tanto
a tan pocos”.
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