DEMOKRATIZAR MIENTRAS LLEGA EL 27D

DEMOKRATIZAR AL PODER JUDICIAL

La causa del Grupo Clarín esta destinada a convertirse en un caso de manual jurídico. Somos testigos del pleito más importante de las últimas décadas, no sólo por los valores económicos que se encuentran en discusión, sino por la calidad de los derechos que están en juego. Todas las partes involucradas están convencidas de la trascendencia absoluta de los derechos que defienden y ciertamente, en ese proceso se esta definiendo una nueva interpretación de la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y, fundamentalmente, de la manera de interpretar a la Constitución Nacional.

En las notas anteriores hemos relatado los diferentes avatares por los que ha transitado el caso en primera instancia, cámara y Corte Suprema. Las decisiones del Poder Judicial han pegado tan fuerte en el Poder Ejecutivo que los ataques a la justicia han tomado un cariz inusitado en cualquier país que se denomine República. La división de poderes y el respeto reciproco que se deben los departamentos del Estado, han sido pulverizados por el Poder Ejecutivo que después de colonizar al Legislativo pretende cooptar el Judicial.

Se ha integrado al “relato” la idea de que no es posible que los jueces declaren la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso, la mayoría electoral ha reemplazado a los mecanismos constitucionales y se intenta por este medio vaciar de sus funciones al Poder Judicial. Se podría afirmar que el discurso oficial peca de golpista al intentar anular a uno de los tres poderes previstos por la Constitución Nacional.

Entre los desmanes del Ministro de Justicia Alak y los improperios del jefe de Gabinete de Ministros  Abal Medina, que ha tratado de jueces de mierda a los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal, vemos desfilar a dirigentes kirchneristas como Fuentes, Conti, Sabbatella, los conductores de 678 y muchos otros que se han dedicado a insultar, denostar y ningunear a los jueces de la Nación.

Se olvidan estos dirigentes, incluída la señora presidenta, que hace 10 años que el kirchnerismo está en el gobierno, no recuerda que antes de ser la primera magistrada durante muchos años fue legisladora, diputada y senadora. ¿Cuantos de los jueces que integran hoy el Poder Judicial han sido nombrados por el kirchnerismo o contado con su acuerdo en administraciones anteriores? De los siete miembros de la Corte Suprema, cuatro llegaron de la mano de Néstor Kirchner, este origen no los afecta, ni desmerece sus capacidades profesionales y académicas que las tienen y muchas, pero pone de manifiesto que son los magistrados que este mismo gobierno ha elegido. Lo mismo califica para la integración del Ministerio Público, o acaso el Dr. Righi era de origen radical o la Dra. Gils Carbó es liberal.

La Argentina, junto a los Estados Unidos de Norteamérica, son de los pocos países en el mundo que cuentan con un sistema de control de constitucionalidad difuso, esto es que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley del Congreso o de un decreto del Poder Ejecutivo o de cualquier otro tipo de acto gubernamental, sea federal o local, cuando resulta contrario a la Constitución Nacional. Este modelo de control de constitucionalidad quizás sea la mayor garantía de independencia de criterio que se reconoce al poder judicial, ya que resulta imposible pretender controlar a centenares de jueces para que piensen igual o decidan en un mismo sentido. Por eso es aquí donde surge la necesidad de intervenir, bajo la excusa vil de la democratización, lo que se busca es anular a un poder que es el que esta llamado a poner un freno a los avances constantes del Poder Ejecutivo sobre las libertades individuales.

Pero no importa, quiere democratizar al Poder Judicial, hágalo, sancione inmediatamente una ley que ponga en funcionamiento el juicio por jurados, formato que la Constitución Nacional exige desde 1853 y ningún gobierno ha implementado. Quiere democratizar el Poder Judicial cree con fuerza de ley la designaciones de fiscales especiales para el fuero criminal federal, como hizo los Estados Unidos cuando debió enfrentar Watergate y Nixon presiono al Procurador General, sino al menos deje trabajar a los fiscales actuales, en lugar de crearle estructuras paralelas para vaciarlos de poder como se esta por hacer con el Fiscal Pleé en la causa Ciccone.

Señora presidenta, parecemos, pero no somos, entendemos lo que esta pasando.

SITUACIÓN PROCESAL DEL CASO CLARÍN EN LAS VISPERAS NAVIDEÑAS Y DEL 27D

El día lunes por la mañana los abogados del Grupo Clarín contestaron el recurso extraordinario deducido por el Estado Nacional contra la sentencia de la Sala I de la CNACyCF. El expediente ya ha sido elevado a la CSJN y está a estudio.

A su vez, el Estado Nacional apeló por Per Saltum la sentencia de primera instancia del juez Alfonso, aparentemente el rechazo de la defensa de falta de legitimación y las costas parciales por ese vencimiento serían los agravios, no llego comprender cual sería la gravedad institucional del caso, pero eso es lo que circula por los bares tribunalicios.

Para finalizar el cuadro procesal, esta pendiente de tratamiento por la CNACyCF la apelación ordinaria deducida por el Grupo Clarín respecto de la sentencia del juez Alfonso que fue concedida con efectos suspensivos, es decir, que otorgarse la apelación surte un efecto similar al de la cautelar, aunque no hay que confundir esta consecuencia con la cautelar misma, ya que esa medida ha perdido vigencia como tal según la propia sentencia.

Por lo tanto la CSJN llega a la noche buena con dos recursos federales –extraordinario y per saltum- deducidos en la misma causa, pero sobre cuestiones de dudoso tratamiento y éxito en la CSJN. Seguramente no habrá respuestas del Tribunal hasta la semana próxima, ya que último acuerdo del año será el jueves 27, fecha en la que el Poder Ejecutivo pretende que se ponga punto final a esta historia.

La pregunta del millón es cuantas posibilidades de prosperar tienen estas apelaciones.

Según se comentaba el día de hoy, la CSJN podría deshacerse del recurso extraordinario por haberse vuelto abstracto el objeto del recurso, ya que al dictarse la sentencia de primera instancia se cumplió con lo ordenado por la CSJN en la sentencia del 27/11/2012 y el juez dejo sin efecto la medida cautelar, por lo que no existiría nada que resolver.

En cuanto al Per Saltum, parecería no existir agravio concreto que pueda invocar el Estado Nacional. La sentencia de Alfonso, si bien rechazó la defensa de falta de legitimación que había opuesto el Estado Nacional fue beneficiosa para este, ya que ese rechazó fue el que habilitó al juez a declarar la validez constitucional de la Ley de Medios para el caso. Tal circunstancia determinaría la falta de gravamen que habilite la instancia de revisión de la Corte Suprema y sellaría la suerte adversa del Per Saltum.

Un argumento adicional para el fracaso del Per Saltum es que el Grupo Clarín ha habilitado la instancia de revisión ordinaria con el recurso de apelación que deberá resolver la CNACyCF, lo que significa que si la CSJN se avocara al tratamiento del Per Saltum sobre el fondo de la cuestión, estaría desplazando a los jueces naturales de la causa, y dando lugar una violación a las garantías procesales de la Constitución Nacional, algo que los jueces de la CSJN.

Al Poder Ejecutivo sólo le resta esperar a que la CNACyCF se pronuncie y recién ahí ver que hace, ya que si la Cámara confirma la sentencia de Alfonso, será el Grupo Clarín quién llevara la cuestión hasta la CSJN por vía extraordinaria y si, por el contrario la sentencia fuera revocada, será el PEN quién deberá deducir el recurso extraordinario.  En ese exacto momento procesal, parecería que la CSJN ya no tendría argumentos formales para retrasar su pronunciamiento.

Agotadas todas estas instancias y recursos se abrirá la instancia internacional y la batalla por la Ley de Medios seguramente se trasladará a la Corte Internacional de Derechos Humanos en Washington, ya que existen múltiples normas de derecho internacional que se pondrán en juego.

Dr. Damian Cassino, abogado del Grupo Clarín

Por último, queda el pleito adicional de FIBERTEL, al que los medios no le prestan demasiada atención pero que viene a complicar el cuadro, ya que en esa causa el juez federal Torti ha dictado una medida cautelar de no innovar que obliga al PEN a abstenerse de tomar decisiones que pongan en peligro el normal servicio de Internet, por eso el abogado Damián Cadsino de Clarín la primera declaración que hizo a la prensa cuando irrumpió Sabbatella en Clarín el lunes pasado fue que peligraba el servicio de Internet.