SEÑORA: AUN SOMOS UNA REPUBLICA

Cristina Fernández de Kirchner
en versión de la actriz Fatima Flores

Una vez más la señora Cristina Fernández cargo contra los jueces y afirmó que cuando dictan sentencias en contra del Estado lo único que logran es perjudicar a los sectores más débiles, porque al debilitar al Estado, éste no puede mantener o cumplir con los subsidios.

La verdad que nunca preste mayor atención a ese rumor que dice que la Dra. Cristina Fernández no sería abogada, que su título habría sido fraguado, no importa; lo que esta clarísimo es que abogada o no, nunca curso Derecho Constitucional, por esa razón el origen de la burrada de dicha afirmación.

Un dato más que no es menor es que el desconocimiento constitucional de dicha afirmación, sea adrede o por ignorancia, encierra un concepto político que pone en el llano la lucha entre los derechos individuales y el colectivismo que pretende imponer este gobierno. Esta claro que existe una voluntad política de instalar esta contradicción entre el derecho del ciudadano y el derecho del colectivo, lo que en definitiva conduce a un conflicto entre clases, una lucha de clases.

En una Republica el gobierno se divide en tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de ellos tiene una función, que se denomina competencia, que es exclusiva y, en principio, no se superpone con las competencias de los otros dos poderes. Así, en un sentido lato, el poder ejecutivo administra, el legislativo legisla, hace leyes, y el judicial administra justicia y cuida que se mantenga la superioridad de la Constitución Nacional cuando existe un conflicto entre alguna ley o acto del poder ejecutivo y ella.

Ahora bien, dentro de este esquema, el Poder Judicial tiene una Corte Suprema de Justicia que ha sido establecida por la Constitución Nacional y que es el tribunal más importante de la Republica y tribunales inferiores a esa Corte Suprema que son creados por el Congreso.

Otra característica de nuestro Poder Judicial es que todos los jueces, sean federales, nacionales o provinciales, pueden resolver que una ley o un decreto u otro acto del poder ejecutivo es inconstitucional porque entra en conflicto con la Constitución Nacional. Esto se llama “control de constitucionalidad difuso” y su objeto es preservar la “supremacía” de la Constitución Nacional, norma jurídica a la que deben adecuarse todas las conductas de los poderes de la Republica.

Por esta razón, cuando un ciudadano, ser individual, advierte, por citar un ejemplo actual, que la prohibición de comprar dólares afecta los derechos que le reconocen los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, entre otros, tiene derecho a plantear una acción de amparo para que una sentencia judicial le restituya esos derechos que han sido vulnerados por un “acto del poder ejecutivo” mediante una resolución administrativa de la AFIP que le ha denegado autorización para comprar esa divisa.

Frente a dicho planteo, el juez que decida el caso, que en esas circunstancia representa a todo el poder judicial y al mecanismo que la propia Constitución Nacional creó para asegurar que no se violen los derechos que ella reconoce, sólo debería resolver de una manera, esto es a favor de la vigencia de los derechos que garantiza la Constitución Nacional.

El ciudadano después verá que hace, resolverá si los compra o no, pero lo importante, lo trascendente es que su derecho al uso y goce de su propiedad, entre los que se encuentra la posibilidad de comprar dólares, le ha sido restituido, la supremacía de la Constitución Nacional esta a salvo.

Cada vez que la señora Fernández de Kirchner carga, en abstracto, contra los jueces que cumplen con el deber que les impone la Constitución Nacional de proteger la supremacía de los derechos individuales, respecto de las violaciones que comete el Poder Ejecutivo contra esos derechos, esta hablando en contra de la Constitución Nacional. 

Nada importa que la violación de esos derechos haya sido motivada en beneficio del “colectivo”, porque las garantías y derechos que reconoce la Constitución Nacional lo han sido a los ciudadanos de manera individual.