JUECES FOR EVER

El caso “Margarita Verón”, con todo lo que implica, esta siendo utilizado inescrupulosamente para un doble propósito, por un lado dar forma a una nueva ofensiva contra el Poder Judicial y, por otro, vehículo, si es que sirve, para que la democratización de la justicia se haga a través de una reforma constitucional. Así de complejos son los pasos que llevarán a la re reelección.

Lo cierto es que la utilización de un caso terrible no es más que una expresión del más bajo oportunismo político que, además de bastardear a toda la sociedad, denota la hipocresía sin límites que alimenta el enfermizo ego presidencial.

Nuestro sistema constitucional, similar al de los Estados Unidos, se estructura sobre tres poderes independientes. Ninguno de estos es superior al otro, cada uno atiende a una función de gobierno diferente y el funcionamiento conjunto y armónico de ellos garantiza la gobernabilidad de la Nación. Para ello, la Constitución Nacional trata de manera distinta a cada poder y otorga prerrogativas especiales a cada uno de ellos en función de la competencia que les asigna. Esto es lo que comúnmente se denomina sistema de pesos y contrapesos, directa o indirectamente existen controles recíprocos.

En el caso del Poder Judicial, la Constitución Nacional les reconoció a los jueces dos derechos que entendió fundamentales para garantizar su independencia de cualquier interés, la inamovilidad  en el cargo de magistrado mientras dure su buena conducta y la intangibilidad de sus sueldos.

Con la inamovilidad el constituyente busco que el juez tuviera la tranquilidad de espíritu suficiente para dedicarse a sus funciones sin estar preocupado por las consecuencias políticas de sus decisiones con relación a su estabilidad como magistrado federal o nacional. Cada vez que un juez dicta una sentencia hay una parte que gana y otra que pierde, y si la que pierde es el gobierno de turno podría estar tentado de prescindir de ese magistrado para evitar futuras derrotas, allí es donde funciona la inamovilidad. El juez sabe que no se lo podrá remover por sus sentencias en tanto estén ajustadas a derecho y sean razonables.

Ahora bien, si el magistrado comete un delito o se encuentra sujeto a vicios que ponen en juego su idoneidad por una conducta indecorosa que no se ajusta a la responsabilidad que demanda el cargo que ejerce, puede ser removido de acuerdo al procedimiento previsto por la Constitución Nacional, que para jueces de primera instancia y cámara se efectúa a través de un proceso de enjuiciamiento que lleva adelante el Consejo de la Magistratura y para los Ministros de la Corte Suprema mediante un juicio político que se desarrolla ante el Congreso.

La intangibilidad de los sueldos de los jueces presenta diferentes facetas interpretativas. Para muchos y es la interpretación vigente los emolumentos que perciben los magistrados quedan fuera de cualquier afectación tributaria, por esa razón no sufren descuentos por el impuesto a las ganancias, sin embargo nada impide que a los jueces se les cobre el impuesto a los bienes personales, ya que dicho tributo no se aplica en razón del haber que percibe, sino por los bienes que posee. De la misma manera que si el magistrado posee propiedades que devengan algún rédito, como esas ganancias tiene un origen diferente al sueldo que percibe como juez, no se encuentran alcanzadas por la intangibilidad y están sujetas al impuesto a las ganancias.

Otra interpretación propugna que la intangibilidad sólo protege al magistrado de que se dispongan reducciones particulares y arbitrarias de manera personal, es decir, a un juez en particular; como no me gustan los fallos de tal juez le voy a bajarle el sueldo para disciplinarlo o como tal cámara me beneficia con sus sentencias sólo se lo aumentaré a esos jueces. A partir de esta interpretación el impuesto a las ganancias, en tanto se trata de un tributo que se aplica de manera generalizada y bajo pautas objetivas a la totalidad de la población, debería ser pagado también por los jueces.

La tercera cuestión que se vincula con el Poder Judicial es la manera en que se designan los jueces. En este tema la reforma constitucional del año 1994 creó el Consejo de la Magistratura y le otorgó las funciones de selección de los jueces. Dicho organismo después de un concurso publico que contempla diversas etapas, selecciona una terna -3- candidatos por cargo a cubrir y eleva esa selección al Poder Ejecutivo que tiene la facultad de elegir a uno de esos candidatos y remitir la designación al Senado de la Nación para que le otorgue el acuerdo que requiere la Constitución. Una vez que el magistrado presta juramento, perfecciona su designación y adquiere los derechos de inmovilidad e intangibilidad.

Cabe destacar el Consejo de la Magistratura se compone con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, de los abogados, jueces y un académico, en esta composición, desde la reforma promovida por la Senadora Cristina Fernández de Kirchner cuando su marido era Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo tiene mayoría.

La verdad sea dicha, hoy después del escándalo y frustración provocada por el veredicto de inocencia dictado en la causa “Marita Verón” la presidente cubrió 10 cargos de jueces laborales, sin embargo existe un centenar de concursos terminados con jueces ternados pisados por el Poder Ejecutivo que retrasa sus nombramientos y especula con el régimen de subrogancias, algo muy parecido a lo que hizo el agonizante Chávez en Venezuela.

Juez Federal Norberto Oyarbide

Por ello, deben hacerse dos aclaraciones. Primera, cuando en sus discursos hipócritas y oportunistas Cristina Kirchner se rasga las vestiduras por la situación del Poder Judicial en nuestro país, no hace más que mentir para lograr meter una nueva cuña en un Poder Judicial que en su mayoría se mantiene independiente  e insistir en su captación, de paso si con ello se logra arrimar el bochín a la reforma constitucional mejor. Segundo, existen centenares de jueces y sólo una decena de jueces federales en materia penal –Oyarbide & Asoc.-, lamentablemente la imagen que la ciudadanía tiene del Poder Judicial es la que dan los Oyarbides, sin embargo la gran mayoría son magistrados probos, de perfiles muy bajos, docentes universitarios, que se han iniciado de muy jóvenes en el Poder Judicial y ciertamente ajenos a estos manejos políticos.

Señora Presidente, no nos mienta más, ni nos trate de estúpidos. Una última observación, que lastima que no aprovecho la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para agregar al tratamiento del proyecto sobre trata de blancas, el de derecho a la información, así aunque sea nos enterábamos de las cosas que le regalan y se ocupa muy bien de esconder, no vaya a ser que encontremos una segunda Ferrari!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La Justicia Desnuda representa la debilidad de un Poder al que los políticos temen cuando cobra prestigio y al que atacan cuando presenta debilidades.