NOVEDADES DESDE EL FRENTE CORTESANO

En el día de hoy se ha conocido una resolución adicional al pronunciamiento dictado por la Corte Suprema el pasado martes 27, respecto del recurso de queja por retardo o denegación de justicia que presentara el Grupo Clarín. En esta nueva resolución, aunque data del mismo acuerdo de Ministros, el Tribunal rechaza, por cuestiones formales, la solicitud de prórroga de la fecha en la que finalizara la protección cautelar brindada respecto del plazo de desinversión previsto por el artículo 161 de la Ley de Medios, el renombrado 7D.

¿Cuál es la trascendencia de esta resolución?. En primer lugar, la Corte rechaza la solicitud de prórroga sobre la base de aspectos formales, por lo que al no haberse pronunciado acerca de la existencia de razones de hecho y derecho que justifiquen prolongar o denegar dicha protección, no esta sujeta a ninguna inhibición para hacerlo con posterioridad, si por las circunstancias del caso lo estima procedente. En rigor, el 7D puede aun ser prorrogado.

La Corte para desestimar dicha solicitud ha señalado que el planteo estaría pendiente de resolución ante la Cámara Civil y Comercial Federal, la que aún no lo habría tratado en razón del proceso de devastación a que se vio sometido dicho fuero por parte del Poder Ejecutivo, que no escatimo esfuerzos por deshacerse de numerosos camaristas que presuntamente le serían adversos a sus apetencias. Tal circunstancia determina que la solicitud no corresponda ni a la competencia apelada ni a la competencia originaria de la Corte, por lo que no pueda ser tratada.

Después del Fallo del martes 27 pasado, en que el Tribunal dispuso que la Sala I del fuero Civil y Comercial Federal sea integrada con los jueces subrogantes del fuero Contencioso Administrativo, Moran y Duffy, que acompañaran a la jueza Susana Najurieta, magistrada intachable y de una dilatada carrera judicial, para resolver la recusación que pende sobre el juez De Las Carreras, habrá que esperar para ver que derrotero sigue la resolución de la cautelar en esa instancia.

Lo que interesa, en todo caso, es que la Corte ha ejercido una sana presión sobre los jueces de esas instancias y ha hecho valer su autoridad sobre las partes intervinientes en el pleito, a fin de que la cuestión de fondo sea resuelta de manera inmediata, lo que en términos judiciales significa con cierta rapidez, al tiempo que ha puesto en la picota al Estado Nacional al instruir al juez de primera instancia que debe ser riguroso en la ponderación de las eventuales incidencias que planteen las partes que puedan redundar en un retraso de la solución.  Como todos saben, el Poder Ejecutivo hace meses que obstaculiza de cualquier manera posible la posibilidad de dictar sentencia en este tema, conducta que lo ubica directamente en la situación procesal prevista por el considerando 11º) del fallo de la Corte del 22 de mayo de este año, por el cual fijo el 7D como fecha límite de la protección cautelar.

En síntesis, la Corte ha preservado la posibilidad de prorrogar la fecha de la protección cautelar una vez que la Cámara haya resuelto eventuales planteos en ese sentido, se ha limitado en esta solicitud por cuestiones formales, pero ello no le impide hacerlo más adelante.

Por otro lado, todo parecería conjugarse en contra de las aspiraciones del rozagante Super Sabbatella, el regente de la AFSCA, quien el 7D deberá conformarse con imaginar como hubiera sido el asalto a las oficinas del Grupo Clarín, ya que cualquier acción de ese tipo en estas circunstancias procesales lo único que lograría sería perjudicar la posición del Poder Ejecutivo que parece debilitarse a medida que pasan los días y poner en marcha una nueva protesta masiva como la del pasado #8N.

No todo esta dicho en este pleito y seguramente habrá numerosas novedades. En síntesis, como decía Heinrich Heine en su obra “Los Espíritus Elementales”, “no todo lo que esta enterrado, esta muerto en Westfalia”.

SENTENCIA YA!!!!!!!!!!!!!!

Como anticipamos en la nota anterior la Corte Suprema no se pronunció sobre el fondo del juicio y pateó la pelota fuera del área con un Falló que para algunos beneficia claramente al gobierno y para otros a Clarín, sin embargo parecería que lo único que logro es dar aire a la Corte misma para reagruparse y ver que pasa.

Lo cierto es que el Tribunal se deshizo de la queja por denegación de justicia presentada por el Grupo Clarín intimando al juez de primera instancia del fuero Civil y Comercial Federal que dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión en debate.

El magistrado que deberá resolver la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios audiovisuales es el juez subrogante Horacio Alfonso, que fue designado después de que el poder ejecutivo literalmente se cargó a los jueces Torti y Tettamantti. A su vez, le dio un espaldarazo a Alfonso para que resuelva restrictivamente cualquier incidencia que generen las partes, vale decir, que desestime cualquier petición que tienda a prolongar indebidamente el proceso.

Alfonso ha denunciado que ha sido objeto de presiones, bueno sería saber de quien ya que si durante una semana tuvo un auto frente a su casa suena, al menos raro, que no haya hecho una denuncia policial o tomado los números de patente, también me pregunto como es que sabe que le tomaron fotos a sus hijos ¿se las mostraron?, ¿cómo, de qué manera?, todo muy raro y justo después de que la Corte le dijo que se deje de perder tiempo y resuelva la causa.

Mientras Alfonso deberá cumplir con su destino, le guste o no, la Cámara Civil y Comercial Federal que fue diezmada, directa o indirectamente por el ministro Alak, deberá integrarse con camaristas subrogantes del fuero Contencioso Administrativo Federal, para decidir si es viable la recusación del juez Francisco De Las Carreras. Esta última cámara de apelaciones donde es juez el hermano del principal operador político del kirchnerismo en la justicia, Javier Fernández, las suspicacias corren por cuenta de los lectores. Lo interesante de esta decisión es que la CS prescindió del listado de empleados del poder ejecutivo que había sido aprobado por el decreto 2039/2012 como conjueces de la Cámara Civil y Comercial Federal, parece que decidió lavar los trapos sucios en casa, para que traer gente de afuera.

Por último, para que no quepan dudas, la Corte dispuso la “habilitación de días y horas” hasta llegar al dictado de la sentencia definitiva, es decir, ordenó que se trabajen las 24 horas del día y de la noche, al decir del extinto Herminio Iglesias.

Pese a que la decisión beneficio claramente la posición del gobierno, permite ensayar otras conclusiones.

Primero: la Corte firmó por unanimidad esta decisión, lo que implica una señal muy fuerte respecto de que decisiones extremas la Corte esta dispuesta a preservar su poder y salir al cruce como un bloque sin fisuras, una decisión dividida, con disidencias o abstenciones hubieran sido un signo de debilidad.

Segundo: si para la fecha indicada 7D no se definió el fondo de la cuestión en primera instancia, se estaría frente a un caso de denegación de justicia, lo que permitiría deducir una nueva queja por denegación de justicia si nos atenemos a lo expresado en el primer párrafo de la decisión o mejor aun prolongar la cautelar hasta tanto se decida el fondo. En este último caso el Juez Alfonso tendrá varios motivos para preocuparse. 

Sabatella por THEMES

Este aspecto creo beneficia al Grupo Clarín ya que si el rozagante Sabatella decidiera recurrir a las vías de hecho la Corte podría considerar que se esta obstaculizando la decisión de fondo y aplicarle… un gancho.

Tercero: la Corte se cargo al Consejo de la Magistratura que pretendía retrasar el sorteo de los jueces subrogantes a la Cámara Civil y anoche se resolvió la cuestión. A última hora de ayer fueron sorteados los jueces Marcelo Duffy y Jorge Morán que integraran la sala donde había quedado sola la juez Najurieta, los destinos de la justicia ha reunido a tres ex secretarios de la Corte Suprema en la misma sala.

Fuera de los aspectos jurídicos reseñados, resulta increíble la conducta asumida por el Grupo Clarín en estos últimos días.

La denuncia de los periodistas oficialistas resulta objetable en todo sentido, más allá de la sarta de inexactitudes y arbitrariedades a que nos tiene acostumbrados el programa 678 y sus integrantes, lo cierto es que tienen todo el derecho de decir lo que les plazca, y nosotros a cambiar de canal, justamente el mismo derecho que Clarín dice que se vulneraría de aplicarsele la ley de medios. La libertad de prensa y de expresión es una sola y no repara en ideas ni personas. La actitud de Clarín en ese aspecto es tan detestable como las denuncias que se han efectuado sobre periodistas de La Nación y otros medios por parte del Gobierno.

El segundo error del Grupo Clarín ha sido enviar más de un centenar de vehículos de la empresa Cable Visión a las inmediaciones del Palacio de Justicia y cortar el transito de la calle Talcahuano. En primer lugar, con esa actitud utilizó indebida e ilegítimamente el esfuerzo de varios ciudadanos independientes que se habían trasladado hasta Plaza Lavalle en respuesta a una convocatoria organizada desde las redes sociales durante el fin de semana. Por otro lado, descubre un pobre entendimiento del sistema judicial, ya que la presión ejercida de esa manera debe haber tenido por único resultado el desagrado de los Ministros de la Corte y por último desnuda una errónea concepción del alcance de las obligaciones de los trabajadores, ya que resulta denigrante que se los haya utilizado para una protesta vinculada a intereses empresarios ajenos a las obligaciones de los trabajadores.

Clarín debe entender que los grupos de las redes sociales que convocaron a Plaza Lavalle para este martes no lo hicieron para defender los intereses de ese grupo, de cuya pureza y virtudes existen tantas dudas como de la existencia de Batman y Robin. La convocatoria fue en defensa de la libertad de expresión y en contra del control estatal sobre la principal red de internet del país, Fibertel, poder que le otorgara a un gobierno decididamente autoritario la facultad de controlar el tráfico de las redes sociales y la privacidad de los usuarios de Internet en el país.

En esta batalla Clarín ha tenido la suerte de representar, con dudosos meritos, valores constitucionales básicos y su peor error táctico sería creerse que realmente representa esos valores.

LA HORA DE LA CORTE SUPREMA

La Justicia una dama sin poder en la Argentina

Se recalienta al máximo la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Las presiones del kirchnerismo alcanzan niveles vergonzosos, que rayan en un neo golpismo al pretender anular la independencia de los jueces federales.

Si la realidad fuera una novela se podría titular “La semana que el kirchnerismo rifó un juicio político y busco una Corte Suprema que lo comprara”.

Entre esas presiones se sancionó el Per Saltum, pero aún no se promulga. El Gobierno espera, amenaza y acecha.

Se comenta que si no se rechaza el recurso de queja por denegación de justicia deducido por el Grupo Clarín o si se resuelve positivamente, dando mayor tiempo a la protección cautelar, la ley de Per Saltum sería promulgada y el Poder Ejecutivo presionaría para que se resuelva el fondo de la cuestión de manera inmediata en la Corte Suprema.

Sin embargo la Corte no puede resolver el fondo del debate, no puede pronunciarse ni a favor o ni contra de la constitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios y si lo hiciera su decisión sería nula, abriendo el camino a tres consecuencias, una cuantiosa indemnización al Grupo Clarín, la posibilidad concreta de acudir a las instancias internacionales y el inmediato pedido de juicio político de los jueces que firmaran ese Fallo.

Porqué? Pues es muy fácil. La ley de Per Saltum debe utilizarse conjugada con los limites de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia que esta enunciada en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Esa competencia originaria, por ser de origen constitucional, no puede ser ampliada ni restringida por leyes del Congreso, ni por decretos de necesidad y urgencia ni por decisiones que oblicuamente conduzcan a que la sentencia de la Corte sea la primera que se dicte sobre esa cuestión que no pertenece al limitado grupo de temas previstos en los artículos 116 y 117. Para lo temas que no pertenecen a la competencia originaria y exclusiva de la Corte, su intervención siempre requiere la existencia de una sentencia previa, siempre es una competencia apelada, no hay manera constitucional de eludir este limite.

La República, fuera del "Relato"

En el caso del Grupo Clarín lo único que se ha dictado, apelado y resuelto por la Corte Suprema ha sido una medida cautelar. Hasta la fecha no ha habido decisión de primera instancia sobre el fondo de la cuestión, es decir, la validez de los artículos 45 y 161. Si la Corte declarará la inconstitucionalidad de uno de esos artículos al resolver la apelación de la medida cautelar o si se pretendiera que resuelva el fondo de la cuestión mediante la deducción de un Per Saltum, la Corte Suprema estaría avanzando sobre una cuestión para la que no tiene competencia.

Por esta razón, esta semana, el camino del caso en los senderos de la Corte Suprema es muy estrecho, esta limitado por las cuestiones que resolvió en la Cámara. La Corte sólo puede ampliar el plazo de la cautelar o dejarla morir al cumplirse la fecha que le fijo, no existen más posibilidades, aunque al poder ejecutivo y su vocación autoritaria esta realidad le cause otro trauma de ansiedad.

Lo que claramente no es sano para la democracia es que el poder ejecutivo se ensañe con el poder judicial hasta destruir uno de sus fueros federales para imponer su voluntad. Esas deformaciones mentales quizás sean las que llevan a que el gobierno no logre desarrollar una política exterior coherente y sea constantemente humillado por países como Ghana o jueces como Griesa, para quienes el concepto República y división e independencia de los poderes no son frases vacías, como lo es el “relato”, sino principios rectores de una forma de gobierno y filosofía de vida.

Mientras tanto, para mañana martes 27, entre las 9 y 11hs, se ha convocado a una marcha frente al Palacio de Justicia en apoyo a la independencia del Poder Judicial, horas en que la Corte Suprema celebra su tradicional acuerdo de ministros. 

Libertad y Justicia, no existe una sin la otra

DENUNCIA Y PARTICIPACION

Una de las consignas convocantes del #8N, su difícil comprensión ha impedido que el gobierno kirchnerista la entienda

El domingo pasado después de ver el programa de Jorge Lanata -PPT-, y más allá de lo escandaloso que resulta el informe sobre ciertos jueces federales, sus propiedades, costumbres y vinculaciones, cruce comentarios con una reconocida forista de Facebook sobre la necesidad de efectuar denuncias.

Muchos argentinos, abatidos por la crisis de corrupción que como una marea negra avanza sobre la Nación, nos replegamos a la espera de soluciones mágicas o que, al menos, las traiga otro. No tomamos conciencia que esperar la aparición de un lider de signo contrario puede implicar cambiar de amo, cuando la solución no son los lideres, sino la República.

Quizás esa haya sido la génesis de nuestros males, el replegarnos, el limitarnos a protestar con el vecino y esperar, la falta de compromiso republicano. Hace 200 Alexis de Tocqueville decía que la gran debilidad del régimen democrático en la nuevas repúblicas americanas, con especial referencia a los EEUU, era la indiferencia de los ciudadanos, creo que en parte hemos revertido esa indiferencia y que los masivos 13S, #8N y #20N, dan cuenta de un cambio sustancial de la sociedad, sin distinción de clases.

En el intercambio de posts, ambos llegamos a la conclusión que es esencial denunciar constantemente estos hechos, deben quedar registrados en el sistema judicial o administrativo, aun cuando sepamos que esas denuncias están destinadas al fracaso.

La Justicia, una esperanza, un clamor...

Dentro de pocos años, cuando alguien se pregunte como fue posible que en la Argentina después de haber pasado por el gobierno militar de la década de los ’80, la sociedad cayera nuevamente en la trampa de una neo dictadura pseudo democrática, la existencia de esas denuncias sobre corrupción o violaciones a derechos humanos serán de muchísimo valor.

Las denuncias masivas provocarán efectos impensados en los funcionarios destinados a resolverlas, más allá del problema logístico que generarán que es una muy buena forma de protestar, además de ser plenamente constitucional, crearán la consciencia necesaria de que existe una verdadera disconformidad con los Magistrados, Funcionarios o hechos denunciados.

Los órganos receptores de dichas denuncias podrán descartar arbitrariamente un gran número de ellas, pero en algún momento deberán resolverlas con mayores argumentos, en algún momento deberán tratar la cuestión de fondo.

El carácter testimonial de las protestas no debe ser desdeñado y la sanción moral, pública y permanente de la sociedad debe ser utilizada como un arma. No debemos permitir que quienes sabemos son corruptos compartan nuestros mismos lugares de esparcimiento, clubes, colegios de nuestros hijos. Seguramente se podrán robar millones y quizás zafar de una condena, pero deben  entender que sabemos como hicieron su fortuna y que estamos allí, vigilantes, para en todo momento recordarles su corrupción.

Quisiera saber cuantos pedidos de informes sobre uno de los jueces nombrados por Lanata se han hecho o si algún diputado de la oposición ha formulado algún pedido de juicio político sobre dicho magistrado.

Creo que ha llegado el momento de que seamos los ciudadanos quienes tomemos el poder que nos otorga la Constitución Nacional en nuestras manos y presentemos espontáneamente estas denuncias, quizás exista algún abogado voluntario que redacte una denuncia tipo que pueda ser bajada de Internet, subscripta y presentada por cualquier ciudadano.

Ejerzamos nuestros derechos, no nos dejemos llevar puestos cuando pretendan venir por todo.

*en estos días subiré como pagina especial de este blog un documento relacionado con el Consejo de la Magistratura y la manera en que funciona la Comisión de Acusación y las formas de efectuar denuncias ante ese órgano. 

#8N + #20N

ADICCION O VIRTUD, LA DISYUNTIVA DE HIERRO.

El Per Saltum se ha convertido en ley del Congreso. La necesidad política circunstancial se impuso sobre la cordura y el sentido común. Una vez más la mayor parte de nuestros legisladores han decidido sacrificar la independencia de los poderes por intereses políticos circunstanciales y lo han reconocido expresamente, el pudor ha muerto en la Argentina.

Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora ha llegado el momento de la Corte Suprema. El oficialismo, acostumbrado a ser juez y parte y a legislar en beneficio de sus necesidades en lugar del bien común, se ha asegurado saltear a la Cámara Civil y Comercial Federal para llevar directo a los estrados del Tribunal Constitucional su batalla final por el control de los medios de comunicación.

La libertad de expresión corre peligro. No es una novedad. Detrás del desguase de un grupo económico cuya suerte poco importa se esconde el control de Internet y de la forma más moderna y revolucionaria de preservar la libertad, entonces, ya no es la prensa libre la que esta en peligro, sino todo tipo de libertad de expresión, incluso la coloquial o la artistica.

Sabatella y Cherei, dos conversos al kirchnerismo.

Lo han anticipado esta semana. El kirchnerismo siempre avisa y lo dijeron desde la AFSCA, van a controlar contenidos, poco importa que ahora lo nieguen, los hombres somos amos de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras.

La gran pregunta es si la Corte Suprema tendrá el valor de estar a la altura de las circunstancias. Si tendrá la valentía de asumir su rol institucional de último intérprete de la Constitución Nacional y guardián de los derechos y garantías de los argentinos, coo ella misma se ha definido en sus decisiones, ¿pondrá un freno al avance de un régimen que amenaza con asfixiar a los argentinos como nadie lo ha hecho con anterioridad? Quiero tener fe, la verdad me cuesta, pero no pierdo las esperanzas.

Anestesiados con el relato de la dictadura y los derechos humanos violados en la década de los ’80, nos han hecho creer que la violencia es una necesidad sine qua non de los regimenes autoritarios, pero no es así.

Este gobierno que se llena la boca con la palabra democracia, no acepta divergencias, cualquier crítica es automáticamente estigmatizada como desestabilizante, ultra conservadora y derechosa; cualquier manifestación de independencia del poder judicial es perseguida hasta su anulación.

La verdad es que son pocos los jueces que están preparados para resistir los embates y las bajezas a que están acostumbrados muchos políticos, salvo excepciones por todos conocidas que comparten esos caracteres, los magistrados cultivan otro perfil.

Esa diferencia esta presente en las renuncias de Torti, Tettamanti, Farrell y Kiernan, esta latente en la licencia de Recondo o en la dignidad de la jueza Sarmiento.

En este esquema, la oposición no logra reaccionar del aturdimiento que le ha producido la fuerza destructiva del kirchnerismo y se presenta ineficaz para establecer un freno a la destrucción de las instituciones republicanas. La oposición aun esta dominada por los egos personales, no toman consciencia de la necesidad de trabajar sobre los denominadores comunes, sobre la preservación de la república como ultima frontera a esta especie de neodictadura latinioamericana.

La mejor síntesis de la realidad que nos toca vivir la he oído de boca de la denostada Elisa Carrió cuando afirmó que la “...democracia sin República es Facismo, porque es la imposición de la voluntad de la mayoría sobre las minorías”.

Es verdad, a la mayoría se le entrega el gobierno, es la regla de democracia, pero no puede hacer lo que quiera con ese poder, esta reglado, es limitado, eso es la república, fracciones, porciones de poder para que nadie tenga dominio sobre la vida y la fortuna de los argentinos, algo que hoy se ha perdido.

El gobierno argentino es un poder que peligrosamente se acerca a una posición que se encuentra al margen de la ley, esta recorriendo lo limites del artículo 29 de la Constitución Nacional.

Cuando la Corte Suprema resuelva el recurso de Per Saltum, que ya debe tener redactado el kirchnerismo, no estará resolviendo el caso del Grupo Clarín, estará resolviendo el futuro de las instituciones en la Argentina, resolverá si seremos libres o estaremos atados al relato, resolverá si realmente es un poder independiente y el último garante de la Constitución Nacional o un mero cuerpo colegiado de narradores, sin más trascendencia que la de legitimar las ambiciones desmedidas de un poder arrollador, omnímodo que nada respeta.

Mientras tanto el pueblo espera que se defina su futuro, pero ese pueblo ahora es conciente de su fuerza, el #8N fue revelador, hay miles, millones de argentinos que pueden enojarse aun más y que están dispuestos a salir a la calle para evitar que se los lleven puestos cuando vengan por todo.

HOY SE DISCUTE EL PER SALTUM EN DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados.

Hoy la Cámara de diputados tratará el proyecto conocido como Ley de Per Saltum o, técnicamente denominado, Recurso Extraordinario por Salto de Instancia, que ya cuenta con media sanción de Senadores.

La ley permitirá que el Estado Nacional o un particular pueda deducir un recurso extraordinario contra una sentencia definitiva de primera instancia o contra una decisión interlocutoria, es decir, aquéllas que decretan medidas cautelares innovativas, que son las que desvelan al gobierno.

El proyecto es malo, tiene graves errores procesales que ponen en juego el derecho constitucional de defensa en juicio y el equilibrio procesal que debe primar entre las partes de un pleito judicial. Sólo mencionaremos como ejemplo que el plazo para la defensa es la mitad que el plazo para deducir el recurso y que se deja fuera a las causa penales.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Su motivación política es clara, se trata de preparar el desembarco en la Corte Suprema para la batalla final contra el Grupo Clarín.

Lo grave es que la cabecera de playa al Tribunal Constitucional de la Nación no se agotará con este juicio, quedará tendida para que el kirchnerismo someta a la Corte Suprema cualquier tema que considere de “notoria gravedad institucional”, es decir, todo lo que este relacionado con sus intereses políticos y de supervivencia. Porque para el kirchnerismo Gobierno y Estado son lo mismo, ellos son el Estado.

Parte de la oposición, hay que ver que hacen.

Será una excelente oportunidad para ver que diputado es consecuente con su discurso público, ese con que nos quieren enredar a los electores, ya que hay muchos legisladores como los del FAP que son cultores del doble discurso, ante los micrófonos aparecen como opositores y en la Cámara votan los proyectos del oficialismo, y otros, como últimamente ha hecho el PRO que si bien no votan los proyectos, colaboran con el quórum necesario para que se conviertan en ley.

Creado en la reforma constitucional del '94

La presión sobre la justicia una vez más será terrible. Al kirchnerismo no le ha bastado con destruir toda credibilidad sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo que aparece ante la sociedad devaluado e infectado de parcialidad kristinista, pese a la valiente y estoica resistencia de un grupo de magistrados. No alcanzó con rifar los fundamentos de la independencia judicial presionando a jueces, denunciando a camaristas y, en definitiva, poniendo en crisis las bases filosóficas del sistema republicano, la independencia de los poderes.

Ahora se cargará contra la Corte Suprema. Sin embargo, en esta necesidad táctica de evitar el paso por la Cámara Civil y Comercial Federal y minimizar los tiempos del proceso, surge una duda terrible, ¿Qué hace pensar al oficialismo que le ira mejor en la Corte que en segunda instancia?, ¿hay algo que no sabemos?, ¿existe un proceso de adicción judicial que desconocemos?.

Una vez más la República esta en crisis. Sin embargo, su sistema inmunológico es fuerte, eso quedo claro el #8N. Por eso, cuidado con lo que hacen, la sociedad, el pueblo esta mirando y su juicio es inapelable, para el no existe Per Saltum que valga.

¿JUICIO POLÍTICO?

El kirchnerismo ha instalado la idea de que cualquier acción destinada a destituir a la presidente de la Nación debe ser entendida como un golpe de Estado, esto es, un quiebre en la continuidad constitucional, un ataque a la democracia.

Se ha estigmatizado a la palabra destituyente, de la misma manera que se lo hizo con los términos represión y discriminación.

Esta idea responde a la necesidad de preservar de cualquier manera, incluso, por una interpretación distorsionada de la Constitución Nacional, el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El 54% obtenido en la reelección ha sido elevado a una especie de verdad revelada que legitima cualquier tipo de decisión, cubre cualquier error o justifica cualquier conducta. Es el mandato de la democracia, no tiene límite, ni marco, las restricciones son “destituyentes”.

Sin embargo, no es así. Existen mecanismos de naturaleza constitucional cuyo objeto es la destitución del Presidente de la Nación y de otros funcionarios, que lejos de poner en crisis a la democracia, han sido diseñados por el constituyente para preservar el sistema republicano y federal.

El plantar en la sociedad que la mera posibilidad de que el mandato presidencial finalice por adelantado refiere a un intento de golpe de estado, lo que pretende es de dirigir el razonamiento popular de que cualquier mecanismo que se inicie para destituir a Cristina Fernández deberá ser entendido como una destitución ilegitima e ilegal, aún cuando sea a través del mecanismo del juicio político previsto por la Constitución Nacional.

En esta línea de pensamiento se han enrolado las declaraciones de diferentes funcionarios del gobierno cuando expresan “leyes de la democracia” o “ley del congreso”, muletillas mal intencionadas para inducir a pensar que una ley dictada en un gobierno democrático no puede ser atacada ni declarada inconstitucional. Conozco varias personas, muchas preparadas pero ajenas al mundo del derecho que caen en estos errores.

Lo cierto es que cualquier ley puede ser declarada inconstitucional, haya sido sancionada por el Congreso arañando las mayorías necesarias para su existencia o aprobada por unanimidad, la constitucionalidad de una ley, además de depender de su origen, fundamentalmente depende de que se ajuste a la Constitución Nacional, sino fuera así no serían necesarios los jueces, únicas personas habilitadas para declarar la inconstitucionalidad de una ley.

Pero volviendo al tema del juicio político, siempre es bueno recordar que nuestra Constitución Nacional prevé en sus artículos 59 y 60 la institución del “juicio político” para destituir legalmente al Presidente de la Nación y los efectos del fallo que decida tal destitución. Cabe señalar que este modo de finalización del mandato presidencial es absolutamente legitimo, ya que esta previsto por la Constitución Nacional, justamente para evitar que el pueblo argentino se vea presa de un primer magistrado haya perdido la idoneidad que se exige para el desempeño de tan alta función.

No debe escandalizar a nadie opinar sobre estos temas que en definitiva están previstos por la Constitución como una manera de preservar el sistema republicano, ya que ninguna sociedad ni etapa histórica esta exenta de sufrir un gobierno cuyas acciones lo pongan claramente en contra de la Constitución Nacional o adopten decisiones reñidas con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución a los habitantes de este territorio.

Por esa única razón se puso el grito en el cielo cuando en Paraguay el Parlamento destituyó a Lugo, que estos paraguayos no den ideas, debe haber sido el pensamiento íntimo de más de un kirchnerista.

Una de las clasificaciones más antiguas de las causas que darían lugar al juicio político contra el Presidente de la Nación o los funcionarios pasibles de ese proceso, es la elaborada por Joaquín V. González en su canónico “Manual de la Constitución Argentina 1853/1860”. González distingue a: 1º el mal desempeño en el cargo, 2º el delito en el ejercicio de sus funciones y 3º los crímenes comunes. La sentencia que destituya al funcionario, sólo establecerá la responsabilidad política que conduce a la finalización del mandato y en el caso de haber cometido un delito o crimen deberá ser procesado según las leyes comunes como un ciudadano más.

No debe asustar a la sociedad hablar con la terminología correcta, pese a que el relato oficial pretenda modificar sus alcances para neutralizar procesos regulares, perfectamente validos y de origen constitucional. Gracias a nuestros constituyentes, las mayorías circunstanciales obtenidas en las urnas no permiten reemplazar a la Constitución Nacional por un “Modelo” relatado ni derogar los mecanismos por ella previstos.

Lógicamente, todo tiene consecuencias, promover un juicio político contra Cristina Fernández, y debo señalar que para muchos políticos y constitucionalistas sobran motivos, conduciría a que el joven Amado Boudou se convierta en presidente con guitarra y todo, cuando para él también sobrarían motivos de destitución por su presunta vinculación con la empresa Ciccone, y  si prosperara contra ambos se nos vendría encima la senadora Rojkes de Alpedovich.

Realmente el futuro se presenta nublado, casi tormentoso, sin embargo, siempre es bueno recordar que la Constitución Nacional en su eterna sabiduría ha previsto una salida para desembarazarse de este tipo de funcionarios sin caer en la trampa de la destitución de facto.

Yo, particularmente, espero que finalice su mandato para el 2015 estar seguro que nunca más ganará una elección.

No se trata de los trillizos traviesos, se trata de la sucesión presidencial para el caso de acefalía presidencial.

“ON NE TUE POINT LES IDÉES” DFS.

Las declaraciones de Nicolás Cherei (Nuevo Encuentro), Coordinador de la AFSCA –organismo de aplicación de la ley de medios audiovisuales- para el Conurbano Norte, son una clara muestra de lo que le espera a todo aquél que piense diferente en la sociedad argentina después del 7D y pretenda expresarlo.

El peligro que implica el control de contenidos de los medios de comunicación afecta de lleno nuestro estilo de vida y exhibe un manifiesto desprecio por la libertad de expresión, de pensamiento y de prensa sin censura previa.

Hasta la fecha la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido en las causas “Ponzetti de Balbín”, “Campillay” y “Costa” –por sólo citar las más relevantes-, con expresa mención de que se trataba de una interpretación constitucional, es decir tan válida para el ámbito penal como civil, los cánones a los que se encontraba sujeta la libertad de prensa sin censura previa y fijado el standard de la responsabilidad civil por eventuales daños que se derivaran de su ejercicio.

Empero, más allá de las eventuales condenas por daños y perjuicios, el Tribunal Constitucional siempre dejo en claro la importancia “institucional y estratégica” de ese derecho, ya que es la sociedad la que se nutre de las noticias para poder formar su juicio crítico y ejercer sus derechos políticos. La sociedad a través de los medios concreta su derecho a la información.

Por esa razón, también decidió que la libertad de expresión y de prensa protegía el derecho de empresa de esos medios y en diversas oportunidades condenó casos de censura indirecta como la distribución arbitraria de la pauta publicitaria del Estado.

Las declaraciones del novel funcionario kirchnerista, no se refieren a la defensa de la constitucionalidad de la ley de medios, sino que apunta directamente al contenido de las líneas editoriales de los medios de prensa en sus diversas manifestaciones. Está claro que lo que se pretenderá con tal política será neutralizar la crítica periodística al régimen que día a día se torna más opresivo.

De los dichos de Cherei parecería desprenderse que si las líneas editoriales de tres o cuatros medios diferentes, coinciden en sus contenidos de naturaleza política, existiría una presunción de que conforman un grupo de medios que debería ser desbaratado.

El régimen kristinista busca de esta manera una forma de anular la libertad de prensa, o al menos de reducirla a su mínima expresión.

Básicamente el mensaje de la AFSCA a los medios es “los vamos a controlar”, no permitiremos opiniones disidentes al régimen.

Si a los dichos de Cherei se suman las presunciones que existen sobre que el objetivo de derrotar a Clarín se centra en controlar Internet y de esta manera anular el poder de las redes sociales, el futuro de la libertad de pensamiento en la República Argentina se enfrenta a una etapa tormentosa.

El gobierno parece no tomar consciencia de la reciente protesta global realizada por los ciudadanos argentinos en el mundo y en la Argentina, en donde se movilizó cerca de 1.000.000 de personas, lo que permite presumir que son varios millones los descontentos.

Martín Sabatella y Nicolás Cherei comisarios políticos K.

A las declaraciones de Cherei, que es uno conversos del grupo Nuevo Encuentro que lidera el diputado Sabatella, ex dirigente de izquierda devenido en comisario político kirchnerista de la libertad de expresión, se suma la poco feliz decisión gubernamental de hacer públicos los registros de ciudadanos y empresas que fueron autorizados para comprar dólares.

En un país donde la seguridad ha sido literalmente desarticulada, el poder de la policía federal es nulo, el de las policías provinciales ampliamente cuestionado por sus concurrentes vinculaciones con el crimen organizado, con altos índices de delincuencia y una avanzada del narcotráfico debido a la ineficacia de las políticas migratorias llevadas adelante por la que algunos sectores de la oposición sindican como ex dirigente montonera en los setenta y ahora Ministra de Seguridad, Comandante Teresa, revelar esta información parece una invitación al delito.

Muchos argentinos se preguntan si la decisión será parte de las represalias tomadas por el poder ejecutivo contra la clase “mierda”, como es designada por los militantes kirchneristas, al haber participado mayoritariamente de la movilización del #8N.

Lo cierto es que hasta ahora ningún funcionario del gobierno parece haber recibido el mensaje de gran parte de la sociedad, sin distinción de clase, referido fundamentalmente a que se respeten las instituciones y se brinde seguridad a la población argentina. Esta incapacidad comienza a minar la unidad de los dirigentes peronistas, que animales políticos, no están dispuestos a pagar con sus votos una fiesta de la que no participan.

Nobleza obliga, si una virtud tiene el kirchnerismo es que siempre anuncia sus siguientes pasos, aprovechemos esta sinceridad de Nicolás Cherei para preparar la defensa de nuestras libertades básicas, en este caso, contra el pensamiento único y la delincuencia.

Multitudinaria protesta en el Obelisco del #8N. Ese día los argentinos si distinción de clase ni de ideologias políticas reclamaron al régimen Kirchnerista que respete a las minorias politicas, a la Constitución Nacional y que asegure la seguridad pública. El Gobierno, autista a los reclamos de los argentinos ha decidido minimizar la protesta y profundizar su ataque a la prensa libre.